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Anticorrupción pide anular los cargos de Alaya contra la Junta por una “red de clientelismo”

La fiscalía solicita archivar la pieza política de la formación, por la que se detuvo a 16 cargos

Dos miembros de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, la pasada primavera.
Dos miembros de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, la pasada primavera.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido esta mañana anular la acusación de la juez Mercedes Alaya contra la Junta de Andalucía por crear "una red de clientelismo político" a través de los cursos de formación que subvencionó, y por la que hace un año y medio detuvo a 16 ex altos cargos del Ejecutivo autonómico en la rama política del caso de los cursos de formación. Si en marzo de 2015 tres ex directores generales de la Junta y ocho delegados de Empleo fueron a calabozos esposados por la Guardia Civil, hoy están muy cerca de ser exculpados. Tras la petición de la fiscalía para archivar las actuaciones contra 26 investigados, la juez María Núñez, que ahora lleva el caso, cuyas tesis son opuestas a las de Alaya, acatará previsiblemente la solicitud del ministerio público. 

"No se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades", considera el fiscal en su escrito, en la antítesis de las graves acusaciones de Alaya. En la rama política de la formación están imputados 24 altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), incluido el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

El viraje del caso desde la fiscalía llega un año y medio después de la Operación Barrado dirigida por Alaya en una causa que ha significado un azote político desde el PP a la Junta en paralelo al caso ERE, aunque con menor intensidad. En marzo de 2015 la juez acusó a la Consejería de Empleo andaluza de impartir "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" de la formación, 2.896 millones entre 2002 y 2012.

Hoy el escenario es bien distinto. La juez Alaya ascendió a la Audiencia y su sustituta se alinea con la tesis exculpatoria de Anticorrupción. El fiscal censura el criterio de Alaya y de la Guardia Civil y considera que la fórmula empleada por la Junta para pagar a las empresas de formación, las denominadas exoneraciones, no constituyen delito. Las exoneraciones permitían a las empresas recibir nuevas subvenciones sin haber justificado las del año anterior, dada la falta de funcionarios para fiscalizarlas. "Podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contraria a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno. Responde a criterios interpretativos aceptables y razonados y conforme a la norma", zanja el fiscal Fernando Soto.

Anticorrupción matiza que la labor de justificación de las ayudas millonarias a la formación por parte de los altos cargos de la Junta "no puede ser tachada de manera global de negligente". Y añade: "Ni siquiera cabe en la vía penal un estudio globalizado de tal cuestión, el análisis jurídico penal siempre es individualizado a una conducta concretada en una persona y por razón de unos hechos", aclara con llamativas mayúsculas el escrito del fiscal.

Anticorrupción destaca que hoy solo quedan pendientes de justificar 539 millones del total de 2.896 millones. Además, solo ha prescrito el derecho de la Administración en cinco expedientes.

El fiscal replica a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su ligereza a la hora de calcular la supuesta malversación que achacaban a los mandos de la Junta. "Equiparar inexistencia de reintegro en justificación vencida con malversación es erróneo (...) La falta de apertura de un expediente de reintegro en una subvención no justificada cuyo plazo ha vencido era indicio de prevaricación y malversación. La hipótesis no se ha confirmado".

Al margen de esta investigación que analiza los servicios centrales de la Consejería de Empleo y el papel de los exconsejeros provinciales de Empleo, hay otras 10 piezas en Sevilla que analizan las ayudas concedidas por la Junta. En las otras siete provincias hay más investigaciones en marcha sobre los fondos concedidos, entre las que destaca la Operación Edu de la policía.

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