Los diputados del PSOE alegan que votaron ‘no’ a Rajoy por “conciencia y ética política”

Ocho diputados socialistas, seis de ellos militantes y dos independientes, han escrito una carta individual, pero común con las alegaciones a la comunicación que recibieron del grupo parlamentario respecto a la apertura de un procedimiento sancionador por haber votado no a la investidura de Mariano Rajoy. Todos ellos, junto a los siete diputados del PSC, van a ser sancionados por no obedecer la decisión del comité federal del PSOE de abstenerse en la segunda votación de la investidura para que resultara favorable. No cumplieron el mandato de ese órgano de dirección por razones "de conciencia" y de "ética política", aunque recalcan que su actitud no ha causado "ningún daño" al PSOE, "ni ha significado ningún sacrificio de su proyecto, ni un ataque a su programa y valores, ni tampoco ha impedido la gobernabilidad de España, puesto que solo se precisaban 11 de los 84 votos" del grupo.

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Los parlamentarios se han dirigido este lunes al presidente de la comisión de disciplina del grupo socialista apurando al máximo el plazo de una semana que tenían para presentar sus alegaciones. La multa económica de 600 euros —la máxima posible— la dan por supuesto, pero sí han querido exponer sus razones éticas y políticas para explicar el porqué de su actitud. Su preocupación, no obstante, está en la posibilidad de que, además de esa multa y con el argumento de una "reordenación" de las tareas en el grupo, se les excluya de los trabajos parlamentarios que ya tenían asignados. En este sentido, han reiterado su "total disposición" a continuar con su actividad "en las responsabilidades y comisiones" que les han sido asignadas "para afrontar juntos los grandes retos del PSOE como oposición al PP" en la legislatura.

Para los seis diputados con carné del PSOE —Sofía Hernanz y Pere Joan Pons, ambos diputados por Baleares; Susana Sumelzo (Aragón), María Luz Martínez (Castilla y León), María del Rocío de Frutos (Galicia) y Odón Elorza (País Vasco)— y las dos parlamentarias independientes —Margarita Robles y Zaida Cantera— el asunto debe solventarse de la manera más pacífica posible y por eso su escrito es, a su entender, constructivo y sin ánimo de echar leña al fuego.

Entre las razones que esgrimen para haber votado en contra de Rajoy, contraviniendo la última resolución del comité federal del PSOE, creen que les asiste el artículo 67.2 de la Constitución, según el cual los miembros de las Cortes Generales "no estarán ligados por mandato imperativo". A la espera de la sanción, que esperan que no pase de una multa de 600 euros, también se da por sentado que Sofía Hernanz y Meritxell Batet, cabeza de lista por Barcelona, dejarán de pertenecer a la dirección de grupo. La gestora del PSOE ha dejado en el aire la posibilidad de abrir otro proceso paralelo a los parlamentarios con carné del partido, que podrían perder la militancia e incluso ser expulsados, una opción que no parece que se vaya a producir.

Los firmantes —la semana pasada ya presentaron sus alegaciones los siete diputados del PSC— manifiestan su "respeto a la conciencia" de los diputados socialistas que votaron abstención en la investidura. "Entiendo que en esta situación, tan difícil para la organización y tan dolorosa para los socialistas, todos compartimos los mismos principios y valores fundamentados en la lucha por la igualdad, la justicia y la solidaridad", arranca el escrito presentado esta mañana, el último día de plazo para presentar las alegaciones.

Los ocho parlamentarios creen que el "mandato imperativo y la disciplina de voto" en favor de la abstención "no resolvían la complejidad de la situación" que afrontó la bancada socialista. Para ello argumentan que la votación parlamentaria en que fue investido Rajoy fue "excepcional para credibilidad del sistema democrático" y "trascendental para la vida de un proyecto centenario como el del PSOE, en medio de una profunda crisis de la organización, que ha puesto en juego su crédito y la confianza de la ciudadanía". "En este marco de excepción" sitúan lo que consideran como un "voto en conciencia", con el que consideran que se "ha reforzado" a la democracia representativa y "puesto en valor el pluralismo de posiciones" existente en el PSOE y entre sus votantes ante la investidura de Rajoy.

Los disidentes entienden que su voto "fue un ejercicio de responsabilidad y coherencia" que les "llevó a rechazar el incumplimiento de un compromiso de especial relevancia política" con los electores, "como era el de no posibilitar un Gobierno a Mariano Rajoy, así como salvaguardar la credibilidad del proyecto" socialista. Los diputados apelan al artículo 33 del reglamento interno del grupo parlamentario, que establece que el pleno del grupo "podrá excepcionalmente acordar la libertad de voto por razones de conciencia, una vez oídas las razones del parlamentario o parlamentarios solicitantes". Los ocho diputados coinciden en que, a su parecer, "concurrían condiciones excepcionales, tanto por la situación de grave crisis del PSOE como por las consecuencias de la votación en la merma de confianza de la ciudadanía". "Por todo ello, votar por razones de conciencia suponía un derecho innegable", razonan. Por el contrario, se les ha trasladó que no se podía aplicar dicho artículo.