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Un año de refugiados fuera de las aulas

Para el nuevo curso, tres universidades acumulan más de 100 peticiones de asilados que quieren estudiar

La UCM abrió una oficina para atender a los refugiados. Ampliar foto
La UCM abrió una oficina para atender a los refugiados.

La primera gran ola de refugiados que se echó a romper en las costas del mediterráneo conmocionó a Europa. Y llegaron las promesas. España se comprometió a asilar a 14.931 desde septiembre pasado. Solo ha acogido a 673. Para los que albergaban el deseo de continuar con sus estudios, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) proclamó que facilitaría el acceso a las instituciones. Un año después, solo tres universidades han publicitado un programa para refugiados y ni el ministerio de Educación ni las ONG conocen cuántos participan de ellos. Para el nuevo año académico, al menos 105 estudiantes asilados han solicitado acceder.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) reconoce que fomenta el acceso al empleo antes que a las universidades. La razón es que los refugiados reciben una subvención por un máximo de 18 meses y una carrera universitaria dura al menos 4 años. CEAR solo entrega información sobre un plan de becas de la UE para estudiantes de todo el mundo. “No sabemos de otro programa para refugiados”, reconoce Cristina Montero, coordinadora de Inclusión. En el último año, el Ministerio de Educación ha homologado 18 solicitudes de títulos de Bachiller —los que permiten ingresar a la Universidad para hacer grados— a alumnos provenientes de Siria, Irán, Afganistán y Palestina.

Una refugiada en la Complutense

Hala Doudieh es una chica sirio-palestina de 25 años, que vive desde hace cuatro en España. Cuando ingresó en el Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de Alcobendas, en el que residió un año junto a sus padres y su hermano, le aseguraron que no podía continuar con sus estudios de Bellas Artes iniciados en Damasco. “Yo quería ir a Granada para presentar mis papeles a la universidad, pero me dijeron que no sacaría nada”. Hace un año, Doudieh fue a dar una charla a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para explicar la realidad de los refugiados en España. Al finalizar, el decano le ofreció una plaza gratuita.

Este octubre Hala Doudieh retomará sus estudios y se convertirá en la primera refugiada de cuya matrícula se hará cargo la Complutense. “Llevo tres años sin estudiar, estoy flipando”, agradece con ilusión. Le preocupa lograr compaginar los estudios con su trabajo en el restaurante de comida siria que instaló su madre. Su otra inquietud es que otros refugiados puedan tener la misma oportunidad que ella: “Espero que la situación en España sea más clara. Nadie sabe adónde ir, con quién tiene que hablar, todavía no saben cómo hacerlo con los refugiados”, critica.

A pesar de que la UCM fue una de las tantas universidades que anunció que acogería a refugiados de forma gratuita, lo que hace hoy es ofrecer una atención personalizada donde revisan caso a caso. “Cuesta llegar a los refugiados. Por eso hay que estar vinculados con las ONG que les reciben”, cuenta Mercedes García, delegada para la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión de la Complutense, quien no aclara cuántos refugiados hay actualmente en las aulas de la UCM.

La dificultad para conocer el número de refugiados que están estudiando en alguna universidad española es generalizada. Fuentes del Ministerio de Educación aseguran que desconocen el dato, al igual que las ONG. Este periódico intentó en reiteradas ocasiones contactar con la CRUE para preguntar esta información y no obtuvo respuesta.

Un 2017 más aplicado

Solo tres de las 76 universidades que integran la CRUE publicitan programas para refugiados. La UCM tiene 26 refugiados en proceso de preinscripción y poseen capacidad para recibir “muchos más”. El programa de apoyo a los refugiados de la Universidad de Barcelona contaba en junio con 24 personas interesadas en asesorías para acceder a la universidad o para postular a un curso preparatorio de acceso a la educación superior.

La Universidad Camilo José Cela becará a 10 refugiados en el próximo curso por un convenio firmado con ACNUR, UNICEF y la Fundación Tres Culturas. Recibieron 55 peticiones de sirios, afganos e iraquíes. Los requisitos para solicitar a la beca eran tener reconocida la condición de refugiado y los títulos homologados. Antes del anuncio “no se había acercado ningún refugiado”, comenta Ignacio Sell, director del Proyecto Integra. Las becas consisten en seis meses de formación sobre cultural general de España y valores que los ayuden a la integración en la sociedad. La idea es facilitar el posterior acceso a las cerreras que ofrece la universidad.

A nivel nacional, el ministerio está elaborando un protocolo para coordinar la actuación de las Comunidades Autónomas y de las Universidades en relación con el proceso de homologación, como “la falta de la documentación original, o la imposibilidad de justificar la titulación obtenida en el extranjero”, según un portavoz del ministerio. CEAR está pendiente de firmar un convenio con la UB y la UCM para conseguir viviendas para refugiados en los campus y la Complutense agrega que hay otros acuerdos como el con ACNUR en el que solo “falta la firma”. El nuevo año académico acaba de comenzar. 

El naufragio de los títulos

Los refugiados escapan de sus países convulsos sin llevar encima documentos ni títulos universitarios. En España ni siquiera hay garantía de que se les conceda y cuesta 160 euros. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado dice que la homologación es la gran barrera para que accedan, aunque un portavoz del Ministerio de Educación afirma que no son conscientes de “ningún problema” en la tramitación de los titulados de países en conflicto: “Siempre se les ha ofrecido una solución a los que llaman”.

Estanislao Naranjo, portavoz de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, se indigna con la respuesta oficial. Asevera que si no existiera “ningún problema”, no se habrían reunido con personal del ministerio para intentar facilitar el proceso. Y critica que el papel del Gobierno sea ofrecer un teléfono sin promover ni una sola campaña que dé información sobre convalidación y plazos.

Otro problema es la falta de coordinación que hay entre los organismos competentes. María Zavala, portavoz de ACNUR, asegura que no tienen un protocolo establecido para responder sobre los programas universitarios. La Cruz Roja afirma que un solicitante de asilo puede matricularse en una universidad, pero no hay convenios para ellos: “No hemos hecho ningún tipo de acuerdo con los centros de estudio, ni hemos tenido reuniones”.

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