Los flecos de la investigación a un consejero del Gobierno andaluz

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llamará el próximo día 10 de mayo al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, a raíz de una denuncia del Colegio de Arquitectos de la capital andaluza contra la Universidad de Sevilla por los trabajos para la elaboración de los proyectos de un centro universitario. Todo el proceso es una maraña administrativa del que se intenta responsabilizar al entonces vicerrector de Infraestructuras y hoy miembro del Gobierno andaluz. En el auto que abre las diligencias, el TSJA advierte que debe investigar para valorar si el caso debe ser enjuiciado y no porque disponga ya de indicios de culpabilidad. Sobre estos aspectos se fundamentará la decisión:

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Origen del conflicto. La construcción de un edificio universitario de espacios tecnológicos, conocido como Centrius, la promueve Joaquín Luque Rodríguez, elegido rector en 2008 y anterior vicerrector de Infraestructuras. Este último cargo lo asume Antonio Ramírez de Arellano ese mismo año, a quien le llega la orden de iniciar los trámites del proyecto dos meses después de su designación.

Primera adjudicación. Ante la eventual pérdida de edificabilidad por cambio de la norma en la zona afectada (parcela 1 de la zona U-1 de la antigua Expo), el rector requiere la redacción de un proyecto básico, con el menor coste posible y por la vía de urgencia para poder solicitar licencia de edificación con las condiciones del momento. Los servicios técnicos y administrativos de la Universidad abren un “procedimiento negociado sin publicidad”, una fórmula prevista en la legislación vigente en ese momento que consiste en recabar tres ofertas limitadas a 60.000 euros sin IVA y negociar con una o varias de ellas. Un proyecto básico para un complejo similar, según los baremos orientativos del Colegio de Arquitectos sevillano, debería superar los 700.000 euros. Pero para salvar los plazos, se recaban tres ofertas que sitúan los honorarios en el límite permitido por la ley y se concede la redacción inicial a Trianera de Arquitectura. El colegio profesional entiende que se ha realizado una adjudicación sin concurso y abre un contencioso a finales de 2009 que sigue vivo después de haber sido desestimado en una ocasión.

Firma cuestionada. Ramírez de Arellano, sin relación alguna con ninguna de las empresas que ofertan, recibe el expediente tras ser tramitado por los servicios administrativos de la Universidad. Los funcionarios elevan a la firma del vicerrector el expediente cuando está completo y cumple todos los requisitos. Sin embargo, la Fiscalía cuestiona las dos propuestas descartadas al sospechar que fueron incluidas “para dotar de contenido al expediente”. Una de las profesionales firmantes de las ofertas alternativas niega ahora que presentara la propuesta y no reconoce su firma, aunque admite que se le parece. Esta arquitecta figura como coordinadora en cursos en la fundación Fidas, dependiente del Colegio de Arquitectos, la entidad denunciante.

Premura. Por la premura impuesta ante el cambio de edificabilidad, a Trianera de Aquitectura se le comunica la adjudicación provisional y esta entidad completa el proyecto básico presentado y lo visa en el Colegio de Arquitectos el 31 de julio de 2008. Esa adjudicación provisional se convierte en definitiva 18 días después.

Ayudas. A finales de 2008 se convocan ayudas públicas para el programa Campus de Excelencia Internacional, por lo cual el entonces rector, Joaquín Luque, decide completar la primera fase del proyecto para poder acceder a las subvenciones. Se abre un nuevo procedimiento negociado sin publicidad con una propuesta de adjudicación (en los últimos días de enero de 2009) a la misma empresa por 60.000 euros (más IVA). Esta no es definitiva hasta la recepción de las otras dos propuestas preceptivas el 30 de enero. Una vez más, en el proceso no interviene Ramírez de Arellano, quien solo es requerido para su firma final.

Proyecto de obras. El complejo universitario sigue adelante y se convoca un concurso con publicidad al que se presentan 37 empresas. La adjudicataria final es FCC, que debe encargarse del proyecto de ejecución y, lógicamente, de los honorarios de las colaboraciones necesarias para “elevar el proyecto básico en proyecto de ejecución”, es decir, para convertir la idea inicial en realidad por un coste estimado de 30 millones de euros. La constructora contrata a la empresa que ha diseñado la idea para llevar el proyecto hasta el final. El TSJA entiende que es necesario investigar si esta contratación privada se debe a un “compromiso exigible por la Administración” o a una decisión de FCC para abaratar y agilizar la ejecución al contar con los creadores originales.

Responsabilidad. En toda esta maraña de contrataciones, el TSJA entiende que debe ser investigado el entonces vicerrector de Infraestructuras porque figura como firmante en calidad de tal y por delegación del rector, pese a que la iniciativa de la obra es de Luque, todas las adjudicaciones fueron tramitadas por los servicios de la Universidad y Ramírez de Arellano no ha tenido vinculación alguna con los adjudicatarios ni beneficio alguno con la obra.

Razones de la denuncia. El Colegio de Arquitectos defiende que interpuso la denuncia por no haber sido posible aclarar el asunto por la vía contenciosa y para “reclamar la obligación de que las Administraciones adjudiquen los trabajos de arquitectura mediante concurso público”. La Universidad de Sevilla asegura que esta actuación del ente profesional se fundamenta “en datos tergiversados de forma deliberada”.

Acusación. La investigación del TSJA se abre a instancias de la Fiscalía, que no descarta que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación administrativa y falsedad.