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Las comunidades autónomas se plantan y exigen otro reparto del déficit

Los responsables de Economía advierten a Montoro de que congelar el gasto social supone otro tijeretazo en los servicios públicos

El consejero catalán de Exteriores, Raül Romeva, saluda al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este viernes.
El consejero catalán de Exteriores, Raül Romeva, saluda al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este viernes.

Las comunidades dijeron este viernes basta y exigieron al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, otro reparto del déficit que evite nuevos recortes. Los ejecutivos autonómicos, cuyos responsables de Política Fiscal y Financiera, de Economía advirtieron de que la demanda del Gobierno de congelar el gasto social supone otro tijeretazo en los servicios públicos. Especialmente críticas fueron Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Castilla y León (PP) calificó el objetivo de déficit de “injusto e irracional”, pero Montoro insistió en ellos y les citó a otra reunión.

Montoro llegó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras haber anunciado un ajuste de la Administración central de 2.000 millones de euros. La medida tenía doble mensaje. De cara a las negociaciones con Bruselas para obtener un año más hasta situar el déficit por debajo del 3% del PIB, Montoro resaltó que el Gobierno sigue el proceso de consolidación fiscal. Y a la vez, mostraba a las comunidades que el Ejecutivo también asume sacrificios. Aun así, no pudo evitar la rebelión de las comunidades en un consejo que era solo deliberativo y que alguno de los asistentes definió como un “frontón”.

La consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, abandonó airada la reunión. “El ministro ha hecho el mismo discurso de siempre. No hay posibilidad de acuerdo a pesar de que hemos tendido la mano”, dijo antes de advertir de que una sentencia del Supremo concluye que los objetivos de déficit deben ser refrendados por las Cortes. “Con la composición actual del Congreso está obligado al consenso”, avisó.

No ayudó a la calma que en las reuniones preliminares de la mañana, según fuentes conocedoras del encuentro, el ministerio volviera a aplazar la reforma del modelo de financiación justificándose en su interinidad y solo se comprometiera a crear una comisión de expertos en la que las autonomías podrán proponer nombres. Los consejeros, además, llegaban crispados por la carta que habían recibido de Montoro recientemente en la que les exigía que en dos semanas tomaran las medidas necesarias para congelar el gasto público. “Nos desayunamos un día con que somos los culpables del déficit”, resumió el consejero de Aragón Fernando Gimeno.

El Gobierno sostiene que para cumplir con los objetivos asignados a las comunidades en 2016 no son necesarios nuevos recortes, sino que basta con que congelen el gasto. El ministerio sostiene que la inyección de 10.000 millones de euros procedente de las liquidaciones del sistema de financiación de 2014 y la exclusión de los 2.186 millones de euros de gastos no recurrentes que se dieron el año pasado deja a las comunidades a las puertas de la meta del 0,3% del PIB desde el 1,66% actual. Sin embargo, los consejeros consideraron que congelar el gasto supone más recortes, puesto que deben asumir medidas aprobadas y no financiadas por el Gobierno, como el incremento salarial de los empleados públicos o parte del tratamiento para la hepatitis C, por ejemplo.

"No haremos recortes”

“No haremos recortes en sanidad, educación y servicios sociales”, advirtió la consejera andaluza, María Jesús Montero. Todas las comunidades gobernadas por la izquierda o por nacionalistas reclamaron un nuevo reparto de los objetivos de déficit al entender que no pueden cerrar con un desfase presupuestario de solo el 0,3% si prestan los servicios sociales. "Hay que hablar y decidir qué políticas pueden ajustarse y no quién debe hacer los recortes", afirmó Montero. El consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, acusó a Montoro de “desleal” y de hacer “sufrir” a los ciudadanos con las medidas adoptadas. Pero también comunidades del PP como Castilla y León se sumaron a esa demanda tras tachar el reparto de los objetivos de "injusto y racional", en palabras de la titular de Hacienda de la comunidad, Pilar del Olmo.

En un consejo de carácter deliberativo y en plena negociación con Bruselas, las comunidades esperaban, al menos, una revisión inmediata de los objetivos de déficit, pero sí creían que el ministro podía hacer gestos para ayudar a rebajar el desfase, como la rebaja del tipo a los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico al 0% o la revisión del modelo de financiación.