La justicia argentina pide interrogar en España a 19 cargos franquistas
La magistrada Servini de Cubría quiere tomar declaración, entre otros, a Utrera Molina, Martín Villa y Billy el Niño


La juez argentina María Servini de Cubría, que admitió en 2010 la querella contra los crímenes del franquismo presentada en Buenos Aires, ha enviado un exhorto a la Audiencia Nacional para interrogar a 19 imputados en la causa, entre ellos, los ministros de Franco José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa o el expolicía Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Servini pretende tomarles declaración en España entre 4 y el 22 de abril.
La juez ya dictó orden de detención con fines de extradición a Argentina de los 19 imputados en octubre de 2014, pero el Gobierno español rechazó su solicitud alegando que España era la competente para enjuiciar a sus propios ciudadanos, que los hechos investigados habían prescrito y que algunos de ellos no eran delito en aquellos momentos [la dictadura]. La decisión motivó una reprimenda de cuatro expertos de Naciones Unidas (el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas; el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales; el relator especial sobre la tortura, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación).
Billy el Niño
Servini imputó a Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, por “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”, ejecutado a garrote vil en 1974, a los 23 años; A Martín Villa por “la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976”; a Antonio Carro, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975 por haber convalidado con su firma los últimos fusilamientos del régimen franquista, en septiembre de 1975; a Billy El Niño, el ex guardia civil Jesús Muñecas y los expolicías Félix Criado, Jesús González Reglero, Ricardo Algar, Benjamín Solsona, Jesús Martínez y Jesús Quintana por presuntas torturas. Al médico Abelardo García Balaguer le imputó el posible robo de un bebé en 1967.
La magistrada apoya su petición en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre Argentina y España promulgado en 1989. El pasado enero, fue una orden suya la que permitió que se abriera la fosa de Guadalajara donde yacía el padre de Ascensión Mendieta, una anciana de 90 años que había viajado a Argentina dos años antes para pedir ayuda a Servini de Cubría.
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