Anticorrupción pide que Viloca siga preso para que no destruya pruebas

La Fiscalía Anticorrupción cree que el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya, Andreu Viloca, de 66 años, debe permanecer en prisión preventiva porque se mantiene el riesgo de que destruya pruebas sobre la investigación que desarrolla un juzgado de El Vendrell (Tarragona) en relación con la trama del 3 % (pago de comisiones al partido de Artur Mas a cambio de contratas públicas).

La Audiencia Provincial de Tarragona analizará este martes en una vistilla un recurso de apelación interpuesto por Viloca en el que demanda quedar en libertad porque, a su juicio, no concurren los requisitos que llevaron al juez de El Vendrell Josep Bosch a ordenar su ingreso en prisión por seis delitos el pasado 22 de octubre. La Fiscalía Anticorrupción discrepa de Viloca y, en cambio, entiende que persisten las mismas razones que aconsejaron su prisión el pasado mes de octubre, cuando la Guardia Civil le detuvo junto al ya exdirector general de infraestructura Josep Antoni Rosell y otros seis empresarios acusados de pagar comisiones a CDC a cambios de obras. Fue el único de los detenidos que ingresó en prisión en el marco de la tercera fase de la denominada Operación Petrum.

Uno de los motivos que llevan a la Fiscalía a pedir su prisión es que la investigación continúa y se están analizando los numerosos documentos hallados en los registros efectuados el pasado 21 de octubre en los domicilios de los detenidos y en la sede central de CDC. En el primero de los dos registros efectuados en el despacho de Viloca, la Guardia Civil halló papel recién triturado en una papelera, que posteriormente ha logrado recomponer y en el que se hace referencia a empresas investigadas por pagar el 3 % a fundaciones afines a CDC a cambio de obras.

Aunque ahora pide su libertad, tras ser detenido Viloca se acogió a su derecho a no declarar, tanto ante la Guardia Civil como ante el juez. Justificó su silencio en que la causa está bajo secreto de sumario y, por tanto, no conoce con detalle los hechos que se le atribuyen. En el auto judicial notificado a las partes, el juez le imputa seis delitos, los mismos por los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción: prevaricación, cohecho, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de concursos públicos, falsedad y blanqueo de capitales.