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El Constitucional frena la Hacienda independiente que planea Mas

El tribunal suspende cautelarmente un artículo clave de la ley de la Agencia Tributaria catalana

Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid.
Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid.

El Gobierno de Mariano Rajoy trata de acorralar el plan soberanista de Artur Mas con el apoyo del Tribunal Constitucional, que este lunes suspendió cautelarmente un artículo clave de la ley que debe permitir el desarrollo de la “Hacienda propia”, que está llamada a recaudar todos los impuestos que se generen en Cataluña. La Generalitat admitió que la decisión del Constitucional obstaculiza sus planes, pero advirtió de que seguirá adelante. La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, cargó contra el Gobierno central, al que acusó de seguir una estrategia de “asfixia” y “recentralización”.

El pleno del Constitucional admitió este lunes a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra el artículo 4 de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, lo que supone la suspensión cautelar automática de ese artículo. El recurso del Ejecutivo de Rajoy, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de julio, argumentaba que la norma de Mas limita la integración voluntaria en cuerpos dependientes de la Generalitat a los funcionarios con “destino definitivo en el ámbito territorial de Cataluña”. El Gobierno entiende que ello vulnera el derecho que tienen los funcionarios del resto de España a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y el precepto constitucional que establece el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

La ‘estructura’ clave de Mas

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) es una “estructura de Estado” clave para los partidos independentistas. En los últimos presupuestos, CiU y ERC acordaron incrementar la partida para el proyecto de “Hacienda propia” de 33 a 54 millones y aumentar la plantilla de 168 a 500 empleados. Ahora la ATC apenas recauda el 5% de los impuestos que se generan en Cataluña.

La vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté, admitió el contratiempo que supone la suspensión para convertir la actual Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en la primera de las “estructuras de Estado” de la Generalitat. El Ejecutivo de Mas quería ampliar el organismo fichando a gestores e inspectores que hoy trabajan en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Un total de 18 técnicos pidieron dejar la agencia estatal e incorporarse a la catalana en comisión de servicios, lo cual les permitía conservar su plaza. Sin embargo, Hacienda se negó y solo media docena de técnicos decidió seguir adelante y pedir una excedencia. La ley debía darles cobertura y permitir que se incorporaran a la plantilla de la ATC como funcionarios en próximas convocatorias.

Munté afirmó que la suspensión, que se mantendrá por un plazo máximo de cinco meses, “pone dificultades en el calendario inicialmente previsto”. Aun así, la vicepresidenta advirtió de que el plan para crear la llamada “Hacienda propia” sigue adelante. En plena campaña electoral, la decisión dio nuevos argumentos a las fuerzas independentistas. Munté —que ocupa el octavo lugar en la lista de Junts pel Sí— advirtió de que el recurso del Gobierno central se enmarca en una estrategia de “asfixia” y “recentralización” autonómica.

La vicepresidenta apoyó ese argumento en la suspensión, también ayer, de la tasa que grava a las operadoras de telefonía para financiar a la industria audiovisual. Pero, además, Munté sacó a relucir la lista de lo que consideran agravios, que van desde los recursos a las tasas sobre depósitos bancarios a las nucleares o el decreto de pobreza energética.

Si bien la suspensión encendió al independentismo, la oposición consideró que la resolución demuestra que la Generalitat requiere acuerdos con el Gobierno central. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, recordó que ya advirtió de que “la creación de estructuras de Estado sin una negociación previa y sin los requerimientos jurídicos necesarios estaba condenada al fracaso”, informa Pere Ríos. También el candidato de UDC, Ramon Espadaler, abogó por blindar competencias en la Constitución para evitar resoluciones como la de ayer, informa Camilo S. Baquero.

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