El juez devuelve a prisión al hombre que pagó 835.000 euros a Rato

El empresario Alberto Portuondo Coll, que entre 2011 y 2012 pagó 835.000 euros a Rodrigo Rato supuestamente como comisión por dos contratos de publicidad de Bankia valorados en más de 23 millones de euros, volvió este jueves a prisión. El juez de Madrid Antonio Serrano-Artal, que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, ordenó encarcelarlo tras imputarle un delito de corrupción entre particulares y otro de blanqueo de capitales en el extranjero.

Dos horas y diez minutos de declaración “detallada” y “colaboradora”, según fuentes jurídicas, no sirvieron para que Alberto Portuondo, recobrara la libertad. El empresario, detenido el pasado domingo en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se disponía a viajar a México —país donde tiene su residencia— respondió ante el magistrado sobre los pagos que su sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento giró a la mercantil Kradonara 2001, controlada por Rato a través de una sociedad domiciliada en Gibraltar, Vivaway Ltd.

En concreto, Albisa abonó a Kradonara un total de 474.417 euros en 2011 y de 360.608 en 2012. Parte de este dinero, 420.000 euros, se dirigió después a la firma alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel de cuatro estrellas en Berlín y participada en un 44%.

Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, sospechan que los pagos recibidos por la sociedad de Rato son una contraprestación por la adjudicación de dos contratos de campañas de publicidad por la salida a bolsa de Bankia en 2011. Albisa, la sociedad de Portuondo Coll, recibió en 2011 casi dos millones de euros de las centrales de medios Zenith y Publicis, a quienes el Consejo de Administración de Bankia, presidido por Rato, otorgó los dos contratos para la campaña de imagen de marca de Bankia y para la salida a bolsa de la entidad.

Zenith y Publicis se presentaron en unión temporal de empresas a ambos concursos, valorados en 15 y 8,5 millones de euros respectivamente. Ambas firmas —intermediarios de publicidad entre los anunciantes y los medios de comunicación— recibieron de Bankia contratos superiores a 40 millones de euros durante la presidencia de Rodrigo Rato.

El juez Serrano-Artal, tras escuchar el informe de la fiscal anticorrupción, Elena Lorente, decidió mantener en prisión a Alberto Portuondo. Tanto el juez como el ministerio público entienden que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas si el empresario queda en libertad.

El abogado de Portuondo, Javier Espiga, negó a la salida de los juzgados de la Plaza de Castilla las acusaciones contra su cliente. “Nada de lo que se ha publicado es verdad; todo lo que se está diciendo no tiene ningún tipo de apoyo o carga de prueba”, aseguró a los medios. Espiga rechazó comentar detalles sobre la declaración, entre otros motivos por el secreto de sumario que persiste sobre la causa.

Serrano-Artal investiga el llamado caso Rato a la espera de que la Audiencia Nacional decida si asume la causa tras la inhibición de aquel el pasado julio por la existencia de supuestos delitos de blanqueo cometidos en el extranjero. La ONIF llegó a esta conclusión tras analizar los documentos intervenidos a ex director gerente del FMI tras su detención el pasado 17 de abril.

Fuentes jurídicas explicaron que pese a que el caso no ha sido formalmente aceptado aún por la Audiencia Nacional, la instrucción sigue su curso en los juzgados de instrucción de Madrid. El juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, tendrá que decidir si la investigación sobre el patrimonio de Rato tiene conexión con el caso de la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011. En caso de que Andreu no apreciara vínculos entre ambas causas, el caso Rato, se asignará de forma aleatoria a uno de los seis jueces centrales.