Rato aplaza su interrogatorio y denuncia maltrato judicial

Afirma que sufre "medidas cautelares extremas" y una publicidad que le ha causado "graves daños reputacionales y familiares"

Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid)
Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) AFP

Rodrigo Rato logró aplazar ayer el interrogatorio judicial sobre los posibles delitos fiscales que, según Hacienda, cometió como empresario y administrador de su patrimonio familiar. El exvicepresidente del Gobierno argumentó ante el juez que no declaraba porque ignora de qué se le acusa y la Oficina Antifraude aún no ha entregado el informe definitivo sobre sus actividades. Rato aprovechó para quejarse del trato judicial que recibe: "Estoy sometido al máximo rigor, a medidas cautelares extremas (...) lo que daña mi reputación familiar y profesional".

Tres meses después de su detención y del registro de sus propiedades, donde la policía requisó miles de documentos, Rato acudió ayer a declarar ante el juez Antonio Serrano-Arnal en calidad de imputado por delito fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Un informe de la Agencia Tributaria en el que se basó la denuncia de la fiscalía que desencadenó la imputación de Rato detallaba supuestas maniobras del exvicepresidente para defraudar a Hacienda en sus negocios particulares: un hotel en Berlín; diversas asesorías para empresas privadas; la gestión de publicidad en medios... El informe detalla incluso un supuesto intento de ocultar su patrimonio para eludir el pago de fianzas por los procesos judiciales que le implicaban.

Tras recibir la denuncia de la fiscalía y estudiar el informe de la Agencia Tributaria, el juez ordenó bloquear todas las cuentas del exvicepresidente, y le impuso, como alternativa a esa medida cautelar, una fianza de 18 millones, confirmada después por la Audiencia Provincial.

El privilegio del garaje

Rato entró ayer por el garaje de los juzgados de Plaza de Castilla, un privilegio respecto a otros imputados autorizado por el juez decano tras consultar a la Dirección General de la Policía. Para evitar posibles agresiones al exvicepresidente o incidentes con clientes de Bankia que perdieron su dinero en diversas inversiones, la policía aconsejó la entrada de Rato en coche por el garaje.

La declaración del exvicepresidente fue muy breve. Apenas duró 20 minutos en los que Rato alegó una cierta indefensión —ignoraba de qué le acusaban exactamente pues el informe definitivo de Hacienda sobre sus actividades aún se está elaborando— y se quejó del maltrato judicial que recibe por este caso. El imputado le contó al juez que está "sometido al máximo rigor en la capacidad de actuar", que sufre [del juzgado] "medidas cautelares extremas y un grado de publicidad muy grande del procedimiento" lo que le causa "graves daños reputacionales, familiares, profesionales y de todo tipo". El vicepresidente pidió amparó al instructor "para que, de manera inmediata, el Ministerio Público concrete" de qué se le acusa y "con qué soporte documental". Solo en esas condiciones, explicó Rato, podrá defenderse.

Anticorrupción atribuye al exvicepresidente cinco delitos fiscales y otro de blanqueo, descartando el alzamiento de bienes que se incluyó en la denuncia que dio origen a la causa. El exvicepresidente explicó al juez que su actitud es "constructiva y de total colaboración" pero aclaró que, de momento, prefiere "no contestar preguntas" porque desconoce de qué hechos se le acusa "y las bases fácticas en las que se podrían apoyar estos hechos". Rato también descalificó el informe de la Oficina Antifraude que le atribuye diversos delitos: "La firmante de ese escrito [la inspectora jefe Margarita García Valdecasas] lo ha calificado de sospechas o conjeturas tempranas", aseguró.

El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, pidió ayer el cese de García-Valdecasas por la "utilización política" de la Agencia Tributaria en el caso de Rodrigo.

García-Valdecasas afirmó ante el juez que, tras firmar el informe, acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la fiscalía no aceptó el caso. Algunas fuentes apuntaron que se lo rechazó por falta de base en las acusaciones, aunque la inspectora jefe comentó al juez que la respuesta fue que no era de su competencia.

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