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Lo que Wert deja pendiente

La inminente aplicación de la LOMCE en Secundaria o el fallido estatuto docente, entre las cuestiones que hereda el nuevo ministro

“No es ningún marrón asumir esta responsabilidad”, ha dicho el nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quitando hierro a lo que se le viene encima. Pero lo cierto es que, con o sin Wert, los últimos meses de la legislatura van a ser complicados en el ámbito educativo porque están abiertas algunas de las medidas que han supuesto más desgaste para el ministro saliente.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, comienza a aplicarse en septiembre en 1º y 3º de Secundaria y 1º de Bachillerato. El cambio de una ley a otra incluye nuevas asignaturas y descarta otras, como Educación para la Ciudadanía. El ministerio aprobó en enero un nuevo currículo con los cambios básicos que las comunidades deberían haber adaptado ya para que los institutos sepan a que atenerse antes de arrancar dentro de apenas un par de meses, en septiembre

Solo ocho de las 17 comunidades autónomas, según datos del propio ministerio, tienen ahora mismo aprobados esos currículos. Y en seis de ellas – Extremadura, Cantabria, Castilla- La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares- se espera un cambio de gobierno con pactos de izquierdas tras las elecciones del 24 de mayo. Todos los nuevos que toman el mando están en contra de la reforma educativa y la quieren frenar.

Aragón ya ha dicho que dejará sin efecto la orden que aplica el nuevo currículo en su región y que aplicará la previa, adaptada a la Ley Orgánica de Educación, la LOE, aprobada por los socialistas. El resto buscan opciones similares y aguardan a tomar posesión para exigir que se reúna la conferencia sectorial de Educación y plantear en esta reunión con el ministerio que se paralice la LOMCE. Wert ya ha advertido en el Congreso esta misma semana que el Gobierno no la piensa parar.

La profunda reforma universitaria que prometió el ministro Wert al inicio de su mandato se ha quedado a medias. El Gobierno ha aprobado los decretos que flexibilizan la creación de nuevas universidades, el de acreditación de profesores y el que permite carreras de tres años de duración (uno menos que ahora), pero la propuesta que elevó un grupo de expertos por encargo de Educación era más ambiciosa. Aludía ala desfuncionarización del profesorado. Los rectores, además, reclaman un nuevo sistema de financiación más estable que no se ha negociado.

Otra de las propuestas en el tintero es la aprobación de un estatuto docente, una negociación que el ministerio retomó de la propuesta que hizo Ángel Gabilondo a los sindicatos en 2007. Incluía aspectos como el acceso a la carrera del profesor, la jubilación o la forma de nombrar interinos, entre otros. Quedó encallado a finales de 2013.

Tras el fallecimiento de un profesor a manos de un alumno en un instituto de Barcelona, el pasado abril, el ministro Wert anunció la creación de un grupo de trabajo para la detección de la violencia en las aulas con las comunidades autónomas. En casi tres meses, no se han reunido ni una vez.

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