Europa denuncia la falta de planes contra el terrorismo en nueve puertos

La Comisión Europea ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no proteger contra el terrorismo todos los puertos de su red principal. El Gobierno estaba obligado a aplicar una directiva de 2005 que fijaba que en las instalaciones portuarias más importantes se debían evaluar los riesgos y tener programas concretos de protección contra atentados. El primer plazo para tener listos estos planes era 2007, pero a España se le concedió una prórroga hasta 2013. Sin embargo, según los últimos datos de los que dispone la Comisión, aún faltan los planes de nueve de los 67 puertos del país que están obligados a tenerlo.

El Ministerio de Fomento sostiene que entre esta semana y la siguiente se presentarán los programas que faltan. Añade que, los que restan (Fomento dice que son siete), son puertos menores. Estos planes los elabora en colaboración con Interior, que este jueves no ha aclarado qué instalaciones faltan.

Esta directiva europea se aprobó tras los atentados de Madrid (marzo de 2004) y de Londres (julio de 2005) en las redes de transporte público. En el preámbulo de la norma se advierte de que "los sucesos que afectan a la protección marítima producidos por actos terroristas figuran entre las amenazas más graves a los ideales de democracia y libertad y a los valores de la paz".

La norma especifica que hay que prestar especial atención a los "buques de transbordo rodado" —popularmente conocidos como ferris— dedicados a pasajeros o cargas al ser "especialmente vulnerables". La directiva pedía que se adoptasen medidas para controlar los "automóviles y vehículos de mercancías" que se embarcan en estos buques.

La Comisión advirtió en septiembre de 2014 a España de esta demanda. Y, desde entonces, el Gobierno ha ido enviando información a Bruselas sobre sus progresos. Pero la Comisión sostiene que del "último informe de situación recibido el 14 de abril de 2015" se desprende "que, de los 67 puertos afectados por la normativa en cuestión, una evaluación y ocho planes de protección portuaria están aún pendientes de aprobación". Dos días después, la Comisión presentó la demanda. De momento, Bruselas solo pide que España sea condenada al pago de las costas. Pero, de persistir el incumplimiento, la Comisión volvería a demandar al Gobierno y a solicitar una sanción. Es la forma habitual de actuar de Bruselas.