El ‘caso Rato’ agrava las grietas del Gobierno
Los ministros reconocen que en el Ejecutivo hay al menos dos grupos divididos por edades y sintonías y falta una figura que encarne su ‘milagro económico‘
El caso Rato y su caótica gestión ha agravado las grietas y las diferentes visiones de afrontar la política que perviven en el Gobierno de Mariano Rajoy casi desde su fundación, hace ya más de tres años. Existen en el Ejecutivo que preside Rajoy dos grupos de edad y de poder, dos generaciones, totalmente diferenciadas. El ministro José Manuel García Margallo (71 años) tiene casi 30 años más que Soraya Sáenz de Santamaría (43), por ejemplificar con los dos supuestos líderes de las dos facciones más evidentes. Treinta años más de experiencia, de callos políticos, de pasado y hasta de relaciones personales con el propio Rajoy. Jorge Fernández y Miguel Arias Cañete tienen ya 65 años, frente a Fátima Báñez y Alfonso Alonso, que acaban de cumplir 48. Unos estuvieron en cargos y puestos públicos en la Transición y otros acaban de llegar a la política y no se sienten herederos de casi nada y de nadie.
“Yo creo que aquí lo que hay, además de las lógicas preferencias, sintonías y amistades personales, como se dan en todos los grupos humanos, son dos percepciones diferentes de la vida política y en general de la vida, pero más por cuestiones de edad y por trayectoria que por divergencias internas graves”, resume uno de los ministros menos etiquetables.
“Los Gobiernos son como un tiovivo” y el del Ejecutivo de Rajoy chirría. La teoría de que los gobiernos son un carrusel muy particular la expuso el ahora presidente del Congreso, Jesús Posada, a dos exministros del Gobierno de José María Aznar —ahora en el entorno de Rajoy— a la salida de una de esas convenciones por aclamación del PP, en febrero de 2008, en Valladolid, en el lanzamiento de la campaña nacional. Posada desarrolló su tesis y ahora la explican en los despachos del poder para justificar los desajustes y descoordinaciones que padece el Ejecutivo y que han sido palmarios con la gestión de la crisis del caso Rato.
“El Gobierno es un tiovivo que no para de dar vueltas con su musiquita, el caballo blanco es donde va montado el presidente, todos los demás, los que vamos en el coche de bomberos, en la ambulancia, en la moto del policía, en el tigre, el león o incluso en la carroza, miramos para el caballo blanco y querríamos ir a su grupa, y a veces vamos más cerca y otras más lejos, pero siempre encima del tiovivo, que es lo importante, porque si te caes o te bajas, ya no estas en el poder, porque los de arriba vamos mirando para el caballo blanco, dando vuelas, y con el ruido, las sirenas y la música no escuchamos bien a los de abajo, que nos gritan y dicen como hace Aznar o Esperanza Aguirre, que lo estamos haciendo mal, que no comunicamos y no hacemos política, pero tú no les escuchas y les saludas con la mano”, reinterpreta un ministro actual sobre la teoría de Posada.
“Bochornoso espectáculo judicial”
Esta misma semana varias personas han escuchado a Mariano Rajoy en La Moncloa descalificar lo sucedido con el caso Rato como un “espectáculo bochornoso” y dirigir todas sus sospechas y malestar de la gestión no a sus ministros más o menos afectados sino a las autoridades judiciales. En el Gobierno, otros ministros, apuntan aún más precisamente contra la Fiscalía General del Estado y particularmente contra la Fiscalía Anticorrupción, a los que culpan de las filtraciones. La Agencia Tributaria alertó hace casi un año y medio al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que las sucesivas declaraciones de Hacienda, de regularización fiscal y de bienes en el extranjero de Rato a partir de 2012 no cuadraban e iban a generar una investigación de oficio. No se avisó nunca al exvicepresidente. Tampoco lo supieron otros ministros y colaboradores de Rajoy en La Moncloa, lo que ahora ha destapado fricciones. Sí hubo charlas directas de Montoro con Rajoy que tuvieron su continuidad en el tiempo, como cuando en otoño se descubrió el escándalo de las tarjetas black de Bankia y Rajoy no daba crédito: “¿Pero en qué está metido otra vez ese señor?”. Los destellos emitidos por Hacienda se fueron confirmando y, pese a los primeros reparos de la Fiscalía sobre la inoportunidad de llevar el caso, al final se optó por seguir adelante con el trabajo de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude porque se creyó que se habían acumulado pruebas suficientes.
En la tarde del miércoles 15 de abril Montoro recibió una llamada de Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria. Le avisó: “La fiscalía de Madrid tiene ya todos los datos y el juez ordenará mañana la actuación”. Montoro creyó que actuaría la Fiscalía de Asuntos Económicos. Nunca se puso en contacto o telefoneó al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Tampoco habló con la vicepresidenta o el ministro del Interior.
A la mañana siguiente, temerosos ante un presunto alzamiento de bienes de Rato para responder a sus fianzas judiciales tras la publicación en un confidencial de la investigación en marcha, todos los mecanismos se pusieron en marcha. La fiscalía de Madrid propuso y el juez aceptó el registro y detención de Rato. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, tardó en localizar al ministro Catalá porque estaba en un Consejo Fiscal y fue a media mañana cuando le comunicó las actuaciones, según fuentes oficiales. Catalá llamó entonces a Rajoy. Un poco después, casi al final de la mañana y con los rumores mediáticos desbordados, Montoro recibió otra llamada de Menéndez para comunicarle la ratificación de las decisiones de la fiscalía y del juez. Y el responsable de Hacienda marcó el número del presidente que le interrogó desconcertado ante el ruido y la inquietud presente ya en muchos medios de comunicación: “¿Pero qué está pasando ahí?”.
El Gobierno explica así que todas las actuaciones fueron profesionales e independientes y que, además, nunca habrían podido detenerlas si se lo hubieran planteado.
“También hay un problema de origen en el diseño del Gobierno. Si el objetivo prioritario, casi único, era la salida de la crisis, la creación de empleo y las reformas económicas estructurales, no se entiende muy bien por qué no se creó la figura de un vicepresidente que aglutinara todas las responsabilidades en esa área y que ahora podría ser la cara de la recuperación y del milagro económico de Rajoy. Es una figura que no tenemos”, concluye el titular de un departamento de esa área.
El Ejecutivo de Rajoy echa en falta un Rodrigo Rato. Sorprende escuchar esta frase en un despacho del entorno de Rajoy en esta semana crítica, donde el caso Rato ha descubierto de nuevo los problemas de descoordinación del equipo que manda en La Moncloa. Un ministro justifica esa idea: “El presidente intenta encarnar esa figura y personalizar los logros económicos, pero está en muchas cosas; la vicepresidenta también lo hace, y lo repite cada viernes tras el Consejo de Ministros, pero no resulta creíble en esa función; Cristóbal Montoro es el malo, nadie le quiere y es rechazado por todos nuestros barones; y Luis de Guindos está más ocupado en marcharse y ocupar un puesto internacional cuanto antes. Está claro que se echa en falta un Rato, pero es que no lo tenemos”. Un Rato, además, no se improvisa y seguramente no sería del agrado del propio Rajoy, que nunca ha querido ni fomentado a su lado personalidades muy sobresalientes. Su equipo lo formó a brochazos, de diversos retales.
El grupo de ministros conocido como G-5 se constituyó informalmente en miniclub autónomo tras un fin de semana primaveral de celebración con buenas viandas en la localidad riojana de Haro. Allí estaban los ministros Margallo, Jorge Fernández, Ana Pastor, José Manuel Soria y el extitular de Agricultura y ahora comisario europeo Miguel Arias Cañete. Todos con sus parejas. Todos amigos personales de Rajoy desde hace lustros y miembros de sus equipos en distintos departamentos. Todos muy autosuficientes, en política y profesionalmente. Tanto, que les une un cierto desdén hacia los recién llegados, hacia los jóvenes y, en especial, hacia la vicepresidenta, que creen algunos que no les trata con la debida admiración o consideración a su categoría. No es tanto una descalificación machista, como creen algunos en el entorno de la vicepresidenta, como un deje paternalista. Quedan esos ministros más veteranos una vez al mes y se invitan a cenas y fiestas privadas. Consideran que por amistad o pedigrí tienen un ascendente especial con Rajoy y se pueden permitir y se permiten llamadas y citas con el jefe sin filtros.
Entienden que Soraya Sáenz de Santamaría, además, en su afán perfeccionista y casi obsesivo de su trabajo, por controlar y coordinar más, no les deja casi espacio ni autonomía para salir públicamente, para tener más presencia mediática y para hacer más política. No está claro tampoco qué quiere decir hacer más política. Los ministros que cuestionan el perfil de la “superministra Santamaría y sus tecnócratas” no pueden dejar de admitir su capacidad para estudiar bien los asuntos al detalle y su arrojo al querer exponerlos tras todos los Consejos de Ministros. Fueron también los miembros del autollamado G-5, luego etiquetados G-8 con la supuesta incorporación de Pedro Morenés, Rafael Catalá e Isabel García Tejerina, o G-8 ampliado con el presunto fichaje de José Ignacio Wert, los que abogaron por diversificar más la tarea de emitir mensajes, comunicar más y mejor.
Rajoy, que fue el que diseñó este Gobierno y el que dejó huérfano al PP tras ganar las elecciones, aceptó esa carencia y se nombró un segundo portavoz tanto en La Moncloa (José Luis Ayllón, 44 años y número dos de Santamaría) como en el olvidado PP, con la figura más televisiva de Pablo Casado (34 años), para esconder las ausencias y lagunas de María Dolores de Cospedal y Carlos Floriano. Pero esa renovación cosmética no ha escondido ni tapado los desajustes estructurales en el Gobierno y el PP cuando se desata una gran crisis. Sucedió en el partido en Semana Santa tras la mala digestión del “castañazo” en las elecciones andaluzas, como define el propio Rajoy el mal resultado popular, con el inédito enfrentamiento abierto entre los partidarios de Cospedal y los de Javier Arenas y Sáenz de Santamaría. Y ha pasado ahora con el caos del caso Rato, donde varios ministros admiten que no saben bien ni qué ha ocurrido ni de quién es la culpa.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Detenciones
- Fiscalía
- España
- Partidos políticos
- Delitos fiscales
- Poder judicial
- Gobierno
- Política
- Proceso judicial
- Delitos
- Rodrigo Rato
- Administración Estado
- Justicia
- Economía
- Administración pública
- Mariano Rajoy
- Soraya Sáenz de Santamaría
- María Dolores de Cospedal
- Blanqueo capitales
- Fraude fiscal
- Alzamiento de bienes
- PP
- Delitos económicos