El espectáculo de la justicia

La entrada, registro y detención de Rodrigo Rato durante el desarrollo de la acción de la policía aduanera es la crónica de una operación anunciada y cuidadosamente preparada. La Agencia Tributaria ha acudido a la Fiscalía de Madrid en lugar de la Fiscalía Anticorrupción, encargada hasta ahora de la investigación de Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional. Pero quien ha llevado la operación por arriba ha sido Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es él quien ha estado en contacto con Madrid y con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal .

El 17 de febrero de 2015, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, declara ante la comisión de Hacienda del Congreso esto: “Estamos empezando por analizar los indicios, en base de la información que tenemos, de que algunos declaradores presentadores de la declaración tributaria especial pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales, y pasaremos esa información al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que se contraste, en su caso, con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar. En concreto, tenemos seleccionada una población de 705 contribuyentes, cuya información pasaremos al Sepblac”.

El director daba un paso más: “Asimismo, una vez que se contraste con las actuaciones que se pudieran estar haciendo por el Sepblac o por otros órganos de investigación o por organismos jurisdiccionales, la propia agencia, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) analizará individualmente a cada uno de los contribuyentes para, en su caso, hacer traslado posterior de las posibles contingencias de posibles ilícitos que, desde luego está clarísimo —y es de sentido común—, la declaración tributaria especial no ampara”.

Lo que no dijo Menéndez es que prácticamente la inmensa mayoría de la “población de los 705 contribuyentes” son políticos, altos funcionarios del Estado, familiares directos de estos. Los activos ocultos y aflorados según Hacienda no se justifican con sus ingresos ordinarios.

Dos meses después ya tenemos los resultados. La Fiscalía Anticorrupción ha sido puenteada y le ha tocado ser fuerza de choque a la Fiscalía de Madrid. Pero, eso sí, se ha anunciado que la Fiscalía Anticorrupción, que lleva el caso Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional, se hará cargo de la investigación después de la entrada y registro del domicilio y de la detención del ex vicepresidente de los gobiernos de Aznar y ex presidente de Bankia.

La denuncia de la Agencia Tributaria está relacionada no con la amnistía fiscal de Montoro, a la que se acogió Rato en 2012, sino con movimientos de sus sociedades en España y en el exterior.

La operación ha sido espectacular. Las pregunta son: ¿se justifica?, ¿había indicios de fuga?, ¿qué evidencias sobre posible destrucción de pruebas se han valorado?, ¿por qué no llevar el tema fiscal como un delito conexo a los otros delitos por el que se investiga a Rato en la Audiencia Nacional?

El fiscal que más sabe sobre Rato y Bankia ya no está en la Fiscalía Anticorrupción. Es Alejandro Luzón y es ahora teniente fiscal de la secretaría técnica de la fiscal General del Estado, vamos, del gabinete de Consuelo Madrigal.

El Gobierno y la Agencia Tributaria han preferido marginar en este golpe al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, en la operación puntual, cuenta habida de que el tema de blanqueo es un tema clásico de corrupción. Ciertas críticas han pululado contra Salinas y contra el juez Fernando Andreu por su excesiva templanza en la instrucción del caso Bankia.

El Gobierno de Rajoy intenta ponerse la medalla de la lucha contra la corrupción. Cuando el presidente del Gobierno se refiere a la corrupción subraya que en España la justicia funciona y no duda en apropiarse de las actuaciones de policías y jueces.

¿Es el de Rodrigo Rato, el que fuera el pretendido Rey Midas de la economía española y el símbolo del presunto poderío de España en el mundo con su nombramiento, en 2004, como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), un caso en el que Rajoy pretende lucir la medalla haciendo tronar el escarmiento con uno de los nuestros?

El pasado 23 de octubre, el juez Pedraz ordenó la entrada y registro, a petición de la Fiscalía, en el domicilio y oficinas en varios puntos de España de Oleguer Pujol. Los policías acompañados de perros detuvieron durante unas horas al hijo del ex presidente Pujol. Es el día de hoy, seis meses después, que Oleguer Pujol no ha sido llamado a prestar declaración ante el juez.

¿Espectáculo de la justicia o justicia de espectáculo?