Detenidos dos delegados de la Junta andaluza por los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha propiciado el enésimo golpe a la Junta de Andalucía, esta vez en la causa de los cursos de formación. La Operación Barrado sacudió la resaca electoral del 22-M con la detención de dos delegados de la Consejería de Empleo y 14 ex altos cargos del Ejecutivo autónomo. La Guardia Civil investiga el supuesto descontrol de los fondos procedentes de la Unión Europea que durante la última década el Gobierno andaluz concedió a empresas para que impartieran cursos, y que devino, supuestamente, en un extenso fraude. Los agentes han detenido a los responsables políticos que concedieron estas subvenciones.

Los investigadores detuvieron a los delegados de Empleo en Sevilla y Huelva, Aurora Cosano y Eduardo Muñoz, así como a cuatro ex directores generales responsables de la formación entre 2008 y 2012: Teresa Florido [cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ya imputado en la causa], María José Lara, Manuel Brenes y Andrés Sánchez. Por último, los agentes arrestaron a tres responsables de dos consorcios de empleo en Mijas (Málaga) y Almonte (Huelva). La instrucción les achaca malversación, prevaricación y fraude de subvenciones por mantener “una posición activa firmando certificaciones y dando nuevas subvenciones a empresas que no habían justificado ayudas previas ya gastadas”, según fuentes del caso. Sin embargo, no hay rastro de lucro por parte de estos políticos.

La operación policial se produjo al día siguiente de que el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, reclamara como primera medida tras su derrota en las urnas el pasado domingo una comisión de investigación sobre los cursos de formación en el Parlamento autónomo.

La Junta destituyó a los dos altos cargos a las pocas horas de su detención. La presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz, que subraya que es implacable contra la corrupción, recordó ayer que pese a gozar de la presunción de inocencia, estos altos cargos debían ser destituidos de inmediato. “Los andaluces saben que tengo una sola vara de medir”, subrayó.

Alaya abrió la causa de formación hace un año y en silencio ha acumulado 102 tomos con 34.667 folios, con solo dos imputados, los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda [también empresario receptor de numerosas ayudas]. Hasta ayer. Los altos cargos detenidos concedieron la mayoría de las ayudas a las empresas desde la Consejería de Empleo y las delegaciones provinciales, a través del Servicio Andaluz de Empleo. Es decir, la juez ha ampliado la responsabilidad penal por un procedimiento que considera delictivo al otorgar ayudas (que pueden superar los 3.000 millones) con ausencia de control. Esa falta de vigilancia desde la Administración devino en cursos que no se impartieron, empresarios que declararon más alumnos de los realmente formados y otras irregularidades.

Frente a la tesis de Alaya y la Guardia Civil, la Junta ha defendido la potestad legal para conceder las exoneraciones a las empresas y así permitirles recibir nuevas ayudas sin haber justificado las anteriores.

En paralelo a las pesquisas de la policía, que bajo las órdenes de otros juzgados andaluces interroga a alumnos y empresarios para rastrear cientos de subvenciones concedidas en los últimos años, la Guardia Civil ata cabos sobre la responsabilidad de políticos en la concesión de las ayudas. Entre los cargos interrogados recientemente figuran altos responsables de la Intervención General de la Junta, para que concreten su perspectiva sobre estos fondos, expresadas en ocho informes recientes. Uno de ellos, emitido desde Huelva, menciona expresamente el menoscabo de fondos públicos, y los agentes quieren saber la trascendencia que la Intervención otorga a esta mención.

Alaya ya aclaró este invierno que quería acaparar las pesquisas sobre el fraude a cursos de formación, aunque sin éxito, ya que la policía respondió que trabajaba para otros jueces. En su investigación, la instructura aclaró que había detectado “bolsas de fraude” y “graves irregularidades” en el análisis de la documentación requisada. La juez resaltó la existencia de “entramados empresariales beneficiados” con “gastos inflados o inexistentes”, además de identificar “fraudes” en las ayudas directas desde la Consejería de Empleo a los 14 consorcios para formar trabajadores especializados.