La otra forma de recortar

Hace ahora tres años, cuando en la recta final de la campaña electoral andaluza de 2012 las encuestas auguraban una mayoría absoluta del PP, los profesionales del sector sanitario esperaban con nervios y, según afirmaban entonces, con cierto temor. Las comunidades gobernadas por los populares habían ido anunciando en el último año planes de privatizaciones, propuestas de copago y recortes de servicios y todos daban por hecho que estos llegarían también a Andalucía. PSOE e IU utilizaban esos ejemplos para advertir de lo que ocurriría si ganaba el PP y los sindicatos se movilizaron para frenar la anunciada hecatombe de los servicios sociales.

El PP ganó, pero sin mayoría para gobernar, y PSOE e IU acordaron un Gobierno de coalición con el compromiso de poner los servicios públicos a salvo de los recortes. Andalucía estaba llamada a convertirse en un contrapunto a las políticas del PP. ¿Lo ha conseguido? Según el Gobierno regional, sin duda sí. Según los expertos consultados, también, pero con muchos matices. “Los recortes han afectado a todas las comunidades, pero a unas más que a otras. Y Andalucía está en el grupo de las que menos. Pero eso no significa que su gestión haya sido maravillosa”, afirma Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

El Ejecutivo andaluz no ha privatizado hospitales, ni ha aplicado copagos, ni ha retirado la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares como imponía el decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy en abril de 2012, que la Junta tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional. Pero los servicios sociales no se han salvado de los recortes. Los sindicatos, que hace tres años se conjuraron con PSOE e IU para evitar la victoria del PP, son ahora los más críticos. “Andalucía ha hecho seguidismo de los recortes del Gobierno”, asegura Antonio Macías, el secretario general de Servicios Sociales y Sanitarios de UGT en Andalucía.

Los profesionales sanitarios no han dado respiro a la Junta. Sus reivindicaciones se han centrado en la política de personal, por la que más de 10.000 eventuales de la sanidad andaluza vieron reducido su horario y su sueldo en un 25%, a la vez que la falsa estabilidad laboral de la que habían disfrutado se venía abajo con contratos que, en muchos casos, se renovaban mes a mes. La situación ha mejorado en los últimos meses con el fin de esas contrataciones al 75% y una oferta de empleo público con más de 3.000 plazas. Pero los empleados aseguran que esas medidas no solo les ha perjudicado a ellos, sino que ha dañado el corazón del sistema. “Ante cualquier crisis sanitaria se desbordan las urgencias”, afirma Antonio Macías.

La Junta esgrime sus cifras para rebatir este argumento. La lista de espera quirúrgica es de 47 días para los procesos más frecuentes, casi la mitad de la media española (90 días); solo el 3% de la actividad sanitaria que se realiza en el sistema sanitario público de salud es concertada; y no se han eliminado prestaciones ni se han cerrado centros. El Gobierno andaluz no habla de recortes, sino de “medidas de eficiencia que contienen el gasto sin mermar la calidad”. Entre ellas cita la subasta de fármacos, recurrida por el Gobierno y que supone un ahorro de 200 millones al año; la reducción del 20% del número de directivos de sus centros (71 directivos menos), con los que se ahorran 6,9 millones; o el impulso a la cirugía mayor ambulatoria, las operaciones que no necesitan ingreso, que ahorran 300 millones al año.

Ahí se explica, según la Junta, que su presupuesto sanitario per cápita sea el más bajo de España. 980 euros por habitante en 2014, frente a los 1.541 del País Vasco, la comunidad que más gasta. El presidente de la asociación para la defensa de la sanidad pública comparte que algunas políticas del Gobierno andaluz, sobre todo las de ahorro farmacéutico, “muy rigurosas y efectivas”, repercuten en un menor gasto por habitante, pero cree que el presupuesto es demasiado ajustado para garantizar la calidad que se espera del sistema. “Si se compara con Madrid, Cataluña o Valencia casi tiene un sobresaliente. Pero esa no es la cuestión”, advierte.

El Ejecutivo regional optó por ser contrapunto de la política social del PP

En Dependencia, la otra gran pata sociosanitaria maltratada por los recortes, la Junta se ha esforzado por mantener las prestaciones y, según José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lo ha hecho bien. Ha renegociado los contratos con los geriátricos para aumentar plazas y abaratar costes, ha evaluado a más de 35.000 personas en un año y generado 2.000 empleos. En el último informe del Observatorio de la Dependencia obtiene un 7,1 sobre 10. “El barco iba a toda máquina. Ha estado dos años parado y se ha vuelto a poner en marcha con coherencia, a pesar de los recortes de Rajoy”, dice Ramírez.