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Hacienda apunta un delito fiscal del PP con el criterio que le impone Ruz

La Agencia Tributaria insiste en que las donaciones ilegales están exentas

El fraude suma 220.167 euros, según el cálculo hecho por orden del juez

El juez Pablo Ruz llegando a la Audiencia.

La Agencia Tributaria y Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, libran una batalla mayúscula a cuenta de la posible imputación del representante legal del Partido Popular por un delito fiscal consistente en el impago de impuestos por la presunta financiación ilegal de este partido.

El último capítulo de la discordia lo firmó ayer la Agencia Tributaria al enviar “por imperativo legal” un informe sobre el posible fraude fiscal del PP. El cálculo de la Agencia Tributaria, hecho siguiendo los criterios fijados por el juez, arroja una cuota impagada de 220.167 euros en 2008, muy por encima del límite para el delito fiscal. El impago corresponde al Impuesto de Sociedades de las donaciones ilegales de ese año (1.055.000 euros, según los papeles de Bárcenas, el extesorero del PP), el único año que no está prescrito para la investigación.

El Ministerio de Hacienda difundió ayer un comunicado a modo de argumentario, basado en parte en el informe fiscal y con varias conclusiones de cosecha propia. Hacienda comparaba en ese escrito el impago de impuestos del PP por sus donaciones ilegales con el que pudieran hacer Cáritas o Cruz Roja en caso de recibir “dinero negro” dedicado a “dar de comer a niños”. Ese documento del ministerio circuló entre los periodistas incluso antes de que el juez Ruz tuviera en su despacho la respuesta oficial de la Agencia Tributaria.

La jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, dice que el texto se realiza “para evitar posibles responsabilidades penales derivadas del incumplimiento” de la orden de Ruz y sostiene que su criterio es “absolutamente contrario al utilizado en este caso por expreso mandato de la autoridad judicial”. Ese criterio de la Agencia Tributaria consiste en que las donaciones ilegales están exentas de tributación, sean legales o no, siempre que se apliquen a pagar actividades propias de los partidos políticos, cosa que hizo el PP, según Hacienda. García-Valdecasas considera que el cálculo que se ha hecho para determinar el supuesto fraude fiscal del PP “resulta irreal y contrario al principio de verdad material, y contrario al criterio sostenido de forma repetida por la Agencia Tributaria”.

Aunque las donaciones ilegales registradas en los papeles de Bárcenas en 2008 sumaban 1.055.000 euros, el perito de la Agencia Tributaria sólo hace su cálculo sobre 888.000 euros, que es la cantidad que el PP dedicó a las obras de reforma de su sede, en la calle de Génova, 13, y que pagó supuestamente con fondos opacos de su caja b. Aplicando el 25% del impuesto de sociedades a esa cantidad y sin incorporar ningún gasto deducible, la cuota a pagar —220.167 euros— está muy por encima del delito fiscal —más de 120.000 euros—.

El juez Pablo Ruz, la Fiscalía Anticorrupción y tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional sostienen que las donaciones ilegales son un ingreso extraordinario del PP al no cumplir lo establecido en la Ley de Financiación de Partidos. Por esa razón entienden que el PP debería haber pagado el Impuesto de Sociedades correspondiente. Ruz, que dejará el juzgado a mediados de abril, sólo esperaba el cálculo de la Agencia Tributaria para atribuir una responsabilidad penal a quien era representante legal del PP en ese ejercicio de 2008, el entonces tesorero Luis Bárcenas. La ley vigente cuando ocurrieron los hechos no recogía la posibilidad de atribuir la responsabilidad penal a los partidos políticos.

El perito encargado de redactar el informe se ha permitido la licencia de elaborar otro cálculo —al margen del criterio fijado por el juez Pablo Ruz— para determinar la cuota defraudada del PP. Para hacer ese segundo cálculo, el trabajador de la Agencia Tributaria tiene en cuenta los ingresos totales del PP en 2008 (83 millones de euros, incluyendo las donaciones ilegales) y los gastos totales de ese ejercicio (72 millones de euros).

Como las donaciones ilegales suponen un 1,08% de los ingresos totales del PP en 2008, el agente de la Agencia Tributaria aplica ese porcentaje a los gastos totales, lo que le da una cifra de 778.148 euros, que serían deducibles en el Impuesto de Sociedades en la parte correspondiente a las donaciones ilegales.

Si el PP ingresó por esa vía 888.000 euros y se podría deducir 778.148 euros, debería abonar un 25% por la cantidad restante, lo que daría una cuota íntegra a pagar de 25.630 euros, muy por debajo del delito fiscal.

Simulación ordenada por el juez

Para calcular el supuesto fraude fiscal del PP por no pagar Impuesto de Sociedades en 2008, cuando recibió 1.055.000 euros en donativos ilegales, el autor del informe de la Agencia Tributaria se fija tan sólo en “la parte de la cantidad global dedicada al pago de las obras de reforma de su sede (888.000 euros)”. Y aunque ese año, según los papeles de Bárcenas, el PP pagó 1,6 millones de euros de su caja b, no se contemplan como gastos deducibles porque no fueron declarados al Tribunal de Cuentas. Con esas dos premisas y añadiendo una pequeña cantidad de plusvalías por fondos de inversión (9.429 euros) la cantidad a pagar, según el criterio fijado por el juez, sería 220.167 euros.

Esta segunda simulación, aclara el firmante del informe, no es la que encargó el juez, pero la aporta al juzgado “para consideración del juez y de las partes presentes en el procedimiento”.

El mismo agente de la Agencia Tributaria firma otro informe donde intenta delimitar la responsabilidad penal y fiscal del PP en el pago de las obras de reforma de su sede con dinero de la caja b. Mientras que el arquitecto que dirigió esos trabajos, Gonzalo Urquijo, está imputado por varios delitos fiscales —impago de IVA y del Impuesto de Sociedades—, el PP se mantiene al margen de ese procedimiento. El agente de la Agencia Tributaria concluye que “en el caso de que se determinara que el PP hubiera sido el causante o hubiera colaborado activamente en la realización de la infracción tributaria [del arquitecto] podría aplicársele el supuesto de responsabilidad solidaria sobre lo defraudado”.

El PSOE, que había amenazado con reprobar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si la Agencia Tributaria se negaba a hacer el informe reclamado por Ruz, consideró ayer una “desvergüenza” la parte del documento que insiste en mantener que los partidos no tributan por las donaciones ilegales y denunció el argumentario difundido por Hacienda para justificar que los ingresos opacos de los partidos no tributen. Ese documento, según el PSOE, lo elaboró un asesor del ministro Montoro que es hermano del director de la Agencia Tributaria.

Simulación alternativa

El firmante del informe de la Agencia Tributaria interpreta la legislación tributaria vigente para hacer una simulación alternativa a la que le pidió el juez. Para calcular el fraude por impago del Impuesto de Sociedades de las donaciones ilegales, hace un retrato global de las cuentas del PP. Si el PP, viene a decir, ingresó 83 millones en 2008 por todos los conceptos, las donaciones ilegales supondrían un 1,08% del total. El PP gastó ese año 72 millones. Si fueran deducibles, la aplicación del 1,08% a esa cantidad daría 778.148 euros. Si se aplicase esa deducción a lo ingresado por donaciones ilegales, el resultado a pagar sería 25.630 euros, por debajo del límite fijado para el delito fiscal.

“El PP es el primer partido que comete fraude fiscal”, señaló el portavoz socialista Antonio Hernando. “¿Con qué cara va a decirle el ministro Montoro a los españoles en la campaña de la renta que cumplan con sus obligaciones cuando el partido del Gobierno es el primero que defrauda?”.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, replicó que el informe de la Agencia Tributaria ratificaba que no hay delito fiscal y acusó de “lenguaraz” al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando dudó de la profesionalidad de los funcionarios de la Agencia Tributaria.

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