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Bancos suizos crearon empresas en paraísos fiscales a clientes de Gürtel

La Agencia Tributaria atribuye a las entidades cooperación en blanqueo

La Agencia Tributaria acusa a bancos suizos de ayudar a clientes españoles, algunos imputados en el caso Gürtel, como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, a crear “sociedades pantallas en paraísos fiscales” para canalizar sus inversiones “de manera opaca y segura”. Con este procedimiento evitaban el pago de impuestos al que estaban obligados desde el 1 de julio de 2005.

Bárcenas y el exalcalde de Boadilla, entre los dueños de empresas pantalla

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario sostiene que esas prácticas de bancos suizos y clientes españoles “derivaría en la presunta comisión de un conjunto de delitos contra la Hacienda Pública cometidos por una pluralidad de obligados tributarios con la aparente cooperación” de las entidades financieras, a las que atribuye, de confirmarse los hechos, “la comisión de delitos de blanqueo”.

Como consecuencia de la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro, vigente desde el 1 de julio de 2005, Suiza firmó un acuerdo con la UE que obligaba a los bancos de ese país a practicar la correspondiente retención fiscal sobre los intereses de los ahorros de los clientes españoles e identificar a los titulares de esas cuentas, según Hacienda.

La Agencia Tributaria española tuvo acceso a documentación sobre cientos de cuentas de españoles en el HSBC suizo, gracias a la cooperación de las autoridades francesas. “Según consta en algunas de las fichas personales”, señala el informe de la Agencia Tributaria, “el gestor de HSBC ofrece al cliente en la primera mitad de 2005 la apertura de un nuevo PIC (persona jurídica o estructura fiduciaria, generalmente constituida en un paraíso fiscal) para transferirle los fondos y evitar así los efectos de la aplicación de la Directiva Europea del Ahorro”. Alguno de los clientes españoles aportó a los inspectores de Hacienda “la factura que le había sido emitida por HSBC Trust Services, cargada en la cuenta bancaria cuyo titular era la sociedad pantalla”. Esa factura recogía los gastos de constitución y administración de la propia sociedad pantalla, “lo que muestra claramente la participación del banco en la creación y administración de estas estructuras opacas”.

Entre los clientes españoles que se acogieron a esa práctica se encontraría Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), uno de los municipios donde la red Gürtel hizo negocios más lucrativos.

"No se enteraban"

La Abogacía del Estado sostiene que Suiza, en aplicación de la directiva europea del ahorro, dio opción a los residentes de la UE con cuentas en su territorio, a cobrarles un impuesto “y mantener el anonimato en sus países de residencia, o evitar dicha retención pero comunicándose entonces sus fondos a las autoridades fiscales de su territorio". Había una tercera opción: “Para evitar la aplicación de la norma, las personas físicas [Bárcenas] interpusieron personas jurídicas residentes en paraísos fiscales que aparecían como titulares de las cuentas. Y las entidades suizas hacían como que no se enteraban”, según la Abogacía.

En el caso de Bárcenas, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación como “a partir de julio de 2005 el extesorero sustituyó las cuentas abiertas a su nombre por otras a las que transfirió sus activos y en las que figuraba como titular formal la fundación panameña Sinequanon, para eludir la aplicación del acuerdo entre la UE y Suiza relativo a la aplicación de la directiva sobre el ahorro en forma de pago de intereses”.

El agente comercial Frederic Mentha, que atendía a Bárcenas en el banco Lombard Odier, le aconsejó la constitución de esa fundación para poner a su nombre los ahorros del extesorero. “Le explico [a Bárcenas] las ventajas de constituir una sociedad o una fundación. A la vista de su situación familiar (sic), consideramos que lo mejor será crear una fundación”, señala Mentha en una nota interna del banco.

La Fiscalía interpreta que “con la designación como titular de una cuenta en Suiza no de una persona física residente en España sino de una fundación ubicada en Panamá se elude la aplicación del acuerdo y, en consecuencia, el pago al Tesoro Público español de los impuestos sobre los rendimientos del ahorro”.

Pese a las conclusiones de la Agencia Tributaria, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la hacienda pública española, han iniciado acciones contra las entidades financieras suizas.

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