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La trama de venta de armas a Angola apunta a su exembajador en Madrid

La sobrina de Paesa transfirió 25.000 euros a la hija de un general angoleño

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para mañana como imputados a los representantes de Defex y Comercial Cueto, las dos empresas implicadas en el caso Angora, una operación fraudulenta de venta de material policial a Angola por 152,9 millones de euros. Defex —compañía semipública participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— ha designado como representante legal a su propio presidente, Fernando Aguilar Viyuela, lo que le permitirá acogerse a su derecho a no declarar e incluso a mentir. Los cargos que le imputa el juez no son menores: corrupción, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Aunque el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, prometió el jueves en el Congreso máxima colaboración con la Justicia, y anunció cambios en el equipo directivo de la compañía dedicada a promover la exportación de material militar fabricado en España, no ha sido esa la actitud que han encontrado hasta ahora los investigadores del caso.

Por ejemplo, no fueron las autoridades españolas, sino las de Luxemburgo —país acusado de ser un paraíso fiscal en el corazón de Europa— las que en 2012, mediante una comisión rogatoria, alertaron a la Fiscalía Anticorrupción de la transferencia de 41,4 millones desde las cuentas de la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Defex y Comercial Cueto 92 a la oficina del Dexia Banque en el Gran Ducado “sin razón comercial o actividad mercantil alguna”. No se ha aclarado por qué, en cambio, los bancos españoles de los que salió el dinero o el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España no avisaron de estas transferencias sospechosas.

Tampoco Defex facilitó toda la documentación cuando la Fiscalía le reclamó el contrato con Angola. Fue el Deutsche Bank el que reveló la existencia de cuatro anexos, con los que presuntamente se trataron de justificar a posteriori los pagos fraudulentos.

La red se repartió 41 millones de un contrato de 153 para material policial

La propia creación de la UTE entre Defex y Cueto resultaba inexplicable, pues ni una ni otra disponían del material que pretendían suministrar a la Policía Nacional de Angola (vehículos, equipos de comunicaciones, uniformes, etc.) por lo que se limitaron a servir de intermediarios entre el fabricante (solo se ha acreditado el pago de 35 millones por una partida de vehículos URO) y el cliente. Eso sí, con un margen de beneficios de entre el 200 y el 300%.

¿Qué aportaba Cueto a Defex y por qué le cedió ésta la presidencia de la UTE? Fuentes de la investigación creen que el objetivo de su extraño maridaje fue ocultar el pago de comisiones ilegales, de las que se beneficiarían no solo funcionarios angoleños, sino también directivos de la compañía semipública española.

Cueto tenía, además, una envidiable agenda de contactos. Uno muy valioso era Beatriz García Paesa —sobrina del escurridizo exagente de Interior implicado en el caso Roldán—, a la que conocía de la universidad y que se encargaría de montar, desde su bufete en Luxemburgo, la intrincada red de sociedades a través de la cual circularían cohechos y sobornos. Pero aún más importante era su relación con el poderoso general angoleño Armando Da Cruz Neto, embajador de Angola en España entre 2003 y 2008. Cueto ha reconocido que acudió a la boda de la hija del general, en cuya cuenta corriente de Roma acabaron 25.000 euros procedentes del pelotazo de 41,4 millones. En la actualidad, Da Cruz Neto es el gobernador militar de la provincia angoleña de Benguela, donde está radicada la empresa Abangol Limitada, que recibió 6,5 millones de euros desde una de las cuentas gestionadas por García Paesa.

No es el único alto cargo angoleño citado en el sumario. Una transferencia de 5.000 euros fue a parar a la cuenta en París de un hijo de Demóstones Amos Chilingutila, viceministro de Defensa entre 1996 y 1998.

Aunque Angola es la principal víctima de la estafa, sus autoridades han dado la callada por respuesta a las comisiones rogatorias enviadas por España. Un personaje clave en la trama, Guillermo Augusto de Oliveria, con pasaporte angoleño y portugués, representante de Defex en Luanda, se esfumó después de que se dictara orden de busca y captura contra él. La Audiencia Nacional ha decretado la libertad provisional de los demás imputados tras el pago de sendas fianzas.

Una empresa en la picota

Cinco directivos de la empresa semipública Defex están imputados en el caso Angora, incluido su presidente hasta 2012, José Ignacio Encinas Charro. Manuel Iglesias-Sarriá, directivo de la firma, admitió estar detrás de una sociedad instrumental, cuyo último propietario es una fiduciaria de Gibraltar que constituyó con su esposa y que dispone de una cuenta en las Islas Caimán a la que fueron a parar 2,7 millones del contrato con Angola.

En el domicilio de Ángel María Larumbe, director de Operaciones de Defex, se halló un manuscrito con la palabra Kogan, que era el seudónimo utilizado por la persona a la que una firma suiza entregó 323.200 euros. El itinerario que siguió el dinero fue alambicado. A través de la red urdida por Beatriz García Paesa, los fondos salieron de Madrid para pasar por Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y Suiza antes de volver a la capital española.

Durante la segunda legislatura de Zapatero, el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, propuso la disolución de Defex alegando su ineficacia. No parece, sin embargo, que ese fuera su principal defecto.