El Gobierno vuelve a la casilla de salida

La llamada ley Gallardón se gestó antes, mucho antes, de que el actual Gobierno llegara al poder en diciembre de 2011. Antes incluso de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero consagrara en 2010 —y con un amplio consenso político— el derecho al aborto en España. No se había aprobado aún la ley Aído, cuando el entonces líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, llamaba a sus militantes a participar en la marcha Por la vida, la mujer y la maternidad celebrada el 17 de octubre de 2009 en Madrid.

“Esa manifestación no la convoca ningún partido ni la Conferencia Episcopal ni ninguna conferencia religiosa y no se quiere que se politice”, dijo. “Ahora, eso no quiere decir que nosotros no animemos y apoyemos a todos aquellos militantes que quieran ir a esa manifestación a defender nuestra posición”, subrayó. Y defendió la ley entonces en vigor, la de 1985, que permitía abortar en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre y malformación fetal. “Este partido está a favor de la vida y de la legislación actual, es lo que dice nuestro programa y el del PSOE; este partido votará no a una ley de plazos y la llevaremos al Constitucional”.

La ley de plazos llegó y con ella el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la madre o malformación del feto. El sector más conservador del PP comenzó a revolverse contra una norma que, además, permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres. Así que la dirección decidió actuar. En junio de 2010, tres meses después de que la ley que acercaba España a Europa viera la luz, el PP presentaba un recurso ante el Constitucional por vulnerar el equilibrio entre los derechos del no nacido y los de la madre. El alto tribunal, que rechazó suspender la aplicación de la norma, aún no se ha pronunciado.

El presidente dijo de la 'ley Aído' en 2011: "No voy a derogarla y a cambiarla toda"

En una entrevista concedida a EL PAÍS en noviembre de 2011, Rajoy daba algunas pistas por dónde podía ir la reforma de la ley cuando llegara a la presidencia del Gobierno. “Yo no he dicho que quiera volver a la anterior Ley del Aborto. Yo he dicho que no me gusta que una niña, sin el consentimiento y conocimiento de su madre, pueda abortar”, señaló. “Y creo que debemos de buscar alguna fórmula que afirme la protección del derecho a la vida. En eso estamos trabajando”. ¿Sobre la base de la actual ley? “No voy a derogarla y cambiarla toda. Pero creo que hay dos o tres cosas que hay que cambiar, y desde luego esta la tengo muy clara”.

Esa fue la contestación. Instalado ya en La Moncloa, consintió —hasta ayer— que Ruiz-Gallardón fuera mucho más allá. Tras dos complicados años de tramitación y de divisiones en el seno del Ejecutivo, el Consejo de Ministros daba luz verde en diciembre de 2013 a su polémica reforma, la más restrictiva de la democracia, porque suponía, de hecho, un retroceso de tres décadas en los derechos de las mujeres.

La contrarreforma, contestada por la oposición, los médicos, las asociaciones de mujeres e incluso Gobiernos europeos, suprimía el derecho al aborto, recogiendo las tesis más conservadoras que encarnan ministros como Jorge Fernández Díaz. O dicho de otra manera: interrumpir el embarazo volvía a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, en línea con la primera ley del aborto. Solo en línea con, porque los dejaba limitados a dos: violación o riesgo para la salud física o psíquica de la madre. El supuesto de malformación fetal, que sí contemplaba la norma de 1985, caía de un plumazo, lo que desató sonadas protestas de los profesionales médicos y recelos entre miembros del propio Gobierno. “Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento”, le espetó al ministro Gallardón el neurocirujano infantil Javier Esparza en dos cartas publicadas en este periódico en julio de 2012 y diciembre de 2013.

Asociaciones de mujeres, médicos y Gobiernos europeos criticaron el texto

La reforma de la ley del aborto arrancó con un fuerte respaldo del Gobierno que se ha ido diluyendo en estos meses. Rajoy la encargó, la anunció como candidato, la metió en su programa electoral, la aprobó como anteproyecto y la defendió incluso cuando voces discordantes del PP, en público, se posicionaban en contra. El presidente extremeño, José Antonio Monago, por ejemplo, desatendió las instrucciones del presidente de evitar debates públicos sobre la reforma al promover en el Parlamento de Extremadura un texto que afirmaba: “Nadie puede negar a una mujer su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarla a serlo”. No fue el único en cuestionar la norma o su tramitación. Dirigentes como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, clamaron por lograr un mayor consenso mientras decenas de mociones que rechazaban la reforma salían adelante en los Ayuntamientos con apoyo del PP. El gran talón de Aquiles era, precisamente, la supresión del supuesto de malformación fetal.

Tal era el rechazo que generaba —salvo prácticamente en la Conferencia Episcopal y las autodenominadas asociaciones provida— que Gallardón tuvo que hacer piruetas para matizar esta cuestión sin desdecirse a sí mismo. Su ministerio decidió en junio modificar el anteproyecto de ley del aborto sin crear un supuesto específico de malformación fetal para que una mujer que quisiera interrumpir su embarazo por este motivo pudiera hacerlo sin tener que probar antes que eso le causa a ella un daño psicológico. El Gobierno se resistía a aceptarlo como concepto y a reconocerlo ante los colectivos antiabortistas.

Este pasado fin de semana, una multitudinaria manifestación en Madrid recordaba al presidente que “los once millones de votos conseguidos” por el PP en las pasadas elecciones generales “no son un cheque en blanco”. Los sucesivos aplazamientos en la aprobación de la ley, las sucesivas comparecencias de la vicepresidenta esquivando la pregunta sobre su futuro, habían inquietado al colectivo de antiabortistas. “Rajoy, con aborto no hay voto”, clamaron. “Si les matan, no les votes”.

Dos días después de esa protesta y a ocho meses de las elecciones municipales, Rajoy vuelve a la casilla de salida. Igual que hace tres años anuncia que reformará la ley de plazos para que las menores de 16 y 17 años no puedan abortar sin permiso paterno.