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Las comunidades rehúyen la autoría de los recortes recogidos por Hacienda

Las autonomías afirman que no se reconocen en las medidas que ha recopilado el ministerio

Hacienda recogió en un documento los recortes propuestos por las comunidades para cuadrar sus cuentas, pero optó por no especificar cuáles las habían planteado para evitar todo coste político de cara a las elecciones de 2015. Esta fórmula, precisamente, ha permitido este martes a los Gobiernos autónomos desvincularse de las medidas de ajuste que se discutirán en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio.

Nadie se ha responsabilizado de las duras. Así, el ejecutivo de Castilla y León (PP) ha aseverado que ellos remitieron a Madrid medidas de ahorro que se centran en la eficiencia y "no de recortes". Y el presidente de Murcia, Alberto Garre (PP), también ha seguido la misma línea: "Aunque es muy importante controlar el déficit a todos los niveles, no va a haber más recortes. Pero sí eficiencia en el gasto".

Farmaindustria dice que analizó con el Gobierno el documento

Lluís Pellicer

El documento de medidas fue discutido por el Gobierno y las comunidades en una reunión en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado jueves a las once de la mañana. A la cita acudieron no solo representantes de los gobiernos, sino también de patronales del sector sanitario. Según explican asistentes al encuentro, a la sede del ministerio fueron Humberto Arnés y Javier Urzay, director y subdirector general de Farmaindustria; y Carmen Aláez, adjunta a la secretaría general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), lo cual provocó malestar entre varios representantes del sector público.

Una portavoz de Farmaindustria confirmó su presencia en la reunión del jueves y explicó que forman parte del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Hacienda para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe abordar medidas de contención de gasto para el año que viene. Según la patronal, esta no participa en la elaboración de propuestas, sino en su análisis. De hecho, en los próximos días hará llegar al ministerio una valoración de toda la batería de medidas que se presentaron a la reunión.

Según explican varias fuentes, a la reunión asistieron una veintena de altos cargos de varios ministerios y organismos adscritos al Gobierno. Entre ellos, de los ministerios de Hacienda y Sanidad, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Intervención General de la Administración del Estado, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la Oficina Económica del Gobierno o el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Además, hubo un miembro de cada comunidad autónoma.

De esta forma, a lo largo de la jornada, las autonomías se han esforzado en marcar distancias con el documento, que recoge medidas de "ahorro" como el cobro por largas estancias en hospitales, multas por no ir a recoger unos análisis, disminución de las becas escolares de comedor y la reducción de los días de descanso de los funcionarios. Una batería de severas propuestas que el propio Gobierno central ha descartado aplicar directamente. En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, José Antonio Beteta, ha asegurado que las recomendaciones de Hacienda "se dirigirán a la mayor eficiencia de los recursos". "No propondremos reducciones de gasto público generales para nada ni para nadie", ha añadido el ministro Cristóbal Montoro, que ha subrayado que le corresponderá a las autonomías elegir las medidas para cumplir con el déficit.

A todo esto, entre las grandes comunidades gobernadas por los populares, Valencia y Madrid han querido desligarse del texto. La portavoz de la primera, María José Català, ha reiterado que no puede aceptarse el recorte "porque supondría tocar el eje social". Y el presidente Alberto Fabra ha repetido que no reducirá el gasto de aquellas partidas que afecten a la prestación de servicios esenciales. La pretensión de Montoro es que la Generalitat recorte 1.100 millones más a sus exhaustas y deficitarias cuentas, aproximadamente 600 millones en sanidad y otros 500 millones en educación.

El problema reside en que Fabra ve cómo se desmorona su discurso desde que proclamó a finales de 2013 que este sería el año del nuevo modelo de financiación autonómica. Este lunes mismo, el líder de los socialistas valencianos estimó en unos 2.000 millones el saldo negativo para la Comunidad que arrojarán las balanzas fiscales, o cuentas territorializadas, que se harán públicas este miércoles. Intervenida de facto por el Gobierno, del que depende para pagar, y con las principales organizaciones empresariales pidiendo a Rajoy inversiones estatales acordes al peso de la autonomía; la Generalitat se ampara en la reclamación improbable de un fondo transitorio de compensación y se aferra a la negativa a hacer más recortes como a un clavo ardiendo.

También en Madrid han afirmado que son reacios a aplicar las medidas recogidas por Hacienda. El Ejecutivo de Ignacio González ha querido subrayar que no pedirá "más esfuerzos" a los ciudadanos para controlar el déficit, que cerró el pasado ejercicio al 1,01%, al límite del exigido por Montoro, que lo fijó en el 1% para 2014.

En Andalucía no va a haber más recortes en educación, ni en sanidad ni a los empleados públicos"

González, que pese a sus pretensiones sigue sin saber si será el candidato de su partido en las elecciones autonómicas de 2015, se estrenó al frente de la Comunidad con un tajo de 2.700 millones. A un año de la cita electoral trata de mejorar su imagen congelando tarifas como las del transporte público, el agua, las escuelas infantiles o los grados y másters de las universidades públicas. Todas ellas experimentaron subidas notorias los dos años anteriores. "Razón de más", según las fuentes consultadas, por la que en Madrid subrayan que la nueva tanda de recortes estaría pensada para aquellas autonomías que "no cumplen de forma sistemática" con los topes del déficit.

El Gobierno gallego tampoco se ha dado por aludido. Su consejera de Hacienda, Elena Muñoz (PP), ha hecho hincapié en que son medidas de aplicación "voluntaria" dirigidas a las comunidades que no cumplen con los límites de déficit y que Galicia no está entre ellas. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo cerró el año pasado en un déficit del 1,1% del PIB, una décima por debajo del tope, y confía en ser cumplidor también en 2014. "El hecho de que Galicia cumpla con su objetivo de estabilidad presupuestaria desde 2009 trae consigo que no tengamos que tomar medidas que obligatoriamente tienen que adoptar otras comunidades para cumplir con la ley", ha afirmado esta mañana Muñoz.

El Gobierno gallego no se da por aludido cuando se habla de nuevos recortes

El planteamiento de estos nuevos recortes ha encontrado los reproches más duros en las autonomías gobernadas por el PSOE y los nacionalistas. El Ejecutivo vasco "no reivindica ni se identifica con ninguna" de las 255 propuestas. Es más, su portavoz Josu Erkoreka ha remachado que existe la "preocupación de que el Gobierno central aproveche la coartada de la crisis para adoptar medidas recentralizadoras".

Esta es, precisamente, una de las cuestiones que el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere tratar en un nuevo encuentro con el presidente del Gobierno, una solicitud en la que también se incorporan las cuestiones relacionadas con la paz y la convivencia y sobre la que aún no ha obtenido respuesta. Erkoreka cree que el equipo de Mariano Rajoy está adoptando un "perfil peligroso" para quienes defienden el autogobierno, con un discurso y con medidas "revestidas de racionalidad". "Estamos francamente preocupados", ha insistido.

El consejero de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, también ha seguido la línea de ataque al Ejecutivo de Rajoy, al que ha acusado de mantener una "actitud voraz" respecto a los recortes y remachó que la prioridad ahora debe ser la de los ingresos. "No sé si Montoro es consciente de cómo se están debilitando los servicios públicos".

Y en Andalucía, bastión socialista, también se oponen "radicalmente" a todo recorte incluido en el texto de Hacienda. "Ese documento no nos representa", ha subrayado Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta, que ha afirmado que en Asturias —también en manos del PSOE— opinan igual. El representante andaluz ha reiterado que esta comunidad estará de las nuevas medidas. Una oposición, ha matizado, "que Montoro ya sabe".

Esta información ha sido elaborada por Ania Elorza (Bilbao), Antonio J. Mora y Virginia López (Sevilla), Sonia Vizoso (Santiago), Miquel Noguer (Barcelona), Adolf Beltrán (Valencia), J. J. Gálvez y José Marcos (Madrid).

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