El PP evalúa anticipar a las europeas el portazo al plan soberanista de Mas
El debate se ha adelantado ya al 10 de junio y estudian que sea el 6 de mayo
El PP tiene en sus manos iniciar la campaña electoral de las europeas con el portazo en el Congreso al plan soberanista aprobado en el Parlamento de Cataluña. Los plazos pueden permitir adelantar el debate y votación al 6 de mayo y, según fuentes parlamentarias, el PP lo está estudiando. Analiza si le conviene anticiparlo.
Inicialmente, la iniciativa iba a ser votada en el mes de septiembre por simple cumplimiento del calendario parlamentario y los cupos. Las iniciativas de los parlamentos autonómicos se debaten en los primeros plenos de cada mes por riguroso orden de llegada y cuando llegó la de Cataluña correspondió a septiembre. Sin embargo, el PP retiró la pasada semana una iniciativa del parlamento de la Comunidad valenciana sobre la Ley Orgánica de Financiación Autonómica que quedó sin sentido por la negociación abierta para modificar el sistema de financiación de las comunidades.
El pasado lunes correspondió el turno a una iniciativa del parlamento de Galicia y quedan para abril y mayo una de Navarra sobre la ley de consumidores que se aprobó en el Parlamento foral en noviembre de 2012 y otra de la comunidad Valenciana sobre inversiones que llegó en diciembre de 2011. A continuación llegaría la de Cataluña para el 10 de junio, ya después de las elecciones europeas. Pero la de la Comunidad Valenciana lleva dando vueltas en el Congreso desde hace más de dos años, porque se refiere a la llamada "cláusula Camps" que se introdujo en el estatuto, como imitación del de Cataluña para asegurar una inversión mínima en esa comunidad.
Dos veces se ha sacado su discusión del orden del día, porque le crea problemas al Gobierno y al PP. Se aprobó en Valencia en abril de 2011 con el anterior presidente Franscisco Camps, gobernaba en España José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el PP en el Ejecutivo tiene una visión distinta de la territorialización de las inversiones y más en momentos de crisis y control del déficit. Fuentes del Ejecutivo muestran su rechazo a esta iniciativa que ahora recuperaría la teoría de los porcentajes de inversión en cada comunidad incluidos en los estatutos. De hecho, el actual presidente valenciano, Alberto Fabra, ya ha cedido en varias ocasiones ante las peticiones de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para congelar la discusión de la iniciativa que ha quedado ya superada, incluso en el plazo de tiempo que establece para las inversiones.
La última vez que se aplazó el debate en el Pleno intervino el diputado del PP Gerardo Camps con una justificación que anticipa la retirada: "El aplazamiento de esta proposición de ley no supone ningún perjuicio a los valencianos, ninguno, porque saben ustedes que desde la sentencia del Tribunal Constitucional es el Gobierno el que hace los presupuestos y esta Cámara la que los aprueba sin que tengan que tener en cuenta disposiciones adicionales de este tipo, que ya están en algunos estatutos de alguna comunidad autónoma. Por tanto, no supone ningún perjuicio. Más bien justo lo contrario, ahorro económico y economía procesal".
Esa reforma consiste en incluir una disposición adicional al estatuto que diga: "La inversión del Estado en la Comunitat Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años".
Por eso, fuentes parlamentarias explican que el PP baraja pedir a la Comunidad Valenciana la retirada de la iniciativa lo que, además, significaría adelantar el rechazo a la iniciativa soberanista catalana. Si fuera así, solo tres días después de votarse y rechazarse la iniciativa catalana se abriría la campaña electoral de las europeas en la que, precisamente, parte del mensaje del PP será el de la defensa de la unidad de España, frente a lo que consideran tibieza del PSOE y a otras opciones que piden mayor dureza en este asunto como UPyD, Ciutadans y VOX, entre otras.
Esa estrategia, además, es curiosamente coincidente con la de los tres partidos catalanes que patrocinan la proposición de ley. Los portavoces de CiU, ICV y ERC presentaron una proposición propia idéntica a la del parlamento de Cataluña, precisamente, para no tener que esperar hasta septiembre. La de los partidos catalanes podría ser debatida y votada a finales de marzo o en abril, pero fuentes de esos tres partidos aseguran que si se adelantara la discusión de la del Parlamento autonómico estudiarían congelar la suya. Explican que la presentación de la iniciativa del Parlamento da más solemnidad a la proposición y permite, además, que sea defendida en la tribuna por parlamentarios catalanes, visualizando la legitimidad de su asamblea.
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