La Guardia Civil registra tres consejerías de Melilla

El segundo golpe de la juez María José Alcázar Ocaña ha sido aun más contundente. Unos 60 guardias civiles llegados de la Península, otros destinados en la ciudad y un puñado de secretarios judiciales han cerrado este miércoles por la mañana al público, en Melilla, las consejerías de Medio Ambiente, Bienestar Social y Festejos para registrarlas. También había agentes de la policía judicial ante las de Fomento y Seguridad Ciudadana, pero no habían entrado en ellas. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha afirmado que se ha entrado también en Economía; según explica Efe.

El domicilio particular del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, fue también registrado así como la sede melillense de la empresa Eulen a la que el Gobierno local adjudicó varios contratos. A los funcionarios del Ayuntamiento solo se les permitía un acceso restringido a los ordenadores.

El despliegue policial ha conmocionado a esta pequeña ciudad, de 85.000 habitantes, gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta y cuyo presidente es, desde hace 14 años, Juan José Imbroda, de 69 años.

Es la segunda parte de la llamada Operación Ópera que empezó a las ocho de la mañana a instancias del juzgado de instrucción número 4 de la ciudad del que es titular Alcázar Ocaña. El primer golpe la juez lo asestó en septiembre cuando 35 guardias civiles registraron durante horas las consejerías de Hacienda y Medio Ambiente y una empresa pública (Envismesa) donde sospecha, según expuso en un auto judicial, que se pudieron cometer “delitos de falsedad documental, exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias (…)”.

La investigación de la magistrada tiene como punto de partida el presunto fraude fiscal de un pequeño empresario, Abdelkader Kasem Abdelkader, administrador único de Reformas y Construcciones el Porvenir SL, cuyo único cliente es el Gobierno de la ciudad. Las facturas que él hacía, declaró, “no podían pasar de 30.000 euros” para no tener que ir a subasta o concurso público. A lo largo de sus 21 páginas, el auto recopila contratos menores adjudicados a cuatro empresas de Melilla por un importe de 4,9 millones.

Al margen de la Operación Ópera, en el Gobierno melillense hay cuatro altos cargos imputados por otros motivos, mientras que el jefe de la Oficina de Industria fue condenado el año pasado a tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación después de que se descubriese que gran parte de los 5.000 vehículos que habían pasado la ITV en la ciudad nunca desembarcaron en ella. El viceconsejero de Medio Ambiente ya dimitió en 2012 tras ser imputado por la presunta falsificación de títulos de buceo.