La fiscalía rechaza que se extradite a Argentina a ‘Billy El Niño’

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se rechace la petición de extradición a Argentina del expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño, acusado de torturas durante el franquismo por una juez del país sudamericano. El ministerio público alega dos motivos básicos para rechazar la entrega del exagente, al que la juez María Servini acusa de torturar a trece opositores políticos al régimen franquista entre agosto de 1968 y 1975. La acusación pública propone que en caso de que la Sala de lo Penal de la Audiencia rechace la entrega del exinspector, Argentina remita el expediente judicial a España para investigar los hechos en este país.

El primer argumento es que de acuerdo con el Código Penal español de 1973, vigente en el momento de cometerse los hechos denunciados en la querella interpuesta por el abogado Carlos Slepoy en nombre de las víctimas, el delito de torturas prescribía a los diez años de cometerse. Por ello, entiende el fiscal Pedro Martínez Torrijos, “el plazo de prescripción (…) habría transcurrido con creces”.

El segundo motivo que alega el fiscal para rechazar la entrega del exinspector, de 78 años, es que “los tribunales españoles son competentes para el conocimiento de los hechos” con preferencia sobre la justicia argentina. La Convención contra la Tortura de 1984 establece la obligación de perseguir los hechos en el Estado en el que se han cometido.

El fiscal considera que el hecho de tratarse de un nacional español que ha cometido los hechos en España con víctimas de esta nacionalidad “permite contemplar la posibilidad de enjuiciamiento efectivo en nuestro país”. Billy El Niño, recuerda el fiscal, “disfruta de arraigo en España, donde convive con su pareja sentimental y su hija y donde se encuentra su domicilio” y “no tiene vinculación alguna que se conozca” con Argentina.

González Pacheco y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, para quien también se pide la extradición, se encuentran actualmente sometidos a medidas cautelares para evitar su huída de la justicia. Por orden del juez Pablo Ruz debe comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio y tiene prohibido abandonar el territorio español.