Los dirigentes empresariales catalanes recelan de la secesión

El cava, un tipo de vino espumoso, se ha convertido en un emblema de Cataluña, al ser una de las exportaciones más sólidas de esta región nororiental de España. Durante la última década, los envíos anuales de cava han aumentado alrededor de un 50%, hasta llegar a los 161 millones de botellas.

Esa es la razón por la que los productores de cava no muestran el menor deseo de apoyar el movimiento secesionista catalán que está desafiando seriamente al Gobierno central de España, encabezado por el presidente Mariano Rajoy.

Toni de la Rosa Torelló, cuya familia es propietaria desde 1395 de una finca en la que se produce vino, declara que “el hecho de que fabriquemos el producto más representativo de Cataluña no significa que queramos estar representados en este debate político”.

José Luis Bonet Ferrer, presidente de Freixenet, el mayor productor de cava, señala: “Los empresarios tenemos derecho a preocuparnos si los políticos generan tensiones en vez de buscar el diálogo”.

Los empresarios tenemos derecho a preocuparnos si los políticos generan tensiones en vez de buscar el diálogo”

La actitud de estos ejecutivos catalanes es importante porque una premisa clave del argumento secesionista es que la economía de Cataluña, que representa casi la quinta parte de la producción económica de España, florecería si rompiese sus vínculos con el resto del país, económicamente rezagado. Algunos empresarios no están tan seguros.

Esto no lo dicen solo los viticultores que producen cava, sino también ejecutivos de todas las industrias que integran la economía catalana, de 200.000 millones de euros, equivalente aproximadamente a la de Portugal. La región combina un potente sector financiero, encabezado por el gran banco La Caixa, con una sólida base industrial que abarca sectores tradicionales como la fabricación de coches y también otros como la investigación científica y la tecnología médica.

Esta semana, el Gobierno regional catalán, encabezado por Artur Mas, cuantificaba con exactitud lo que piensa que el Gobierno central le debe a Cataluña, en concepto de inversión insuficiente y desventajas fiscales: 9.400 millones de euros, entre ellos 5.800 millones de euros de gasto en infraestructuras.

Pero ahora que se espera que los datos económicos del tercer trimestre que va a publicar España muestren que finalmente ha salido de una recesión de dos años – su segunda crisis económica desde 2008—, los empresarios catalanes afirman que les preocupa menos lo que Mas dice que Madrid debe a su región que una inestabilidad política que podría dificultar las perspectivas de España de volver a los niveles de crecimiento anteriores a la crisis. “En cualquier sociedad diversa, hay distintos puntos de vista, pero está claro que los emprendedores prefieren operar en un contexto de certidumbre”, puntualiza Salvador Alemany, presidente de Abertis, que tiene su sede en la capital de Cataluña, Barcelona, y que es uno de los mayores operadores europeos de autopistas de peaje y aeropuertos. “El consenso siempre es mejor que el conflicto”.

Aun así, últimamente ha habido pocos indicios de consenso. En septiembre, cientos de miles de proindependentistas se cogieron de la mano para formar una cadena humana que atravesase Cataluña. Tras ese alarde de fuerza, Mas dijo que Cataluña seguiría adelante con el plan de celebrar un referéndum sobre la independencia el año que viene, a pesar de la advertencia de Madrid de que esa votación infringiría las leyes españolas.

El 97% de nuestros miembros quiere que la relación actual con España cambie, pero eso no significa necesariamente la independencia”

Rajoy ha pedido hace poco a Mas que dé muestras de “magnanimidad” y retire el plan del referéndum. Mas ha respondido que es más bien Rajoy quien debe mostrarse magnánimo y otorgar a los catalanes el derecho a votar.

Los catalanes llevan mucho tiempo defendiendo su ancestral cultura y su idioma. Pero el secesionismo pasó de ser algo marginal a ocupar el pensamiento político convencional hace poco más de un año, después de que Mas no consiguiese convencer a Rajoy de que se debía permitir a Cataluña reducir su contribución a un sistema fiscal que redistribuye parte de los ingresos tributarios entre otras regiones españolas más pobres. Los 7,5 millones de habitantes de Cataluña representan el 16% de la población española.

Pero Cataluña también se ha beneficiado del hecho de formar parte de un país más grande. Por ejemplo, fueron los Juegos Olímpicos de 1992 –financiados en parte por el Gobierno central — los que contribuyeron a transformar Barcelona en una de las ciudades más visitadas de Europa, con más de 7 millones de turistas cada año, frente al millón que tenía antes.

Algunos ejecutivos catalanes han apoyado claramente el secesionismo, especialmente los miembros de la asociación de 100 empresas llamada FemCAT, fundada para ayudar a Cataluña a “ocupar el lugar que le corresponde en la escena mundial y europea”, según afirma el manifiesto fundacional de 2004.

“Podemos construir para Cataluña un modelo económico mucho mejor que el que se nos ha impuesto desde Madrid”, decía Jordi Bagó i Mons, un miembro de FemCAT que es consejero delegado de Serhs, un proveedor de servicios de restauración para hoteles y de otros servicios turísticos.

Pero la mayor parte de la comunidad empresarial catalana todavía tiene que decir cuál es su postura formal en el debate sobre la independencia. Antoni Abad i Pous, presidente de Cecot, una asociación que representa a unas 8.000 empresas catalanas, lamentaba el recorte del gasto en infraestructuras en Cataluña llevado a cabo por Madrid. Y decía: “El 97% de nuestros miembros quiere que la relación actual con España cambie, pero eso no significa necesariamente la independencia”. Hace un año, cuando Cecot consultó por última vez a sus miembros, el 53% veía con buenos ojos un Estado catalán separado.

Rajoy, por su parte, ha conseguido hasta el momento mantener a raya la amenaza secesionista, gracias en parte al desacuerdo de los políticos catalanes sobre hasta dónde debería llegar el impulso separatista. Incluso el partido Convergència i Unió, dirigido por Mas, dista de tener una opinión unánime a este respecto.

El Gobierno catalán también se ha visto debilitado por los escándalos de corrupción, entre ellos el caso centrado en averiguar si la constructora Ferrovial pagó sobornos a políticos locales para asegurarse el contrato de las obras del auditorio del Palau de la Música Catalana. También existe preocupación porque, a pesar de aprobar unos impopulares recortes para aplicar la austeridad, ha tenido dificultades hasta ahora para sanear sus cuentas públicas y porque su enorme deuda se ha duplicado en los tres últimos años hasta alcanzar los 52.000 millones de euros. La deuda catalana representa más de una cuarta parte de la deuda combinada de las 17 comunidades autónomas españolas.

Xavier Torra, el consejero delegado de Simon, un fabricante de interruptores y enchufes eléctricos, señala que el debate secesionista se ha vuelto “demasiado emocional” y se ha alejado de la realidad económica catalana. “La voz de las empresas catalanas ha guardado silencio en gran medida”, señala, “porque la mayoría de nosotros entiende que, tanto si la gente quiere ser independiente como si no, ya formamos parte de una economía totalmente interdependiente y globalizada”.

Simon es un perfecto ejemplo de una empresa que ha dejado atrás sus orígenes catalanes. Empezó hace un siglo siendo un taller de propiedad familiar en la localidad de Olot, pero hoy en día obtiene el 60% de sus 300 millones de euros de ingresos anuales en el extranjero. Cuenta con fábricas en una docena de países, entre los que se incluyen China, Polonia y Rusia.

Lo que más preocupa a algunos inversores es si el Gobierno de Rajoy podría vetar la entrada de Cataluña en la Unión Europea si se separa sin la aprobación de Madrid. El mes pasado, los promotores de un complejo de juego y de ocio de 4.800 millones de euros, llamado Barcelona World, advirtieron de que su proyecto catalán podría irse a pique si no se garantiza que Cataluña pertenecerá a la UE.

En lo que respecta a los fabricantes de cava, Bonet Ferrer de Freixenet, cuya sede se encuentra en Sant Sadurní d’Anoia, afirma que las empresas de su sector tienen razones adicionales para estar preocupadas. Se encontrarán en primera línea de cualquier boicot dirigido por los consumidores si la tensión política entre Madrid y Barcelona sigue aumentando.

¿Cuál es su opinión personal sobre la independencia? “Cataluña es una parte fundamental de España”, dice Bonet Ferrer, “y así es como debería seguir siendo”.

 © 2013 New York Times News Service

Traducción de News Clips