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La comisión que creó Rajoy contra la corrupción solo se ha reunido una vez

El presidente la anunció en febrero, se constituyó en marzo y no ha vuelto a convocarse

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La comisión creada por Mariano Rajoy en La Moncloa para poner en marcha medidas contra la corrupción solo se ha reunido una vez en cinco meses.

El 20 de febrero, el presidente del Gobierno presentó en el debate sobre el estado de la Nación un listado de propuestas legales contra la corrupción, como burladero político en pleno escándalo sobre Luis Bárcenas, tras haber publicado EL PAÍS los papeles del extesorero. Con esas propuestas se elaboró una resolución que fue apoyada por casi todos los grupos, y el 13 de marzo se constituyó la comisión en La Moncloa. Ahora, Rajoy baraja hacer referencia de nuevo a estas medidas contra la corrupción mañana en su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta del caso Bárcenas, aunque su puesta en marcha vaya a ritmo lento.

La comisión del 13 de marzo estaba coordinada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, e integrada por el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, y por representantes de primer nivel de los ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, e Interior.

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Financiación de partidos. “Ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos, con nuevas exigencias, y obligará a depositar las cuentas en un registro público”.

Tribunal de Cuentas. “Más medios para su labor de control, que se extenderá también a los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos. Regular los procedimientos de contratación de los partidos”.

Tesoreros. “Deber formal de colaboración con el Tribunal de Cuentas y obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento”.

Estatuto de políticos. “Ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas. Deberán quedar tasadas las escalas de retribución, los sistemas de protección social o compensación tras el cese. Oficina del conflicto de intereses y auditoría patrimonial de los altos cargos al final de su mandato”.

Lobbies. “Regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses”.

No se ha vuelto a convocar, a pesar de que en la nota oficial de aquella reunión se hace constar que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “pidió en la reunión constitutiva a los integrantes del grupo de trabajo que dediquen todos los esfuerzos y medios al alcance del Gobierno para fortalecer las instituciones y cerrar espacios a la corrupción en la vida pública”. No hay previsión de reunión de la comisión antes de septiembre, aunque fuentes de La Moncloa aseguran que los técnicos de los ministerios trabajan en cada una de las normas.

Las medidas que anunció Rajoy en febrero y que trató esa comisión en marzo se basaban en un informe previo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que nunca se ha hecho público. Incluso, el 17 de mayo, el Ministerio de la Presidencia entregó en el Congreso una petición de comparecencia del responsable del CEPC ante la Comisión Constitucional, sin que esta se haya sustanciado aún ni tenga fecha siquiera. El PP mantiene bloqueada la comparecencia de Pendás, que no se producirá antes de finales de septiembre, más de dos meses después de la solicitud. La petición de comparecencia debía servir para “presentar el informe ‘Medidas para un pacto por la transparencia y contra la corrupción’, enmarcado en la Estrategia de Regeneración Democrática desarrollada por el Gobierno”. Es decir, el informe sobre la transparencia utilizado por La Moncloa no solo no es transparente sino que es secreto, no se ha enviado a los grupos con los que debía pactarse y, por supuesto, no se ha hecho público ni se puede consultar. Ramón Jaúregui (PSOE) lo pidió oficialmente a la vicepresidenta sin obtener respuesta.

De todas las medidas enunciadas en febrero por Rajoy, la única en marcha es extender a los partidos y sindicatos el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia. El proyecto de ley está en trámite en el Congreso y era necesario incluir las modificaciones en las enmiendas. Este martes se vota en la Comisión Constitucional sin acuerdo con el PSOE. La regulación de los lobbies era por acuerdo en la Mesa del Congreso, pero no se ha avanzado. “Toda corrupción es insoportable, es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España. Propongo a todos los grupos un amplio acuerdo que ayude a devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes”, dijo Rajoy en febrero en el Congreso. Desde entonces no ha habido ni un solo contacto.

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