Siete años pidiendo una investigación justa de las causas del accidente

3 de julio de 2006. Mueren 43 personas y otras 47 resultan heridas al descarrilar un convoy del metro de Valencia. Se trata del accidente de suburbano más grave registrado nunca en España y uno de los peores en la historia de los ferrocarriles metropolitanos en todo el mundo. El siniestro se produjo poco antes de la una de la tarde, cuando el convoy de la vieja línea 1 descarriló al aproximarse a la estación de Jesús, en pleno centro de la ciudad.

4 de julio de 2006. El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, anuncia que la Generalitat adelantará una indemnización de entre 30.000 y 60.000 euros para cada uno de los heridos y familiares de las víctimas mortales "como pago a cuenta" de las compensaciones que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tendría que abonar a los pasajeros.

5 de julio de 2006. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, rechaza incluir en la declaración institucional cualquier referencia a la voluntad de la Corporación de colaborar en las tareas de investigación del mortal accidente de metro.

11 de julio de 2006. La familia de una de las víctimas se persona en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el descarrilamiento. El mismo día, el comité de empresa apunta a un fallo en el sistema de frenado como una de las hipótesis del accidente.

13 de julio de 2006. El PP de Francisco Camps, que gobierna con mayoría absoluta en la comunidad, quiere que los trabajos de la comisión se liquiden en el plazo de un mes. Los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana denuncian que llevan seis años reclamando mejoras de seguridad en la línea de metro accidentada.

21 de julio de 2006. El PP reduce la investigación del accidente a solo cinco días para estudiar la documentación solicitada, que comprime en cuatro jornadas las comparecencias, se limita a menos de 24 horas el tiempo para elaborar el dictamen y se fija para el 11 de agosto el pleno para zanjar definitivamente la investigación. Un calendario que los grupos de la oposición consideran una “estafa” a los ciudadanos y una “provocación”. La comisión determina que no hubo responsabilidad política ya que el accidente se debió a un fallo humano.

28 de julio de 2006. La policía dice que el accidente fue por exceso de velocidad.

16 de septiembre de 2006. Camps asume indemnizaciones como las de los damnificados de las inundaciones de Biescas (Huesca) para frenar la investigación judicial. El Gobierno valenciano se ha negado en todo momento a asumir responsabilidades políticas por la supuesta falta de seguridad en la línea donde volcó el convoy.

21 de marzo de 2007. La juez archiva la causa sin investigar la seguridad. Considera que el exceso de velocidad fue la única causa y no se puede establecer ninguna responsabilidad penal dado que el conductor murió en el siniestro.

14 de junio de 2007. La juez reabre la causa. El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ordena practicar nuevas pruebas relacionadas con la formación del maquinista y las balizas de limitación de velocidad. La resolución indica que "podría cuestionarse la existencia de responsabilidad política derivada de la falta de inversiones necesarias para garantizar al máximo la seguridad" de los viajeros.

9 de mayo de 2008. La Audiencia de Valencia respalda el archivo de la investigación y rechaza los más de 20 recursos presentados por los afectados, dando por buena la decisión que el pasado mes de febrero tomara la juez instructora del caso, Nieves Molina.

2 de julio de 2010. El sistema de seguridad del metro no está instalado cuatro años después del accidente. El PSOE insiste en que no se han depurado responsabilidades políticas por aquel accidente y reclama la dimisión o la destitución de la gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia.

3 de julio de 2011. Cinco años después del siniestro, el presidente valenciano Francisco Camps no ha recibido aún a los familiares de las víctimas pese que un año y medio después del siniestro dirigieron una carta al presidente, en la que pedían reunirse con él.

20 de octubre de 2011. Fabra y tres consejeros reciben a las víctimas del accidente de metro de Valencia. Estos le piden que se asuman responsabilidades políticas.

20 de febrero de 2012. El Mundo publica que los técnicos del metro fueron a las Cortes instruidos sobre el accidente. La empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) contrató en julio de 2006 a un grupo de expertos para que aleccionaran a los técnicos de la compañía llamados a declarar en la comisión de investigación para esclarecer las causas del accidente. El objetivo que perseguía la empresa era que sus técnicos defendieran sin fisuras la “verdad oficial”, esto es, que la tragedia del metro fue “un accidente” producto de la “mala suerte”. De este modo se justificaba la negativa a asumir cualquier responsabilidad, que recayó en el conductor fallecido del convoy. Los documentos que probarían la existencia de esta estrategia forman parte de la denuncia presentada contra la gerente de FGV, Marisa Gracia, por el supuesto amaño de unos informes que sustentaron la adjudicación irregular a determinadas empresas de seguridad de unos contratos millonarios. El asunto lo investigan la fiscalía y la Guardia Civil.

7 de marzo de 2012. Los socialistas piden una auditoría independiente y el PP rechaza abrir de nuevo la investigación.

30 de octubre de 2012. Marisa Gracia, gerente de FGV, dimite seis años después del grave accidente del metro. Gracia, en la gerencia durante nueve años, abandona el cargo desgastada por el grave accidente de metro, las sospechas en torno a su gestión y los recortes en la compañía. Pablo Cotino Mulet, director del Ente Gestor de Infraestructuras y Puertos, la sustituye a principios de noviembre.

30 de abril de 2013. La oposición exige otra comisión de investigación y pide respuestas al presidente de las Cortes, Juan Cotino, después de la emisión del reportaje del programa Salvados sobre el accidente del metro. En el programa se ve cómo evitó contestar las preguntas del periodista Jordi Évole haciéndose pasar por su hermano en una llamada telefónica. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, descarta abrir una nueva investigación del accidente.

6 de mayo de 2013. El PSPV aporta documentos para abrir el caso del accidente de metro. Los socialistas consideran que hubo delito de falso testimonio. FGV preparó las comparecencias de la comisión de investigación.

14 de mayo de 2006. La denuncia de los socialistas llega a la Fiscalía de Valencia. Tres días después, abre diligencias.

3 de julio de 2013. Seis años después del accidente, las víctimas piden reabrir la investigación. Miles de valencianos se concentran en recuerdo de los fallecidos.

22 de julio de 2013. La fiscalía pide que se reabra el caso del accidente del metro de Valencia. El ministerio público solicita la apertura de diligencias por 43 supuestos delitos de homicidio por imprudencia y 47 de lesiones por imprudencia profesional.