41 muertos al descarrilar un convoy del metro de Valencia que entraba en una estación

"Iba muy fuerte. El vagón ha descarrilado y se ha vuelto todo oscuro. El vagón ha volcado y así se ha ido deslizando por el túnel", explicaba ayer José Manuel Muñoz Pérez, soldador de 60 años y usuario habitual de la línea 1 del metro de Valencia, herido en el accidente de metro más grave registrado nunca en España y uno de los peores en la historia de los ferrocarriles metropolitanos en todo el mundo. El siniestro se produjo poco antes de la una de la tarde, cuando el convoy de la vieja línea 1 descarriló al aproximarse a la estación de Jesús, en pleno centro de la ciudad. Murieron 41 personas, según la cifra que ofreció la Generalitat a las diez y media de la noche, y 47 resultaron heridas. A última hora de ayer, una docena de los heridos seguían hospitalizados con distinto nivel de gravedad, cuatro de ellos en estado muy grave. Los bomberos seguían trabajando hasta entrada la noche para intentar rescatar más de media docena de cuerpos que todavía permanecían entre el amasijo de hierros.

La investigación apunta a la excesiva velocidad del tren y la rotura de una rueda como posibles causas del siniestro

En el convoy viajaban más de 150 pasajeros. Unos 47 resultaron heridos. Cuatro de ellos están muy graves

La cifra oficial de fallecidos osciló a causa de la dificultad para extraer los cuerpos. El conductor es una de las víctimas mortales

Una decena de psicólogos se encargaron de atender a las familias de las víctimas

Muchos de los muertos quedaron irreconocibles por el choque, según el Gobierno valenciano

Rajoy se desplazó junto a las autoridades valencianas a consolar a las familias

Zapatero suspendió su viaje a India y anunció que acudirá hoy al funeral

La luz de alarma se encendió a las 13.03 de ayer, cuando desde un teléfono móvil un pasajero de los que iban en el convoy que unía las localidades de Paterna y Torrent llamó al teléfono de emergencias 112 Comunidad Valenciana. La llamada hizo presagiar lo peor. En un día sofocante como el de ayer, pero de 1997, los teléfonos también empezaron a sonar como locos. Un accidente en el barco Proof Spirit durante la carga del combustible dejó 18 muertos y una decena de heridos en el Puerto de Valencia.

Ayer le tocó al metro. Un convoy de la línea 1, integrada por dos unidades del modelo UTA 3736 construidas en 1989 y 1990 había descarrilado entre las estaciones de Plaza de España y de Jesús, a poco más de un kilómetro de la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

El Gobierno autónomo achacó el accidente a causas "fortuitas" pero evitó apuntar una causa concreta como detonante de la tragedia. El consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, manifestó desconocer a qué velocidad circulaba el convoy porque todavía no se había podido acceder a la caja negra, aunque indicó que cuando hay un exceso de velocidad suele descarrilar el segundo vagón y no el primero.

El consejero indicó que no se apreciaba ninguna rotura en las ruedas. Una versión que contrasta con lo manifestado por el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Luis Felipe Martínez, que apuntó que el accidente seguramente había estado provocado por un exceso de velocidad y la rotura de "algún elemento mecánico, posiblemente una rueda".

Horas después, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, reconoció que se manejaban "muchas hipótesis" pero descartó con rotundidad que el siniestro hubiese sido provocado. La hipótesis de que una parte del techo del túnel se hubiese desprendido y provocado el descarrilamiento del convoy quedó descartada apenas una hora después del siniestro, con la salida de los primeros bomberos.

El conductor de la unidad, tras unas horas de confusión en las que se le dio por herido, fue identificado finalmente como una de las víctimas mortales, con lo cual la juez no podrá contar con uno de los testimonios clave para esclarecer los hechos.

El Gobierno valenciano aseguró ayer que las unidades siniestradas son revisadas cada 15, 30, 90 y 180 días y que la última revisión del convoy accidentado se realizó el pasado 27 de junio. Las ruedas (bogies) de la máquina siniestrada fueron retorneados el 3 de mayo de este año, lo que les da una vida útil de "más de dos años", según la nota del Gobierno autónomo.

Tras recibir la señal de alarma, el dispositivo de emergencia -en alerta ya por la celebración del Encuentro Mundial de las Familias y la visita del Papa Benidicto XVI prevista para el próximo fin de semana- se puso en marcha. Sólo cinco minutos después del accidente de metro, a las 13.06, el teléfono de emergencias de la Generalitat ya echaba humo. 279 llamadas alertaban de la gravedad del siniestro

Mientras, por las bocas del metro empezaban a salir los pasajeros con heridas leves por su propio pie, las primeras unidades del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Bomberos, SAMU, Cruz Roja y Protección Civil se ponían en marcha.

La Jefatura Superior de Tráfico, que se halla justo a la salida de las bocas de metro más cercanas al lugar del siniestro, sirvió para atender a los primeros heridos de la tragedia.

El Cuerpo Nacional de Policía bloqueó los accesos al metro de la estación de Plaza de España y la de Jesús, mientras bomberos y sanitarios empezaban a acceder al túnel. Las primeras caras descompuestas y tiznadas de hollín con miradas perdidas empezaban a dar cuenta de la magnitud de la catástrofe. El servicio de metro se detuvo y la Policía Local cortó la avenida de Giorgeta, una de las principales arterias de la ciudad, lo que contribuyó a aumentar la sensación de alarma.

Hasta las bocas de metro de la estación de Jesús llegaron en cuestión de minutos un total de 40 ambulancias. Los heridos más leves fueron atendidos en el hospital de campaña habilitado en la calle de Rubielos de Mora, junto a la Jefatura de Tráfico. Los heridos más graves se subieron a ambulancias medicalizadas y se trasladaron a distintos hospitales de la ciudad.

Un hombre y una mujer en estado grave fueron trasladados al Hospital Clínico, otra persona grave a La Fe, siete personas más de diversa consideración al Hospital General, otras seis víctimas -entre las que había una embarazada- al Hospital Peset y cuatro fueron atendidas en la Clínica del Consuelo. Los heridos más leves fueron dados de alta por la tarde y, finalmente, sólo quedaron ingresadas 12 personas.

Para los cadáveres se instalaron unas tiendas de campaña cubriendo la boca del metro. Un furgón funerario con las puertas abiertas los esperaba para irlos trasladando al Instituto de Medicina Legal ubicado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Alrededor de las cuatro de la tarde, el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, Manuel Castilla, facilitaba dos teléfonos de la policía para que familiares de las víctimas se pusiesen en contacto con los investigadores. A esa hora, cinco especialistas de la Unidad de Grandes Catástrofes volaba desde Madrid a Valencia para colaborar con los forenses y las unidades policiales ya presentes en la identificación de los cadáveres.

Fuentes policiales reconocieron que el amasijo de hierros y el estado en el que habían quedado varios de los cuerpos hacía muy difícil su identificación por lo que, previsiblemente, las labores de reconocimiento se prolongarían bastante más de lo deseado.

Pasada la una y media de la madrugada los forenses terminaron las 41 autopsias quedando identificados 22 cuerpos -siete hombres y 15 mujeres-. El proceso de identificación del resto de las víctimas (19) aún no se había concluido.

La tragedia alteró no sólo la vida ciudadana, sino toda la actividad institucional. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que estaba de viaje a Almería, dio media vuelta para acudir hasta el lugar del siniestro. El Gobierno también puso todos sus medios para hacer frente a la catástrofe.

El accidente es el más grave en la historia de España. Desde 1975 sólo se habían producido hasta ahora un total de seis víctimas mortales en los metros de Madrid y Barcelona.

La línea 1 del metro de Valencia en la que se produjo la tragedia es la misma que registró el 9 de septiembre de 2005 un accidente en la localidad de Picanya, en una zona que discurre en superficie. Entonces, un convoy no pudo frenar a tiempo y colisionó con otros dos convoyes que estaban detenidos por una avería. A consecuencia del choque una persona resultó con heridas graves y otras 32 con heridas de diversa consideración. Se trata de la más antigua de la red, ha sido objeto de agrias discusiones entre los representantes de los sindicatos y la Generalitat por discrepancias sobre el nivel de inversión realizado.

El secretario general del Sindicato Ferroviario de Valencia, Fernando Soto, tachó de "imposible" que el exceso de velocidad fuese la causa porque el accidente tuvo lugar en una curva muy prolongada y "ningún maquinista haría esa locura". La sección de UGT en Ferrocarrils de la Generalitat apuntó que los técnicos son los que conocen el estado del material y de las vías y que su opinión es necesaria para determinar las causas.

Las quejas no sólo han procedido de los sindicatos, sino también de los partidos de la oposición. Los socialistas se han quejado de la deficiente inversión en el mantenimiento y renovación de esta línea de metro que enlaza varias poblaciones del área metropolitana con el centro de Valencia. El PSPV-PSOE se quejó el año pasado de que los trenes utilizados en la línea 1 tenían que ser enganchados de dos en dos para poder dar servicio, ya que su capacidad es muy pequeña. Además criticaron la falta de capacidad de Ferrocarrils de la Generalitat para efectuar reparaciones largas y el deterioro del parque de vías. La catástrofe obligó a cortar ocho kilómetros de túnel y afectó también a la línea 5. La medida afectó a miles de personas que se quedaron sin transporte público. Ferrocarrils de la Generalitat no pudo ofrecer una estimación de los usuarios afectados, aunque indicó que el inicio de las rebajas y el final del curso académico hacía suponer que, a los asalariados que utilizan habitualmente este transporte, se habían sumado amas de casa y estudiantes. Un perfil que seguramente tenían los más de 150 pasajeros que viajaban en el convoy siniestrado. Un número que, según el consejero de Infraestructuras valenciano, José Ramon García Antón, permite descartar la sobrecarga como una de las posibles causas del accidente.

Las críticas sobre el estado de la línea 1 del metro de Valencia y las muestras de duelo contrastaban ayer con la imagen de una ciudad engalanada para recibir al Papa Benedicto XVI, que acudirá el próximo fin de semana al V Encuentro Mundial de las Familias y se reunirá con los Reyes y con el presidente del Gobierno.

Un evento que ha teñido el centro de la ciudad y las arterias que conducen hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias -en el este- y el aeropuerto -en el oeste- de blanco y amarillo. Las banderas vaticanas y los retratos del Pontífice, visibles también desde las bocas de metro por las que salían los cadáveres hacia el Instituto de Medicina Legal se convirtieron así en testigos inesperados del llanto y el dolor de los heridos y los familiares de las víctimas. Anoche, la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias estudiaba la posibilidad de suspender todos los actos lúdicos previstos para los peregrinos. El Vaticano anunció que el Papa mantenía la visita programada para el próximo fin de semana.

Durante toda la tarde, cuatro equipos de forenses se encargaron en el Instituto Anatómico Forense de las autopsias de los fallecidos en el accidente del metro. Un equipo de la comisaría general de Policía científica, especializado en grandes catástrofes, procedente de Madrid estuvo trabajando durante toda la tarde en el lugar del accidente para intentar identificar los restos de las personas cuyos cuerpos quedaron más deteriorados. Los cinco especialistas no sólo trabajaron ayer en necrorreseñas -la identificación de un cuerpo a partir de objetos personales o restos humanos-, sino que colaboraron en detectar las posibles causas del accidente a través de la inspección del lugar del siniestro. Este grupo de especialistas trabajó en la identificación de víctimas del tsunami registrado en Indonesia y accidentes aéreos registrados en Iberoamérica y Europa.

Quince psicólogos se encargaron durante toda la jornada de atender a los familiares de las personas que viajaban en el convoy y a los heridos conmocionados por la tragedia. Entre los especialistas destacados para atender a las familias estaban algunos de los que atendieron a los parientes de los 18 fallecidos en el albergue de La Todolella (Castellón). Al menos 11 de los muertos eran vecinos de la ciudad de Torrent, donde termina la línea de metro accidentada. El Gobierno de Ecuador, por otra parte, se interesó por averiguar si hay entre los heridos o los fallecidos ciudadanos de ese país.

Dos autobuses de la EMT se encargaron de trasladar a las familias de las víctimas hasta la Ciudad de la Justicia donde se realizaba la autopsia a los cadáveres. Sobre las doce de la noche, entre 500 y 600 personas acudieron a ese lugar en busca de sus familiares. La jueza que se encargará de la investigación no hará públicas las identidades de los fallecidos por respeto a sus familias, según fuentes de la consejería valenciana de Justicia.

"Estamos ante una auténtica tragedia, uno de los días más tristes de la Comunidad Valenciana. Todo nuestro esfuerzo, cariño y cercanía a las personas que ahora están sufriendo", manifestó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras visitar el lugar del accidente.

La catástrofe provocó un aluvión de condolencias procedentes de todas partes del mundo. La Casa Real transmitió su solidaridad a la alcaldesa y al presidente autonómico. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, suspendió su viaje oficial a India, mientras varios miembros del Ejecutivo, como la titular de Fomento, Magdalena Álvarez, se desplazaban hasta Valencia.

El Gobierno valenciano, reunido en sesión extraordinaria a primera hora de la noche, declaró tres días de luto oficial entre el 3 y el 5 de julio y convocó cinco de minutos de silencio a medio día de hoy. Todas las actividades institucionales fueron suspendidas ya en la jornada de ayer, incluidos los espectáculos de la tradicional Feria de Julio de Valencia. La asociación de vecinos de Patraix -el barrio en el que se registró el accidente- pidió a los valencianos que pongan crespones negros en los balcones en señal de duelo.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Vicente Rambla, anunció que se creará una comisión interdepartamental para coordinar todas las actuaciones necesarias derivadas de la tragedia. En la reunión el Gobierno que preside Camps también decidió solicitar la comparecencia urgente del consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, en las Cortes Valencianas para "explicar las razones del accidente". El consejero portavoz volvió a reiterar que "todo parece indicar que es un accidente fortuito", pero no quiso apuntar posibles causas. "Todos los esfuerzos hoy [por ayer] se han centrado en el rescate y en los próximos días los técnicos determinarán las causas". Rambla no quiso valorar las declaraciones que apuntan a un exceso de velocidad y la ruptura de un elemento mecánico como causas del accidente. El consejero se limitó a indicar que en una catástrofe como la sucedida es habitual que al principio haya muchas informaciones, incluso contradictorias entre sí.

Los bomberos y los forenses seguían trabajando anoche en el interior del túnel donde descarriló el convoy para intentar rescatar los últimos cuerpos de entre el amasijo de hierros. Fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat indicaron que sus técnicos no podrían acceder al lugar del siniestro hasta cerca de la medianoche, lo que provocó el malestar de los ingenieros de la compañía. Éstos insistieron ayer en que es imposible determinar las causas del accidente hasta que no se tenga acceso a la caja negra del convoy accidentado.

"Muchas de las víctimas están en estado irreconocible y con miembros seccionados, lo que dificulta la labor de identificación", explicó el consejero Rambla.

De las dos unidades, una de ellas estaba volcada, mientras que la otra se mantenía en pie. El problema de los bomberos estaba en levantar la chatarra para comprobar la existencia de cuerpos bajo ella. Algunos de los cadáveres fueron encontrados esparcidos por las vías.

A pesar de las dificultades en el reconocimiento de los cuerpos, se acordó que el funeral oficial por las víctimas tendrá lugar hoy a las siete en la catedral de Valencia. El presidente del Gobierno anunció su presencia en el acto religioso. También han confirmado su asistencia don Juan Carlos y doña Sofía. Zapatero expresó ayer sus condolencias a los familiares de las víctimas. A estos funerales está prevista la asistencia de autoridades procedentes de otras autonomías.

Desde el Palau de la Generalitat, Camps, acompañado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, se desplazó hasta la Ciudad de la Justicia se estaban realizando las identificaciones. Allí coincidieron con la ministra de Fomento, que en representación del Gobierno se desplazó a Valencia. La ministra aseguró que se trataba de "un día muy triste".

Posteriormente se sumó la titular de Sanidad, Elena Salgado. Los representantes políticos se desplazaron posteriormente a visitar a alguno de los heridos ingresados.

Toda la clase política valenciana, sin excepción, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y heridos y reclamaron un apoyo incondicional para que sientan todo el apoyo y la solidaridad. El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, ofreció la colaboración institucional de su partido para aclarar lo sucedido. Comisiones Obreras, UGT, CGT, y otros sindicatos se sumaron al dolor provocado por el accidente.

Los representantes de los sindicatos pidieron ayer prudencia entorno a las causas del accidente hasta que la investigación determine su causa real.