Chantajistas, pero condenados

Luis Bárcenas apunta desde la cárcel al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y amenaza con destapar nuevas pruebas que acrediten la presunta financiación irregular del PP. No es el primero ni será el último que utiliza el chantaje contra el Gobierno y las instituciones del Estado para escapar de la acción de la Justicia, pero la historia reciente demuestra que esa estrategia conduce al fracaso. Todos los que lo intentaron antes —desde Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, hasta el empresario Javier de la Rosa— fueron juzgados, condenados y cumplieron sus condenas. El extesorero del PP, de 56 años, tiene muchas probabilidades de recorrer idéntico camino.

Esta es la galería de personajes que durante la democracia amenazaron al Estado, en un intento desesperado de alcanzar la impunidad. Unos vomitaron casi todo lo que sabían, otros callaron lo que les convenía, algunos cobraron o recibieron trato de favor del medio que canalizó sus denuncias. Otros amagaron, pero al final no llegaron a cumplir sus amenazas.

Luis Roldán

El ex director general de la Guardia Civil chantajeó al Gobierno de Felipe González nada más protagonizar su fuga en 1994, al ingresar en prisión y durante la celebración de su juicio. Denunció el uso de los fondos reservados que cobraron él y altos cargos de Interior, mientras ocultaba el cobro de comisiones ilegales, origen de su fortuna en Suiza (más de 10 millones de euros que logró salvar); involucró al exvicepresidente Narcís Serra y al exministro de Defensa Julián García Vargas en un intento de espionaje a Mario Conde (caso Crillon); y reveló la participación de miembros de la Guardia Civil en el denominado GAL Verde, asegurando que desde Interior se dirigía una red dedicada a enviar paquetes bomba a simpatizantes de ETA.

Luis Roldán buscó crear un escenario de implicación general que llegara hasta lo más alto. Su objetivo era lograr un indulto general que le eximiera de sus responsabilidades penales. La catarata de denuncias y amenazas que dosificó a lo largo de varios años no impidió una condena de 31 años de prisión por los delitos de malversación, cohecho, estafa, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Cumplió 15 años entre rejas.

José Amedo y Michel Domínguez

El subcomisario y su escudero mantuvieron los labios cerrados durante años, negando cualquier relación con la creación u organización de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que durante los gobiernos socialistas asesinaron a 23 etarras en Francia y secuestraron a Segundo Marey. Ambos policías fueron condenados a 108 años de cárcel por los atentados en los bares Batxoki y Consolation, en el Sur de Francia, en los que hubo seis heridos graves. El Gobierno les pagó mientras cumplían su condena y colocó 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) en el banco suizo UBS a nombre de sus esposas.

Amedo pasó de declarar en julio 1988 que todo era un “montaje” a advertir en marzo de 1993: “José Barrionuevo tiene buena información sobre los prolegómenos y entresijos de todo el procedimiento. Pero no solo él”. Y meses después lanzó una frase lapidaria: “Mi silencio tiene un límite”. El prometido indulto de sus superiores no llegaba y Amedo advertía. Un año después, vendió su testimonio a El Mundo por 30 millones de pesetas (180.000 euros) —según asegura é mismo en su libro de memorias— e implicó a sus superiores en la trama criminal.

Rafael Vera

El exsecretario de Estado para la Seguridad, investigado por el uso de fondos reservados y por el secuestro en Francia de Segundo Marey, hizo un amago de amenaza que no ejecutó. Aseguró que disponía de pruebas sobre el cobro de fondos reservados por destacados jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y depositó 59 folios en una notaria.

Al final reculó: “No voy a tirar de la manta; una manta que me ha servido para abrigarme cuando tenía frío”, declaró en 2004. Y un año después añadió: “Sigue habiendo alcantarillas por las que se va la porquería. Han sido tiempos, los de atrás, muy sucios. ¿Para qué vamos a abrirlos? Renuncio a esa posibilidad”. Vera fue condenado a siete años de cárcel por malversación de caudales públicos en el caso de los fondos reservados y a 10 por el secuestro de Marey.

Javier de la Rosa

En 1994 el financiero catalán Javier de la Rosa ingresó en prisión acusado de los delitos de apropiación indebida y falsedad durante la etapa en la que presidía Grand Tibidabo. La policía le detuvo cuando se escondía en un coche aparcado a tiro de piedra de los juzgados de Barcelona. “No tienen ni idea de las consecuencias que [la detención] puede tener”, advirtió de la Rosa al fiscal Carlos Jiménez Villarejo para que se olvidara de él. Horas antes de su detención, en el programa La Linterna de la cadena Cope, amenazaba con poner “todas las cartas sobre la mesa”. El empresario apuntaba a la financiación irregular de los partidos políticos en Cataluña, a altos cargos de la Generalitat y a dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Las amenazas del empresario no sirvieron de nada ni en este ni en otros casos como el de Torras-KIO, donde apuntó al Rey y a otras autoridades del Estado. Fue condenado a tres años de prisión por el delito de apropiación indebida de 68 millones de euros que De la Rosa reconoció en un pacto extrajudicial. Más de 10.000 pequeños accionistas perdieron sus ahorros.

Mario Conde

El empresario protagonizó uno de los chantajes más sonoros. Tras salir de prisión en enero de 1995, contactó con el coronel del CESID Juan Alberto Perote e intentó zafarse del caso Banesto y lograr una indemnización de 83 millones de euros que aseguraba haber perdido por la intervención del banco. Con los documentos del servicio secreto robados por Perote, en los que aparecían pruebas de la guerra sucia contra ETA durante la etapa de UCD, intentó buscar del Gobierno de Felipe González “la solución del caso Banesto”.

La declaración del expresidente Adolfo Suárez en el juicio oral destapó las pruebas del chantaje. Suárez detalló cómo Conde le visitó en su casa de La Florida con las fotocopias de los informes del CESID y le pidió que le gestionara una entrevista con el presidente González.

El chantaje urdido por Conde con la ayuda de Perote no funcionó: el exbanquero fue condenado a 20 años por los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad. Un tribunal militar condenó al excoronel a siete años por revelación de secretos. El Supremo y el Constitucional confirmaron el fallo. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo estimó que sufrió una falta de imparcialidad.