El juez exige a Hacienda un informe “comprensible” sobre el lío de las fincas

El juez del caso Nóos, José Castro, ha exigido a la Agencia Tributaria que efectúe un nuevo informe fiscal sobre la realidad del patrimonio de la infanta Cristina. El instructor reclama a Hacienda “que rectifique” la documentación anterior sobre cuentas, inversiones, bienes y ventas, librada el pasado 13 de junio, en la que atribuyó a la hija del Rey la propiedad de hasta 13 fincas, que habrían sido traspasadas por 1,43 millones de euros. Estas supuestas propiedades y su venta se constataron inmediatamente como erróneos por la propia interesada, que lo desmintió a través de un portavoz, así como de fuentes directas del Registro y del Notariado.

José Castro ha exigido en su auto a la inspección tributaria que explique “de manera comprensible y documentada las razones a las que obedece la disparidad” existente en los datos de los bienes atribuidos a Cristina de Borbón. El instructor está molesto e incómodo con este episodio de fallos y rectificaciones de los que se entera externamente por la prensa toda vez que no ha recibido rectificación o explicación oficial por parte de la Agencia ni del Ministerio de Hacienda. “No es en los medios” donde el juez debe informarse, advierte en tono de reproche. El magistrado ironiza con que “echa en falta” que la Agencia Tributaria le remitiera un nuevo expediente, una fe de errores o una adenda, que a día de ayer todavía no le había llegado.

El juez Castro indaga la posible relación de la hija del Rey con un delito de blanqueo de capitales o de fraude fiscal, ligados con el manejo de fondos ilícitos generados a través de la sociedad familiar Aizoon, cuyo capital comparte con su esposo Iñaki Urdangarin. La Audiencia de Palma vetó la imputación y citación de Cristina de Borbón pero encaminó esa nueva vía al instructor, tras reprochar a la Agencia Tributaria lagunas y vacíos en su primer informe de exculpación. Los inspectores tributarios, en sus análisis al juez, han exonerado a la infanta.

Para despejar los borrones en la información tributaria de la causa, que se han advertido desde el exterior, el juez apunta a la Agencia Tributaria más tareas. Reclama que se le diga si ha iniciado alguna comprobación sobre las supuestas transmisiones de fincas atribuidas a la infanta, por si era precisa una inspección fiscal o una información complementaria. “Tanto en orden de determinar un supuesto incremento patrimonial, como para esclarecer el origen de esas propiedades que supuestamente transmitía de lo que, en su caso, se remitirá testimonio”.

Además, en el mismo plano crítico e indagador, el juez pregunta a la Agencia Tributaria por qué “no se hacía eco” en su informe de auxilio judicial, del 13 de junio, de la venta por parte de la hija del Rey de “un piso, un aparcamiento y un trastero” en la avenida de Pedralbes en Barcelona, que los duques de Palma sí habían admitido haber realizado. Este traspaso fue paralelo a la adquisición por 5,8 millones de euros de la casa que sí compraron en la zona de Pedralbes, donde vivieron varios años, y que sí figura consignada.

El juez, por otra parte y sobre este mismo episodio, frena las pretensiones del pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, para que la directora general de la Agencia Tributaria y los responsables del informe de las fincas declaren como testigos. José Castro no reclamará a la administración de la Agencia Tributaria para que identifique qué personas y en qué momentos han accedido a la información informatizada que consta a nombre de la infanta Cristina y con su DNI.