El nuevo independentismo económico

Más allá de la pervivencia de un nacionalismo y de un independentismo políticos de raíces histórico-culturales, acrecentados por las pulsiones neocentralistas, la revigorización del discurso nacionalista español, y la práctica recentralizadora del primer año del Gobierno de Rajoy, el aumento del sentimiento —y del voto— independentista deriva de una matriz novedosa, de carácter económico.

En plena campaña electoral se formuló en una encuesta la siguiente pregunta: “¿Por qué ahora se habla más de independencia y se cuestiona la relación entre Cataluña y el resto de España?”. El 70,5% de los encuestados contestó que porque “la crisis económica lo cuestiona todo”, respuesta que duplicaba o triplicaba las demás explicaciones (oportunismo nacionalista, cambio de la sociedad, revés constitucional, agotamiento de la Constitución...). Lo que guarda una evidente correspondencia con el hecho de que la hipotética obtención de un mejor pacto fiscal que el actual (todas las reformas del sistema de financiación autonómica han derivado de un pacto) desincentivaría a muchos eventuales votantes de la independencia.

Tras un año y medio de su acceso al poder, Artur Mas tuvo que solicitar el 24 de julio de 2012 el rescate financiero al Gobierno en forma de acceso al Fondo de Liquidez Autonómico establecido para sortear la exclusión de los mercados financieros internacionales a las autonomías. El formidable impacto psicológico de esta demostración de debilidad no debe minimizarse. “La humillación de implorar un rescate y la intervención de facto de la Generalitat son un oxímoron: Cataluña aparece empobrecida y sin recursos, a pesar de su potencial económico e indudable solidaridad con el resto”, de manera que “la crisis ha actuado como catalizador de un vigoroso e insólito sentimiento soberanista”, escribiría el exportavoz de Esquerra en el Congreso, perteneciente a su ala moderada, Joan Ridao. Formulado desde el envés, la crisis económica “exacerba los nacionalismos, populismos y el sálvese quien pueda”, indicaba Nicolás Sartorius.

¿Qué había ocurrido para llegar a tal adversidad económica? El Gobierno de Mas había tenido que lidiar hasta ese momento con una severa crisis financiera de la Generalitat. El endeudamiento a final de 2010, cuando entró en funciones, se situaba en 34.697 millones de euros, un 17,8% de su PIB, el segundo mayor de las comunidades autónomas, salvo la Comunidad Valenciana (19,3%). Como es costumbre, el nuevo Gobierno acusó de la mala situación al despilfarro propio de la herencia recibida.

En realidad, la deuda y el creciente déficit llegaban, más que por un gasto creciente —que también lo hubo, sobre todo sanitario y educativo, por efecto de la explosión demográfica y por voluntad del Gobierno tripartito de compensar la atonía inversora del periodo de Jordi Pujol— por el desplome de los ingresos. Y este se debía a la profunda recesión iniciada después de la crisis de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Cataluña creció dos décimas menos que España entre 2001 y 2007, y fueron bastante emparejadas desde entonces. La crisis de la economía real arrancaba de un sector de la construcción desmesurado (que alcanzó el 11% del valor añadido bruto en 2006 para capotar después), siempre un punto por detrás del global español, compensado por dos puntos más de peso de la industria, que también sucumbió a la crisis.

Tener que acudir al rescate supuso una humillación. La crisis económica exacerba el “sálvese quien pueda”

La crisis, brutal sobre todo en 2009 y 2010, no dejaría naturalmente incólume al presupuesto público. De forma que la caída de la recaudación prevista para 2010, último año de José Montilla como presidente, fue más acusada que el paralelo aumento del déficit. Este aumentó en 2.900 millones, según las cifras provisionales de la Intervención general, mientras que los ingresos no finalistas cayeron en la misma cuantía. “Es decir, todo el mayor déficit es explicable por esta sola razón: por la caída de los ingresos”, estimó el exconsejero de Economía, Antoni Castells. El peso de la recaudación proveniente de la burbuja inmobiliaria en la financiación pública provocó en buena parte, al cabo, el desplome de la misma.

Contra esa explicación, los nacionalistas e incluso sus economistas más destacados, durante una temporada apoyados por el discurso del PP local, han opuesto la tesis de la herencia: “El primer gran responsable de la deuda de la Generalitat es la propia Generalitat y su dispendio descontrolado durante los años de la burbuja”, naturalmente bajo los mandatos de izquierdas. Porque el tripartito habría “dilapidado” sin cuento, llevando a cabo un “vergonzoso despilfarro”. Es la tesis del reputado neoliberal Xavier Sala i Martín, amparada en que entre 2003 y 2008 la deuda pública catalana aumentó en un 50%, de 10.918 millones a 15.776. Datos ciertos y útiles para la tertulia política, pero que obvian lo principal, a saber, que el punto de partida era muy modesto si se aplica el criterio europeo de deuda en relación con el PIB: a final de 2003 era del 7,4% y había aumentado a solo el 8% en 2008, las fechas que Sala utilizaba como indicativo de la mala gestión. Es decir, el aumento promedio de la deuda fue de un ridículo 0,15% anual.

Por el contrario, un indicador de que el problema fundamental de las finanzas públicas catalanas derivaba fundamentalmente de la doble recesión más que de la calidad de la política económica aplicada por uno u otro Gobierno radica en la evolución de la deuda pública en un plazo más largo, que abarca Ejecutivos de distinto signo: es decir, hasta la actualidad. El tripartito de Pasqual Maragall heredó un endeudamiento de 10.918 millones (final de 2003) y el de José Montilla lo dejó siete años después en 34.697 millones. Los Ejecutivos de izquierdas generaron pues deuda nueva por 23.779 millones: a razón de 3.397 millones por año.

Para que la comparación sea consistente con el ciclo, tomemos solo sus tres últimos ejercicios de crisis (2008, 2009 y 2010): 13.872 millones de deuda nueva generada en ese trienio, a razón de 4.624 millones anuales. Mientras que los dos ejercicios de Artur Mas (ambos bajo recesión) supusieron un aumento de 16.251 millones (de los 34.697 millones heredados a 50.948 millones): un ritmo anual de 8.125 millones. Esto es, casi el doble que su predecesor, o 3.501 millones anuales más. Ahora bien, para evitar la banalidad hay que recordar que todo aumento de la deuda, en ausencia de modificaciones en otras variables (tipos de interés), supone en principio una mayor carga de intereses a pagar. La diferencia entre el coste corriente nominal anualizado de la deuda entre los tres últimos ejercicios de Montilla (868 millones) y los dos de Mas (1.735) fue de 867 millones anuales. Quiere esto decir que la mayor generación de deuda anual neta —sin contar intereses— fue de 2.184 millones.

Eso no significa que la gestión financiera del consejero Andreu Mas-Colell en su primer bienio haya sido deficiente, porque la mayor deuda anual tiene explicaciones lógicas. En buena parte se origina por la sucesiva acumulación de déficits anuales, y en otra por el apretado calendario de vencimiento, en torno a cinco anualidades, de la deuda antigua. Significa solamente que la propaganda de las derechas desplegada contra la presunta deficiente gestión de las izquierdas era eso, propaganda.

La evolución de la deuda pública en un plazo más largo indica que el problema fundamental de las finanzas públicas catalanas derivaba de la doble recesión

Otros indicadores de que la gestión financiera autonómica tiene menor correlación de la que se ha pretendido con el destacado lugar de Cataluña en el ranking de la deuda pública (23% del PIB al acabar el tercer trimestre de 2012, cifra solo empeorada por Castilla-La Mancha, del 25,7%, y la Comunidad Valenciana, del 25%) son las comparaciones con las tareas y el personal de que se dispone para realizarlas: la comparación de eficiencia del gasto medida por el capítulo 1 del presupuesto. La Generalitat es el Gobierno autónomo con más funciones: administra 189 competencias obtenidas por traspasos de la Administración Central del Estado desde 1978, por 154 Galicia, 152 Andalucía y 93 Madrid, computó la CEOE: muchas de ellas son de menor cuantía, pero también las hay de bastante empaque, como policía, cárceles o ferrocarriles de cercanías.

Mientras que la Generalitat dedica pocos recursos a personal: 164.441 empleados por los 162.078 de la Comunidad de Madrid, que atiende la mitad de traspasos. Cataluña disponía de 21 empleados públicos autonómicos por mil habitantes, mientras que Madrid, para menos tareas, empleaba a 24; la población catalana era en 2011 el 15,98% del total español; la madrileña, el 13,75%.

Y en un sentido más global, el total de empleados públicos (autonómicos, estatales y locales) en Cataluña es, según la CEOE, el más bajo, por mil habitantes, de las 17 comunidades autónomas: 40, por 60 Andalucía y 70 Madrid y Castilla y León. Formulado de forma muy esquemática y cautelosa, pues los países escandinavos exhiben una altísima correlación entre el tamaño del sector público y la prosperidad económica / bienestar social, puede aventurarse que en época de bonanza, un mayor tamaño relativo del sector privado contribuye a un mayor dinamismo económico; mientras que en tiempos de recesión, una mayor densidad de empleados públicos de todas las administraciones (casi 200.000 más en Andalucía, que tiene 498.327 y 126.000 más en Madrid, con 304.515, que en Cataluña, 304.515) modera las tasas de desempleo y aporta mayor estabilidad al consumo y en general, a la economía regional.

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