Una solución para la corrupción que nos corroe

La última encuesta del CIS destaca que el tercer problema para los españoles son los políticos y los partidos políticos, y en el último barómetro publicado se dice que el fraude y la corrupción son para los ciudadanos el segundo problema del país, después del desempleo.

Nuestros políticos se han ganado a pulso, a lo largo de los años, esa opinión tan negativa. No olvidemos que en 2008 había más de mil casos de corrupción contabilizados y, a partir de entonces, se ha producido un goteo incesante. Aunque no todos los políticos son iguales, lo cierto es que ante esta situación, si los políticos honrados no reaccionan con medidas claras y contundentes contra la corrupción, están siendo cómplices de ella.

La corrupción hay que combatirla con medidas judiciales y penales, pero hasta ahora, las que tenemos, han sido insuficientes para atajar el problema, y ese que decide meter la mano en la caja pública, o se deja sobornar, cree que nunca va a ser descubierto; o, en caso contrario, que su conducta va a quedar impune por algún vericueto legal. Lo que sí tienen claro estos delincuentes es que no va a devolver el dinero robado a todos los ciudadanos, circunstancia que supone un importante aliciente para el que va por ese camino.

Por todo ello, una de las principales medidas que se pueden adoptar para impedir que cometan sus fechorías es reforzar los controles preventivos de todos los órganos de control y fiscalización del Estado que hasta ahora, viendo los resultados, se pueden calificar como de estrepitoso fracaso. Quizá por falta de medios, o de competencias para actuar, pero ciertamente no están sirviendo para evitar, frenar y prevenir la oleada de corrupción que sufre España.

En el BOE del día 24 de septiembre de 2012 se publicó la Orden por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad Social, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría.

En el BOE del día 25 de septiembre de 2012 se publicó la Orden por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría.

La incapacidad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas en la lucha contra la corrupción queda manifiestamente clara en el tema de la posible financiación ilegal de los partidos políticos, teniendo en cuenta que sus informes se hacen con varios años de retraso. En este Tribunal hay más empleados designados por los partidos políticos que funcionarios de carrera, lo que ha provocado que el Tribunal Supremo haya estimado el recurso interpuesto por la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas en el que se impugnaba el nombramiento de varios funcionarios interinos, al entender que se habían excedido los límites establecidos en la normativa.

El SEPBLAC, el órgano del Banco de España encargado de recibir las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, no recibe ninguna información de los políticos españoles, porque ellos mismos, los políticos, decidieron que, en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, la vigilancia se hiciera sólo sobre los políticos extranjeros, en contra del criterio de la Unión Europea.

Si nos referimos a la fiscalización de las Corporaciones Locales, hace ya años que se adoptó la insensata decisión de que el nombramiento de los interventores locales en los ayuntamientos más importantes fuera de libre designación, afectando esta situación gravemente a su labor de control y supervisión.

En relación a la CNMV, sólo hay que revisar la hemeroteca para comprobar la ineficacia del control y la supervisión de este órgano para evitar las estafas y chiringuitos financieros descubiertos en los últimos años. Además, la situación del sector financiero en España ha fulminado la reputación del Banco de España, intachable hasta ahora, y desde fuera nos han impuesto unas auditorías externas, supliendo sus funciones. Ahora han saltado a la luz pública los informes de los Inspectores que ponían de manifiesto la gravedad de la situación, que fueron ignorados porque primaban otros intereses.

Por último, resulta clamorosa la situación de la Agencia Tributaria. Los Inspectores de Hacienda llevamos años denunciando que no se acometen las reformas necesarias, ni se dota a la Inspección de los medios humanos necesarios, por lo que los sucesivos planes de lucha contra el fraude resultan infructuosos, a pesar de que año tras año se anuncian con mucho bombo mediático. Frente a esta insuficiencia de medios, cada año se contratan a más de mil personas para cubrir la campaña del IRPF. Llama la atención también que se haya entregado el pilotaje y el mantenimiento de los siete aviones que utiliza la Agencia Tributaria en la lucha contra el narcotráfico a una empresa privada. La falta de medios se reconoce por la propia Agencia, ya que en el Plan de Control Tributario, publicado hace unas semanas en el BOE, se manifiesta expresamente que no podrá disponer de recursos personales o materiales adicionales.

Claramente no se acabará con la corrupción mientras no se consiga que los órganos de supervisión y control del Estado ejerzan correctamente sus funciones, potenciando sus facultades y medios, y actuando con criterios técnicos, alejados lo más posible del control político. Además, resulta imprescindible que se haga una fiscalización previa y eficaz de los gastos y contratos de las Administraciones, realizada por funcionarios no designados por los mismos que van a ser controlados, ni por firmas de auditoría privadas; resulta necesario también realizar una vigilancia correcta de los políticos para la prevención del blanqueo de capitales.

En 2008 Inspectores de Hacienda ya propusimos una batería de propuestas para luchar contra la corrupción que fueron ignoradas. Esas propuestas cobran ahora más fuerza que nunca, especialmente las que se refieren a la necesidad de establecer un Plan de comprobación de representantes políticos de todas las Administraciones y de los partidos políticos, con carácter permanente, e incluirse, por tanto, todos los años en el Plan de Control Tributario.