El Consejo de Estado avala el recurso del Gobierno a la declaración soberanista

El Gobierno ya puede esgrimir todos los argumentos constitucionales para frenar los planes de Artur Mas mientras el reto soberanista del presidente de la Generalitat ahonda la fractura entre el PSOE y el PSC. El Ejecutivo de Mariano Rajoy cuenta desde ayer con el aval del Consejo de Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 enero. El dictamen acordado por el órgano consultivo, no vinculante, destaca que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar el texto que proclama al pueblo catalán “sujeto político y jurídico soberano”.

El visto bueno del organismo presidido por José Manuel Romay Beccaria se suma así al de la Abogacía del Estado, que también se pronuncia de forma favorable por el recurso. Fue la número dos el Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien hace tres semanas dio a conocer su contenido tras el Consejo de Ministros al calificarlo de “muy determinante”. El informe de la Abogacía, fundamentado de manera “muy rigurosa” según el Gobierno, considera que la declaración soberanista vulnera, entre otros preceptos, la “indisoluble unidad de la nación española”.

Ese mismo día, el pasado 8 de febrero, el Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado el dictamen remitido ayer al Ministerio de Hacienda y que hoy estará sobre la mesa del Consejo de Ministros. El mensaje que quiso trasladar entonces Santamaría fue que la declaración de independencia no es compatible con la Constitución y, por tanto, no es viable. La vicepresidenta recordó que la única nación reconocida por el texto constitucional, calificándola además de “indivisible”, es la española. También apuntó que todos los poderes públicos deben someterse al ordenamiento jurídico y por eso, la declaración “produce efectos jurídicos extra al inducir hacia un fin claramente inconstitucional”.

Además de atacar “la indisoluble unidad de la nación española”, según el Gobierno, “proclamada en el artículo 2 de la Constitución, el texto soberanista” sería incompatible con el precepto que establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y otro que subraya que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución”,

La declaración del Parlamento no detalla si debe de celebrarse un referéndum acordado con el Gobierno o una consulta al amparo de una ley catalana aprobada por la Cámara autonómica. En cualquier caso, subraya que “se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir” y que “se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional”.

Tanto entonces como ayer, no tardaron las reacciones de la Generalitat. El portavoz del Gobierno de Artur Mas, Francesc Homs, lamentó que el recurso ante el Constitucional demostraría “miopía democrática” y una actitud “beligerante”. En ese caso, señaló, la Generalitat se personaría como parte, dispuesta a utilizar todos los instrumentos legales a su disposición para poder ejercer el derecho a decidir. En este contexto, Homs cree que es “absurdo” que el Gobierno pueda plantearse este recurso: “¿Qué quieren anular, la expresión democrática de un pueblo?”, se preguntó. La pregunta, en realidad, iba dirigida al Gobierno ante la posible valoración del dictamen en el Consejo de Ministros.