UPyD vincula los casos de corrupción al endurecimiento de la exigencias de la UE

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha solicitado al Gobierno una respuesta escrita sobre el deterioro de la marca España en el exterior a raíz de la corrupción que, desde el estallido del caso Bárcenas, debilita la imagen de país en el extranjero. La Comisión Europea, destaca la formación de Rosa Díez, ha señalado en una nota interna que el caso Bárcenas “es solo el último de una serie de casos de corrupción de perfil alto, incluyendo uno contra el yerno del rey Juan Carlos. Como consecuencia, los españoles han perdido la confianza en su clase política”. El documento añade que “la creciente frustración podría llevar a muchos españoles a una completa desconexión de la política”.

Europa, en definitiva, está preocupada, según la formación magenta, por cómo la corrupción y la inestabilidad derivada de algunos casos pueden afectar el calendario de reformas todavía pendiente. “Junto con la reforma aún por concluir del sistema bancario y las incógnitas sobre la estructura institucional [la puesta en marcha de la reforma de la Administración local, reforma del Banco de España, creación de una autoridad fiscal independiente, división de poder con las comunidades e independencia de Cataluña] la corrupción es otro lastre para la confianza de los inversores en España”, prosigue el documento.

Para UPyD, que ha preguntado al Ejecutivo qué medidas concretas planea adoptar, los casos de corrupción generan desconfianza no solo institucional sino que llevan a los socios europeos a dudar “de la capacidad de España para salir de la crisis”. Esta circunstancia, señalan, podría traducirse además en “un aumento de las exigencias en el cumplimiento de las políticas de austeridad y reformas” exigidas por Bruselas. Esto es, si no se hace frente a la corrupción de forma estructural, las consecuencias tangibles serán nuevos recortes o, en cualquier caso, la imposición de objetivos más severos en la meta del déficit público.

Según el documento de la Comisión, insiste UPyD, “la corrupción disminuiría la relevancia de los mínimos indicios de mejora de nuestra economía”. Por eso, citan, “los españoles siguen teniendo solo vagas e insatisfactorias promesas acerca de que las cosas van a mejorar en el último trimestre del año”.

La formación magenta también ha presentado una pregunta que solicita respuesta por escrito sobre el pago de impuestos a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) por parte de algunos municipios de Cataluña que se han declarado como “territorio libre y soberano”. El municipio de Alella (Barcelona) ha enviado a la ATC, asegura UPyD, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a su personal del pasado mes de diciembre. También indican que otros Ayuntamientos, por ejemplo Girona, “solicitaron el pasado año a la Generalitat de Cataluña y a la ATC a que elaborase una serie de protocolos de actuación y efectuasen cambios normativos para que se les permita pagar impuestos en instituciones catalanas”.