Nueve detenidos en tres autonomías en una derivada del ‘caso Pokémon’

Al igual que ocurrió con el caso Campeón, uno de los hilos de la maraña de la Operación Pokémon contra la corrupción municipal en Galicia ha llevado a los investigadores a Cataluña. Agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron este jueves por orden de la juez de Lugo Pilar de Lara a nueve personas —cuatro en Santiago de Compostela, otras tantas en Girona y una en Asturias—, entre ellos un concejal del PP en la capital gallega y un alcalde de CiU en Sant Hilari Sacalm (Girona). Si la Pokémon investiga supuestos sobornos a políticos a cambio de adjudicaciones de servicios municipales al grupo Vendex, la Operación Manga, como ha sido bautizada esta derivada de la causa, indaga en contratas con las empresas Aquagest y GRS Arc Local. Los detenidos declararán hoy en los juzgados de Lugo.

La extensión sin freno del caso Pokémon, que estalló en septiembre de 2012, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno del PP en Santiago de Compostela, dividido entre el salón de plenos y sus visitas al juzgado. Después de la reciente imputación del actual alcalde de la capital gallega, Ángel Currás, de una de sus concejalas y de su jefe de gabinete, agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron este jueves al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y al exjefe de gabinete de la alcaldía, el también popular Ángel Espadas, y registraron la casa del exregidor Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir hace menos de un año tras ser imputado por fraude fiscal.

Este jueves también fueron detenidos en Santiago dos empresarios: el gerente de la concesionaria de aguas de la ciudad (Aquagest), José Luis Míguez, y Jesús Fuentes, un organizador de espectáculos. Ambos son personas cercanas a Espadas, la mano derecha de Conde Roa, que tuvo que entregar su acta de concejal en 2011 porque fue sorprendido borracho al volante, aunque en cuanto ganó el PP las elecciones fue nombrado jefe de gabinete del alcalde.

Míguez, conocido en Santiago como El Pesetas, fue nombrado gerente de Aquagest poco después de que Conde Roa se hiciese con el bastón de mando. Con el exalcalde, Míguez mantuvo una importante negociación para pactar una fórmula que permitiese prorrogar la concesión del servicio de aguas a la compañía, ya fuese a través de un acuerdo de inversiones o formando una empresa mixta con el Ayuntamiento. La dimisión de Conde Roa tras ser imputado por fraude fiscal paralizó los contactos. En Asturias fue arrestado Joaquín Fernández Díaz, presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, vinculado a Aquagest y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería.

Los agentes entraron en el Ayuntamiento de Santiago por la mañana. Realizaron registros informáticos y requisaron datos de la adjudicación del servicio de aguas a Aquagest, documentación del servicio de grúa que está en manos de Setex-Aparki y expedientes sobre la gestión de multas concedida a GRS Arc Local.

Sobre esta compañía pivota la rama catalana del caso. El alcalde de Sant Hilari Sacalm, presidente del Consejo Comarcal de La Selva y miembro del Patronato de Turismo de la Costa Brava, Robert Fauria (CiU), es sospechoso de dar un trato de favor en la adjudicación de contratos públicos a la empresa GRS Arc Local. El administrador y el apoderado de la misma, Alex R. y Josep Maria F., también fueron detenidos este jueves, así como el jefe del Departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consejo Comarcal de La Selva, Joan Carles F. Este último es además el responsable de recaudación del ente, actuaba de enlace con la compañía y compartía oficina con el apoderado de GRS, en Santa Coloma de Farners, donde tiene la sede el consejo comarcal.

Agentes de paisano, con chalecos de la Agencia tributaria y de Aduanas, permanecieron la mañana de este jueves varias horas en el ente público. Tras hablar con el gerente, el interventor y el secretario, registraron los ordenadores en búsqueda de expedientes de contratos públicos y de personal. Fauria fue trasladado también a la sede del organismo para que colaborase en los registros.

La compañía GRS, especialista en asesorar en temas de gestión tributaria y recaudación, trabaja para el consejo comarcal desde hace al menos 10 años. En junio del año pasado consiguió además la adjudicación de la gestión de los expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, según recoge en su propia página web. Ambos contratos públicos están bajo sospecha del Servicio de Vigilancia Aduanera. La empresa ha ganado diversos concursos en municipios de la provincia de Albacete, de Valladolid y de Barcelona, además de Girona. Su sede en Lloret fue registrada, así como las viviendas de los dos empresarios.

Los agentes entraron también en la sede de la Diputación de Girona, donde registraron las dependencias del organismo Xaloc, que se encarga de la gestión de los impuestos de algunos Ayuntamientos y que tiene varios servicios adjudicados a GRS. A esa misma hora, también se registraba la sede del Patronato de Turismo de la Costa Brava.

A la mayoría de los detenidos se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación, aunque alguno está acusado también de falsedad documental y blanqueo de capitales.

Los tentáculos del caso Pokémon contra la corrupción municipal en Galicia han atrapado ya a políticos y técnicos de cinco Ayuntamientos controlados por PP y PSOE (Santiago, Ourense, Lugo, O Carballiño y Boqueixón). Entre la treintena de imputados hay tres alcaldes (el de Lugo, el socialista Xosé López Orozco; el de Santiago, el popular Ángel Currás; y el O Carballiño, el popular Argimiro Marnotes) y dos exregidores (el de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez; y el de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio).