La amnistía en los tiempos del cólera

La lucha contra el fraude en tiempos de amnistía fiscal es el amor en tiempos de cólera: difícil, desagradecida, amarga, pero imprescindible como respirar. En principio, la amnistía fiscal simplemente suponía perdonar las deudas fiscales a cambio de pagar un 10% del valor de los bienes ocultos. Por supuesto, es una perversión moral tratar mejor a los delincuentes fiscales que a aquellos españoles que cumplen con sus obligaciones fiscales. En época de recortes y subidas masivas de impuestos, esto todavía se entiende menos y socava la legitimidad de los que tenemos la obligación de aplicar el sistema fiscal, entre otros los inspectores de Hacienda.

Aún así, todavía peor fue el desarrollo de la amnistía: se permitió la afloración del dinero en efectivo y no se estableció obligación alguna de declaración del origen del dinero y tampoco se establecieron mecanismos de control. Obviamente, todo esto podía favorecer la reintroducción de dinero obtenido ilícitamente en el circuito legal, imposibilitando su rastreo y dejando impune la corrupción. Como además, mediante un informe de la Dirección General de Tributos se permitió que solo se pagase el 10% de las rentas de los últimos cuatro años, el mecanismo de "blanqueo" resultaba muy barato. Por otra parte, se permitió no disolver las estructuras fiduciarias (es decir empresas tapaderas) hasta el 31 de diciembre de 2013; lo que fomentaba la continuidad en la opacidad.

Por último, la reforma del Código Penal, en el último momento, equiparó las cuantías "regularizadas" mediante la amnistía a las que, con mucho mayor coste, se hubiesen declarado voluntariamente en el plazo legal. Como la amnistía fiscal no se refiere a un periodo concreto, no interrumpiendo el plazo de prescripción según la Orden Ministerial, se había dado un comodín penal a los defraudadores para que lo utilizasen en el momento que más conveniente les resultase.

La pasada semana dos personas vinculadas, de una forma u otra, aunque en distintos grados, a sendos partidos políticos, que fueron los únicos que votaron a favor de la amnistía fiscal, manifestaron haberse acogido a la amnistía fiscal. Los dirigentes socialistas han insinuado que el proceso de amnistía fiscal se pudo haber hecho para favorecer la regularización de fondos vinculados al partido en el Gobierno. Esta es una acusación gravísima, en la que la carga de la prueba recae, obviamente, en el que la formula. Sin embargo, era evidente que, un procedimiento confidencial, barato y sin controles adicionales iba a ser empleado por aquellos delincuentes fiscales, que no son pocos, que habían obtenido el dinero de la corrupción, para blanquearlo.

Ante esto, si la amnistía no se hizo para favorecer a determinados corruptos, solo caben dos opciones: o bien, aunque este no fuese el objetivo directo a los que la impulsaron y aprobaron este hecho no les importó, o simplemente actuaron con una grave ligereza e irresponsabilidad. No hay más opciones: muchos, entre ellos los inspectores de hacienda, les advertimos de que esto iba inexorablemente a pasar.

En fin, después de que la amnistía fiscal recaudase menos de la mitad de lo previsto, resultaron sorprendentes las declaraciones del ministro Montoro calificándola como un éxito. Si un éxito es conseguir los objetivos previstos, ¿qué objetivos se han conseguido?

La única forma de legitimar el sistema y paliar los daños causados es precisamente luchar contra el fraude y la corrupción. Para ello, el elemento clave es la información. Los órganos de control del Estado deben poder acceder a las declaraciones de la amnistía. Es urgente ante la prescripción de algunos casos y para no blindar a los corruptos; pero sobre todo para no desmoralizar definitivamente a los ciudadanos.

Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda y miembro de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).