La última propuesta del PP aleja aún más el pacto sobre la reforma local

Las conversaciones entre el PSOE y el PP con el objetivo de lograr un pacto para reformar la Administración local no solo no avanzan, sino que a medida que se suceden los contactos las posiciones están más alejadas. El pasado 4 de enero, el PP remitió al PSOE un último documento que los socialistas consideran todavía más inasumible que los anteriores.

El pacto tiene como objetivo racionalizar la Administración local y cumplir el compromiso de Mariano Rajoy de reducir el número de concejales, limitar sus salarios y recortar las estructuras municipales. Sin embargo, el último documento remitido por el PP al negociador del PSOE, Gaspar Zarrías, no reduce esa estructura y hasta añade alguna superpuesta, como la de las comarcas. Los socialistas insisten, además, en que la propuesta del PP facilita que se puedan privatizar servicios básicos que prestan en este momento las Diputaciones. Tampoco comparten la disminución de concejales, y reclaman que se solucione la financiación de los Ayuntamientos y que se derogue la ley de grandes ciudades. El PSOE cree que la reforma quedará muy lejos de los 3.500 millones de euros que el Gobierno pretendía ahorra.

El Gobierno, en todo caso, asegura que está dispuesto a sacar adelante en solitario la reforma, que supone modificar la Ley de Bases de Régimen Local. El Consejo de Ministros del 25 de enero podría tratar este asunto, según fuentes del Ejecutivo. El PSOE da por hecha esta aprobación unilateral, aunque espera que haya algún contacto en los próximos días. El PP también ve muy lejano un acuerdo. El vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, insistió ayer una y otra vez en el mismo mensaje: el PSOE no es un “interlocutor válido” en estos momentos para alcanzar un pacto. “El PP presenta una propuesta y nos gustaría que el PSOE fuera capaz de contraponer algo más a un discurso de tenemos que reformar la Constitución”, aseguró el número tres de los populares, antes de matizar que, pese a no estar en las negociaciones, cree que “queda claro que no hay voluntad de llegar a algo que están demandando los ciudadanos y que es bueno para el país”.

El PSOE critica que se superpongan nuevas estructuras sin ahorro alguno

Floriano lamentó que el Comité Federal del PSOE del pasado sábado no alcanzara, a su parecer, una “propuesta entendible” o “solución razonable y que no fuese confusa sobre lo que pretende hacer con la reforma sobre la organización territorial del Estado”. “No tiene sentido que haya dos discursos tan distintos en el mismo partido”, añadió, aludiendo a un “problema” de Ferraz con el PSC.

“Vamos a intentar llegar a un acuerdo, pero el acuerdo no es condición sine qua non para llevar a cabo esta reforma”, advirtió Floriano, dejando claro que en cualquier caso la decisión está tomada y la reforma se aprobará en próximas fechas, con o sin el respaldo socialista.

Este fin semana, el PP celebra además en Almería un congreso intermunicipal con cargos locales del partido para intentar llegar a una versión definitiva de la propuesta. Uno de los ejes de la reforma, la reducción de los cerca de 70.000 concejales de la Administración local, es precisamente uno de los motivos de las resistencias tanto externas como internas. Tras reunir en Madrid a sus alcaldes y senadores regionales para convencerles de la oportunidad de limar algunas diferencias, el PP intenta ahora pactar un recorte de ediles más generoso con las estructuras locales del partido. De la propuesta inicial de Mariano Rajoy, más de 20.000, la reducción podría limitarse a 10.000, apuntan fuentes populares. Esa reducción de concejales comprometida por el presidente del Gobierno ha sido contestada y frenada por la FEMP (Federación de Municipios y Provincias), en la que el PP tiene mayoría. Por eso el Gobierno ha tenido que extender la negociación abierta con el PSOE a sus propios alcaldes, que tampoco eran partidarios de la reducción de estructuras administrativas como las mancomunidades, que sirven para prestar servicios en pequeños municipios.

El PSOE, por otra parte, ha mantenido contactos informales con otros partidos que gobiernan importantes Ayuntamientos, especialmente con CiU. Populares y socialistas no tienen dudas sobre la aplicación de la reforma legal a todas las comunidades, por tratarse de una ley de bases. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña asegura públicamente que no se aplicará en su territorio.