Cataluña y otras comunidades exigen a Hacienda que suavice el objetivo de déficit

Las comunidades autónomas han llegado a final de año con el agua al cuello. Alguna incluso ha tenido que retrasar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social porque en sus arcas solo crecen telarañas. Los apuros financieros que atraviesan han llevado a un grupo de ellas, con Cataluña a la cabeza, a reclamar al Gobierno que revise sus objetivos de estabilidad presupuestaria para 2013 y les permita suavizar el ritmo de los ajustes. Amenazan con repetir el motín que escenificaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el órgano de interlocución de Hacienda y las comunidades— del pasado mayo, cuando Cataluña, Andalucía, Canarias, Extremadura y Castilla y León se opusieron al objetivo de déficit de este año.

Los Gobiernos autonómicos han metido la tijera este año para atajar el déficit público. En 2011 fueron los grandes responsables de la desviación presupuestaria de España —registraron un déficit del 3,4% del Producto Interior Bruto (PIB)— y el Ministerio de Hacienda cerró el puño para limitarlo al 1,5% como se había comprometido con Bruselas. En 2013 habrá otra vuelta de tuerca. Las autonomías tendrán que reducir el desfase presupuestario más. La nueva meta de déficit será del 0,7% del PIB, la mitad que este año. Algunas creen que será imposible conseguirlo.

Por eso, Cataluña y otras comunidades van a exigir a Hacienda que suavice los objetivos de estabilidad de 2013 (el techo de deuda pública y el déficit). Esperarán al próximo CPFF, que se celebrará en las primeras semanas de enero, para plantear a Hacienda que afloje la presión. Sobre todo cuando Bruselas negocia conceder un año más al Gobierno para rebajar el déficit del conjunto de las administraciones públicas.

El departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro aplaza cualquier decisión hasta conocer los datos de cierre de 2012. Hacienda considera que uno de los grandes problemas de la economía española es la financiación. Y el déficit público agrava ese problema porque las administraciones absorben recursos financieros y limitan las posibilidades del sector público. De momento, Montoro no parece dispuesto a abrir la mano porque los mercados están cerrados para las comunidades y ni siquiera pueden financiar el déficit que ya acumulan. Pero ya asume que las comunidades se desviarán unas décimas de la meta de déficit este año.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya ha anunciado que no podrá cumplir con el objetivo del año que viene sin recortar de forma sustancial el Estado del Bienestar. El Ejecutivo catalán estima que el ajuste para alcanzar un déficit del 0,7% ascendería a 4.000 millones, lo cual consideran “imposible”. Mas anunció en su toma de posesión que el reparto de déficit “no tiene ningún sentido” y que pugnaría por cambiarlo. Pero deberá hacerlo sin que las tensas relaciones con Montoro sigan deteriorándose, por la dependencia de Cataluña al estatal Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), a pesar de que el racionamiento de ese dinero ha puesto en apuros al Gobierno catalán para el pago de las nóminas, hospitales concertados, entidades sociales y hasta para sufragar sus aportaciones a la Seguridad Social.

Asumido que habrá desviación, el objetivo del Ejecutivo catalán es que su déficit no supere el 2% (frente al 1,5% previsto) y demostrar así que se va por el buen camino. En las últimas semanas ha privatizado Aigües del Ter-Llobregat y Tabasa, que le reportaran unos 1.500 millones de euros.

Hacienda mantiene conversaciones periódicas con todas las comunidades para seguir el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. En las últimas semanas los contactos se han intensificado con las más remolonas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Los técnicos del ministerio han detectado desviaciones sobre los planes de equilibrio financiero (PEF) regionales y han sugerido y acordado nuevas medidas para que los Gobiernos regionales se acerquen al techo de déficit.

La Comunidad Valenciana esperaba obtener un buen colchón de dinero vendiendo inmuebles, pero el mercado inmobiliario está seco y ha retrasado los planes del presidente Alberto Fabra. Para compensar han prometido a Hacienda que compensarán con nuevos recortes. Cataluña, por su parte, ha pactado que la privatización se contabilizará como ingresos de 2012 aunque aún no ha ingresado ni un euro por ella.

Durante todo el año Montoro ha lanzado el mensaje de que todas tenían que cumplir los estrictos deberes presupuestarios. Ha amenazado con intervenir a las más retrasadas, según el calendario fijado por la ley de Estabilidad. Pero en las últimas semanas ha suavizado su discurso, al menos en los contactos privados con los responsables autonómicos. A pesar de las amenazas, en Hacienda admiten la dificultad (política y económica, en España y fuera) de intervenir una comunidad. Consideran que tendría un coste político excesivo para España y enorme para el territorio afectado.

Por eso, en las últimas semanas han matizado las advertencias: las que incumplan tendrán que acogerse al FLA y asimilar las duras condiciones que exige. Amenazan a las más rebeldes con cerrar el grifo de la ayuda estatal. Los territorios con más problemas han acudido a ese fondo que el Gobierno ha puesto en marcha para aliviar sus problemas de liquidez. En 2013, inyectará más dinero a este instrumento y exigirá nuevos recortes a las que pidan la ayuda. Así se aseguran de que no aflojen el ritmo de recortes.

Hasta ahora las comunidades han recortado, sobre todo, en inversiones. Han engrasado su funcionamiento interno al despedir a 130.000 empleados, pero en 2013 tendrán que raspar el hueso y entrar en los grandes recortes en sanidad y educación.