Asturias adelanta la entrada en vigor del tributo sobre la banca

El Gobierno amenaza con recurrirlo ante el Constitucional

Javier Fernández con Elena Sevillano, en el Consejo Territorial del PSOE del pasado día 15.
Javier Fernández con Elena Sevillano, en el Consejo Territorial del PSOE del pasado día 15. Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El Gobierno de Asturias (PSOE) prevé adelantar la entrada en vigor del impuesto sobre los depósitos bancarios a esta misma semana. Así se desprende de la enmienda que ha presentado el grupo socialista a los presupuestos autonómicos de 2013 para que el impuesto a los bancos, por el que espera ingresar unos 30 millones anuales, esté en funcionamiento antes del próximo 1 de enero.

El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, señaló que la enmienda sirve para dar “coherencia” a la articulación del impuesto y justificó que existen razones “técnicas y jurídicas” para adelantarlo, según recoge Efe.

De esta forma, Asturias toma la delantera al Gobierno de Mariano Rajoy, que ha aprobado un impuesto de carácter estatal de tipo 0% sin carácter recaudatorio. Este impuesto anulará las tasas regionales que ya están en funcionamiento en Extremadura, Andalucía y Canarias. La ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca) impide la coincidencia de dos tributos, uno estatal y otro autonómico, que graven el mismo hecho imponible. El Gobierno pretende así impedir que otras comunidades establezcan este tributo. El impuesto estatal entrará en vigor el 1 de enero junto a los Presupuestos de 2013.

El Ministerio de Hacienda justifica la creación del impuesto estatal para “homogeneizar” la legislación sobre la fiscalidad de los depósitos bancarios y “garantizar una cierta unidad de mercado”. Pero esta decisión obliga al Estado a compensar a las autonomías que ya lo aplicaban, según la ley de Financiación Autonómica. Hacienda negocia con esas tres comunidades la cantidad que les entregará por suprimir este impuesto. Extremadura esperaba ingresar unos 240 millones por este concepto; Canarias, otros 30 millones, y Andalucía, 300 millones.

Por eso, Asturias, al aprobar la enmienda, pretende beneficiarse de la compensación que negociaría con el Estado. El Gobierno asturiano, del socialista Javier Fernández, justifica que ya tramitaba este impuesto cuando el Gobierno anunció la creación del tributo estatal.

El caso de Asturias es diferente del de Cataluña, que decidió aprobarlo tras conocer la intención del Ejecutivo central. La Generalitat aprobó la semana pasada, de improvisto, un impuesto sobre los depósitos bancarios. Lo hizo tres días antes de que el Congreso aprobara definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contenían el tributo estatal a tipo cero.

La maniobra de la Generalitat obligó al Ejecutivo central a recurrir ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto catalán. La semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, amenazó a Asturias con hacer lo propio si finalmente aprobaba el suyo. “Alguna otra comunidad que está pensando incluir una medida así en sus presupuestos verá que el procedimiento será el mismo que en este supuesto [para Cataluña]“.

En Hacienda afean la actitud de Cataluña y consideran oportunista su postura. Explican que solo se compensará a las comunidades que ya tuvieran el impuesto en funcionamiento cuando se comenzó a tramitar el tributo estatal.

No obstante, el Gobierno asturiano se siente perjudicado porque ya tramitaba el impuesto por ley antes de que Hacienda anunciara el suyo. Lastra ha justificado la enmienda porque actualmente existe “una discusión política y jurídica” sobre este hecho imponible. El portavoz socialista defendió que el Principado está dispuesto a defender su competencia normativa, negándose a que se compense a las comunidades que tenían previamente este impuesto “a costa de otras”. Lastra considera, además, que Cataluña no ha acertado con su forma de aprobar dicho tributo. “Debería haberlo hecho por ley y no por decreto”, manifestó.

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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