El Tribunal de Cuentas censura con dureza el Plan E de Zapatero

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, hizo este martes en el Congreso una dura crítica del llamado Plan E, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha durante los años 2009 y 2010.

También llamado Fondo Estatal de Inversión Local, fue creado con 8.000 millones de euros y tenía como objetivo impulsar pequeñas obras públicas, promovidas y decididas en cada Ayuntamiento, para crear empleo en el momento en el que se iniciaba la crisis.

Álvarez de Miranda censuró que, según el informe del Tribunal de Cuentas, las obras se hicieron sin licitación pública y en la inmensa mayoría de los casos no se abordaron nuevos proyectos, ni se crearon empleos, ni mejoraron los municipios. El dinero se distribuyó entre 8.090 entidades locales para 30.698 proyectos, con un importe máximo cada uno de cinco millones de euros y con un desembolso final de 7.836,16 millones.

Según Álvarez de Miranda, los Ayuntamientos utilizaron ese dinero para llevar a cabo proyectos que no habían podido ejecutar por falta de recursos, pero no hubo obra nueva. Obviamente, el Tribunal no diferencia entre municipios, ni entre el color político de cada uno de ellos.

Según dijo Álvarez de Miranda, en casi la mitad de los contratos se incumplió el requisito de ejecución inmediata y en siete de cada diez proyectos el fin de las obras se retrasó más de lo previsto. El informe del Tribunal asegura que el periodo medio de puesta en funcionamiento fue de 134 días por encima de la fecha inicialmente fijada.

Sin publicidad

Según sus conclusiones, el Plan E no sirvió para primar la creación de empleo a la hora de adjudicar contratos y no se intentó lograr rebajas en los importes. La mitad de los proyectos fue adjudicada por los Ayuntamientos sin publicidad alguna y de forma directa.

El portavoz socialista en la Comisión, Gaspar Zarrías, que fue secretario de Estado de Cooperación Territorial cuando se ejecutaba el plan, lo defendió con el argumento de que fue “una decisión política en un paisaje de contexto social y económico dramático”, que sirvió para ayudar a trabajadores golpeados por la crisis, con fondos públicos destinados directamente a esas obras que decidían los Ayuntamientos, con plazos de ejecución rápidos que limitaban, por ejemplo, la publicidad de las adjudicaciones.