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El sector judicial responde a Gallardón con paros parciales y concentraciones

Los juzgados de toda España han parado durante una hora al mediodía

Dos asociaciones de jueces piden la dimisión del ministro de Justicia

Los profesionales de la Justicia respondieron ayer a Alberto Ruiz-Gallardón —que la víspera les había acusado de defender solo sus intereses— con paros parciales y concentraciones frente a las sedes judiciales de todo el país. Las palabras del ministro de Justicia caldearon los ánimos de jueces, fiscales, procuradores, secretarios y abogados que interrumpieron su trabajo durante una hora (de 12 del mediodía a una) de forma “masiva”, según Jueces para la Democracia —aunque ni los convocantes ni el ministerio ni el Consejo del Poder Judicial dieron datos de seguimiento— y reclamaron en la calle al ministro que rectifique sus reformas. En las protestas se escucharon peticiones de dimisión de Gallardón; dos asociaciones de jueces reclamaron de forma abierta su cese.

El sector replicó al ministro, que el martes había tildado su protesta de corporativista, que su movilización se debe al “deterioro de la justicia” que provocan sus modificaciones legislativas, y que la unidad de todos los colectivos lo demuestra: “Hay que tener más altura de miras. El argumento es endeble y falta a la profesión”, le contestó el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, “porque tantas organizaciones no se han agrupado solo para defender la paga extra de los jueces”. “Todos los sectores de la Justicia no pueden estar equivocados. El ministro no es capaz de crear espacios de diálogo”, añadió el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch. El día anterior, 18 colectivos habían rechazado a Gallardón como interlocutor: ayer insistieron en pedir una negociación “de poder a poder”, directamente con el presidente del Gobierno.

Centenares de juristas se concentraron ante las sedes judiciales de las principales ciudades,provistos de pancartas contra los recortes y las nuevas tasas. En la manifestación en Madrid, los profesionales corearon lemas como “No hay derechos sin justicia” o “No a las tasas, justicia para todos”, y recogieron firmas contra el encarecimiento del acceso a los tribunales. Sobre los elegantes atuendos, de corbatas y maletines, fiscales o abogados lucían chapas o pegatinas contra la ley de Tasas.

Varios jueces decanos reprobaron con dureza al ministro. De “enemigo público número uno de la Administración de Justicia” lo calificó el decano de Cáceres, Joaquín González Casso. El de Badajoz, Emilio García Cancho, afirmó que Gallardón había tenido una “rabieta de niño chico” cuando se dio cuenta “de que todo el mundo se le ha echado encima”.

Al tenso ambiente se añadió una extraña confusión en una reunión que iban a mantener hoy las principales asociaciones con los parlamentarios del PP en el Senado, y que según las organizaciones el PP desconvocó a última hora. Los populares negaron haber fijado una fecha para el encuentro, pero la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez, sostiene que cerró personalmente la cita por teléfono con el senador del PP Joaquín Ramírez. “Tanto es así que he perdido el dinero del billete de tren que había comprado para viajar a Madrid”, explicó Sáez —que es magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga—a EL PAÍS.

La comisión permanente del CGPJ, con cinco miembros, rechazó la propuesta de una de sus vocales, Margarita Robles, de reprobar las declaraciones del ministro sobre el supuesto corporativismo de jueces y fiscales. A la oposición de todos los colectivos de profesionales a la reforma de la justicia se unió también el expresidente del Gobierno José María Aznar, que reconoció no estar de acuerdo con su “orientación”.

Gallardón insistió, sin embargo, en el mensaje que había soliviantado a los colectivos. En una entrevista en la cadena Cope, reiteró que los jueces están “disgustados” por perder la paga extra y días libres, aunque asumió que no le “aplaudan” ante “medidas dolorosas”: “Gobernar, a veces, es repartir dolor”, concluyó. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, salió en su defensa en Twitter: “Con este nuevo sistema de tasas, las personas con mayor poder adquisitivo facilitarán la justicia gratuita a los que poseen menos recursos”. Pero las tasas se aplicarán sin tener en cuenta los ingresos.

Tasas a todos los ciudadanos y cambios y aumento en la carga de trabajo de los jueces y fiscales son fundamentalmente las reformas impulsadas por el ministro que han levantado en armas al sector. En la protesta de Madrid, Mercedes Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 24, resumía los efectos de esos cambios en su trabajo diario: “No convocan oposiciones y ahora nos quitan sustitutos [en el proyecto se elimina prácticamente la figura del juez interino sustituto]. En mi juzgado tengo unos 500 asuntos pendientes. Si tengo que sustituir a un compañero de otro juzgado, lo que ahora tarda dos meses en tramitarse tardará cuatro”.

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