Hacienda activa el mecanismo para intervenir autonomías

Una de las grandes preocupaciones del Gobierno al inicio de la legislatura consistía en cómo meter en cintura a las comunidades, cuyas cuentas desbocadas fueron en 2011 las responsables de la desviación del déficit público. Para taponar esta fuga, el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, aprobó a principios de mayo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que consagra la lucha contra el desequilibrio presupuestario. La norma obliga a las autonomías a reducir el déficit y la deuda pública. Establece mecanismos para dar prioridad al rigor presupuestario: que los gastos no superen a los ingresos. Y otorga a Hacienda instrumentos “coercitivos” para poner firmes a las comunidades despilfarradoras. Por eso el Gobierno se guarda en la manga la posibilidad de intervenir autonomías o disolver Ayuntamientos.

Junto a esto, el Ejecutivo puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), una línea de crédito que se asimila a un rescate financiero, para ayudar a los Gobiernos regionales con dificultades a pagar deudas. A cambio, en sus planes de equilibrio, deben subir más los impuestos y recortar gastos.

Advertencia

Ahora el Gobierno se apresta a aplicar la Ley de Estabilidad, que fija que en el caso de “riesgo de incumplimiento” se podrá activar el mecanismo para intervenir las comunidades. Hacienda tendrá que “formular una advertencia” a las comunidades que se hayan alejado del objetivo de déficit. Los Gobiernos regionales apercibidos dispondrán de un mes para adoptar medidas adicionales y actualizar los planes de equilibrio financiero con más ajustes. En caso de no hacerlo, tendrán 15 días para aprobar un “acuerdo de no disponibilidad de gasto”. Si las comunidades se rebelan y tampoco aplican esto, Hacienda las obligará a hacer un depósito del 0,2% del PIB regional. Si continúa el incumplimiento durante seis meses más, Hacienda remitirá a una delegación de expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para intervenir la comunidad.

Fuentes de Hacienda admiten la dificultad de tener que llegar a este punto por el alto coste político que supondría. Insisten en que mantienen frecuentes contactos con las comunidades para hacer un seguimiento de sus planes de equilibrio. Y en esas conversaciones lanzan advertencias a las más díscolas.

En Bruselas preocupan los desfases de las autonomías y Montoro se ha fijado el reto de contener el déficit regional al 1,5%.