Suspendido el homenaje a Franco en un edificio público el 2 de diciembre

Bajo el lema 120 años después, Francisco Franco, ¡presente!, la Fundación Francisco Franco había convocado un "acto de afirmación" el próximo 2 de diciembre en el Palacio de Congresos de Madrid, un edificio público, perteneciente al Instituto de Turismo de España (Turespaña), adscrito a Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, registró en el Congreso una iniciativa parlamentaria en la que pedía al Gobierno del PP que explicara si tenía previsto ·prohibir dicho acto que atenta contra la ley de memoria histórica y la memoria democrática de España" y  que aclarase si le parecía que tal homenaje "ensalza la dictadura franquista".

La noticia se publicó en la edición digital de varios medios de comunicación, incluido este, y a última hora de la tarde, el grupo Husa, que preside el expresidente del Barça, Joan Gaspart y que iba a encargarse del catering del acto, emitió un comunicado en el que asegura que ha decidido suspender el evento en el Palacio de Congresos de Madrid "dada la alarma causada, renunciando a sus derechos de negocio". "La reserva de dicho evento", añaden, "se realizó a través de la red comercial del Grupo con un particular y ya se ha notificado la decisión pertinente al cliente, sin más consecuencias". El ministro de Industria, Jose Manuel Soria, afirmó después que el lugar donde iba a celebrarse el acto, la cafetería del Palacio de Congresos, no lo gestiona Turespaña, sino el grupo Husa, informa Efe. 

"Prohibirlo sería delito"

La Fundación Francisco Franco, no se dio por aludida, y respondió con otro comunicado también a última hora de la tarde manteniendo la cita: “El pasado mes de octubre se contrató con la empresa explotadora del Palacio de Congresos de Madrid la celebración de dicho evento el día 2 de diciembre, confirmándose dicha reserva por parte de la citada empresa. En contra de lo afirmado por el comunista Cayo Lara, no existe motivo legal alguno por el cual pudiera prohibirse la celebración de dicho almuerzo, y ni siquiera la Ley de Memoria Histórica contiene precepto alguno que pudiera amparar la prohibición de un acto de dichas características en un lugar público. Es más, la eventual prohibición de dicho acto constituiría un delito de discriminación por motivos ideológicos, por lo que entendemos que el acto se debe celebrar con normalidad, tal y como se realizó en el mes de julio de este año en el mismo lugar, una cena en conmemoración del 18 de julio”. En su web, la fundación mantenía la convocatoria, con fecha, lugar, hora y precio del cubierto: 30 euros por cabeza.

En esa misma web, Blas Piñar López firma un artículo orientativo sobre el espíritu de la convocatoria en el que asegura: “Franco está, a la vez, ausente y presente. Ausente porque concluyó su vida en el tiempo, y presente, aunque no le vemos ni oímos, porque, sin embargo, la verdadera memoria histórica, que es colectiva, nos lo hace cercano. (...) Entiendo que la memoria histórica auténtica (ante la dramática situación que vivimos y que como, además de la crisis económica, está descristianizando a nuestro pueblo, cambiando su mentalidad y sus conciencias y poniendo en juego la unidad de España) nos permite comparar la España que Franco configuró como una monarquía sin corona, con la España de la Transición, que es una corona sin contenido monárquico, como remate de un Estado antinacional”. Piñar lamenta la retirada del nombre del dictador de calles y lo que llama “el proceso liquidador de la obra de Franco”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de pedir al presidente Mariano Rajoy, que las víctimas del franquismo “dejen de pagar con sus impuestos la tumba del dictador”. “En países como Portugal o Italia las tumbas de sus dictadores son responsabilidad familiar y no son tratadas como un bien público”, denunciaron en un comunicado. “En España, la tumba de Franco, dentro del Valle de los Caídos, forma parte del patrimonio del Estado y se mantiene con fondos públicos a los que contribuyen los familiares de los 113.000 desaparecidos como consecuencia de la represión”.