La defensora del Pueblo trata de suavizar los recortes sin llegar al Constitucional

Los sindicatos, plataformas y grupos de la izquierda se quejan de que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no haya recurrido ante el Tribunal Constitucional los decretos más duros del Gobierno pero reconocen el nuevo estilo, cual es no limitarse a rechazar la petición. En efecto, la Defensora no va a recurrir el decreto de supresión de la paga extraordinaria de Navidad para funcionarios y empleados públicos, y el resto de medidas, pero ha elaborado un escrito al Gobierno en el que le hace una serie de recomendaciones para suavizar sus efectos, además de llamar la atención al Ejecutivo sobre “el uso inmoderado” de la fórmula del decreto. En lo que va de año, el Gobierno ha promulgado 26 decretos leyes, frente a siete leyes; es decir, las tramitadas por el Parlamento.

En los dos meses que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, lleva al frente de la institución, ha tenido que hacer frente a los efectos de la crisis económica y a las demandas de los sindicatos y los partidos de la izquierda parlamentaria. Los aspectos económicos de las quejas están bajo la jurisdicción del adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, exdiputado socialista durante muchos años, siempre al frente de las áreas de economía y presupuestaria, que ha estudiado los decretos gubernamentales en los que piden que se intervenga. “La tradición del Defensor del Pueblo es no presentar recursos ante el Tribunal Constitucional cuando otros actores lo piden”, dicen fuentes de la institución. Ahora bien, Becerril no quiere limitarse a rechazar las peticiones, sin más, sino que pretende “modular” aspectos que considera mejorables.

Así pide al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que pague a los funcionarios la parte de la paga de Navidad que correspondería al tiempo anterior a la promulgación del decreto, ya que es un derecho por el tiempo trabajado. El decreto se publicó el 15 de julio pasado, por lo que los funcionarios deberían recibir el equivalente a medio año de trabajo realizado. Más concreción pide la Defensora del Pueblo sobre cómo se compensará a los funcionarios de la paga que no van a recibir. La norma se refiere exclusivamente al ingreso de las cantidades que ahora no van a recibir en los planes de pensiones de los empleados públicos, pero la Defensora recuerda que no todos los funcionarios tienen ese producto bancario.

Muchas quejas han llegado a la institución sobre el endurecimiento de las condiciones para recibir la prestación de desempleo, además de la facilitad para perderla. Por ejemplo, una salida al extranjero lleva aparejada la pérdida de la prestación. Aunque hay seis supuestos en los que se permite viajar al extranjero, Becerril pide una mayor concreción sobre las circunstancias y los tiempos de permanencia fuera de España.

Este decreto, no obstante, está recurrido por el Parlamento de Navarra, al igual que la Reforma Laboral ha llegado también al alto Tribunal con las firmas de los diputados del PSOE y de Izquierda Unida. Aún así, en la oficina del Defensor del Pueblo se tienen serias dudas sobre la posibilidad de que prosperen los recursos contra la subida del IVA o incluso la supresión de la paga de Navidad de forma temporal. “Desde una perspectiva económica la subida del IVA puede tener efectos negativos perniciosos para el consumo pero eso no quiere decir que sea inconstitucional”, señalan en fuentes de la institución. Las dudas también afectan a la paga de los funcionarios. Si la supresión fuera definitiva, sí podría darse un caso de inconstitucionalidad, pero el Gobierno señala que cuando las circunstancias lo permitan se reintegrará la parte no entregada. Otra cosa es que haya muchas dudas sobre cuándo los funcionarios recuperarán la paga perdida.