Los empresarios presionan para que solo se exija un mejor sistema financiero

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acudirá hoy a La Moncloa arropado por la mayor parte de los agentes sociales catalanes para arrancar al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, el compromiso de negociar un nuevo pacto fiscal. Sin embargo, la manifestación del pasado 11 de septiembre ha matizado la posición de muchos de los apoyos con los que contaba. Estos ven con miedo que ambas partes acaben enrocándose y desencadenando un conflicto cuyas dimensiones todavía no pueden calibrar. Ahora Mas tiene detrás a patronales y sindicatos para negociar un nuevo sistema de financiación, pero no para ir más allá.

¿Cuál es la posición de los empresarios?

Las patronales catalanas, que han apoyado a Mas en su reivindicación del pacto fiscal, ven con preocupación una posible deriva independentista del Ejecutivo catalán. El pasado día 3, Fomento del Trabajo, la patronal catalana, decidió convocar un acto empresarial para el 18 de octubre para marcar el perfil del empresariado catalán. La decisión se tomó antes de la manifestación de la Diada, pero después de la trascendencia que alcanzó esta, el acto se ha convertido en una oportunidad para definir su postura ante los acontecimientos que se esperan en el futuro. Sobre todo, tras las presiones políticas que los empresarios están recibiendo desde la Generalitat. Ellos apuestan por un mercado único español y entienden que “una cosa es defender una financiación autonómica distinta y apoyar un pacto fiscal y otra muy diferente meterse en aventuras que no tienen hojas de ruta”, según dijo un dirigente patronal.

La cuestión catalana salió a relucir en el comité ejecutivo y en la junta directiva que la CEOE celebró ayer en Madrid. El presidente de Fomento, Joaquim Gay de Montellà, anunció el citado acto y explicó que se trata de subrayar el papel del empresario catalán sin la presencia de políticos. Reconoció la capacidad del Gobierno catalán de negociar derechos fiscales, a lo que algunas voces de otras territoriales le replicaron que no se puede hacer sin tener en cuenta también los de las demás comunidades. La misma preocupación surgió el martes en la reunión que tuvo el Consejo Empresarial de la Competitividad, que forman 17 empresas de primer nivel —entre ellas las catalanas La Caixa, Planeta, Mango y Havas—, con el presidente de la CEOE, el catalán Juan Rosell. La posición unánime fue de rechazo a la ruptura, respetando la capacidad negociadora en campos como la financiación autonómica.

Consciente de la preocupación en la patronal, Mas almorzó el martes con un grupo de empresarios —entre los que estaban representantes de Borges, Freixenet o Puig—, que le trasladaron su apoyo al pacto fiscal, pero le pidieron prudencia. Ayer la Cámara de Comercio de Barcelona y la patronal Pimec emitieron un comunicado en el que piden a ambos Ejecutivos un compromiso “claro e inequívoco” en relación con la apertura de un proceso de diálogo que culmine, en el marco de la “mutua colaboración”, en un nuevo pacto fiscal. También la junta del Círculo de Economía, el lobby empresarial que preside Josep Piqué y que ha sido la única institución que se ha desmarcado del concierto económico, se reunía anoche en un ágape. Y aunque la reunión de hoy no estaba en su orden del día, sus miembros admitían que esa cuestión no podía ser obviada.

¿Qué posición tienen los sindicatos?

CC OO y UGT no solo apoyaron el pacto fiscal, sino que también acudieron a la marcha del pasado 11 de septiembre. Ambos sindicatos, que han sido muy críticos con el Ejecutivo de Artur Mas por los recortes sociales, no rechazan que pueda celebrarse una consulta entre la ciudadanía, pero consideran que si el camino es la independencia todos los partidos políticos deberán hacerlo constar así primero en sus programas electorales, según explicaron fuentes de ambos sindicatos.

¿Qué es el pacto fiscal?

La propuesta que salió del Parlamento catalán el pasado julio consiste en la petición de un concierto económico similar al del País Vasco. La fórmula se basaría en una Agencia Tributaria Catalana —que ayer ya echó a andar con un acuerdo para crear una ventanilla única para los impuestos autonómicos y estatales— que recaude, gestione, inspeccione y liquide todos los tributos generados en Cataluña. Posteriormente, la Generalitat extendería dos cheques al Estado: uno para pagar los servicios prestados en la comunidad y otro para contribuir a la solidaridad territorial.