La financiación prende la mecha

El Gobierno de CiU ha agitado durante esta legislatura la bandera del ya de por sí apasionado debate de la financiación de Cataluña y del déficit fiscal, la diferencia entre lo que aportan y reciben sus ciudadanos al Estado. Y en época de recesión y recortes sociales, en los que la Generalitat se ha empleado a fondo, la mecha ha acabado prendiendo y arrastrando incluso a patronales y sindicatos —con notables excepciones como la del Círculo de Economía— hacia la reclamación del concierto económico. Los partidos nacionalistas, empezando por CiU, repiten machaconamente su estimación del déficit fiscal, de 16.500 millones de euros anuales, para poner coto a la solidaridad interterritorial y superar un modelo de financiación que, en su opinión, no ha dado los resultados que se esperaban.

El principal argumento del Ejecutivo catalán para rechazar el actual sistema de reparto de fondos entre comunidades, que debe renegociarse en 2013, es que Cataluña es la tercera comunidad con mayor capacidad fiscal, tras Madrid y Baleares y que, tras hacer su aportación a la solidaridad regional, baja hasta la octava posición en recursos fiscales disponibles, según los datos de las liquidaciones presupuestarias de 2010 del Ministerio de Hacienda. Y eso que, en su primer año de vida, el sistema pactado en 2009 por el exministro Pedro Solbes y el exconsejero Antoni Castells aportó al menos 1.986 millones más a las arcas catalanas.

Cataluña no es, sin embargo, la única comunidad castigada por el sistema. Baleares y Madrid pasan de la primera y segunda posición en recaudación a descender al noveno y décimo lugar en recursos finales, respectivamente. Los académicos observan, además, que el modelo de financiación adolece de arbitrariedad. Lo expone la catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona Núria Bosch en el penúltimo Informe sobre federalismo fiscal. Por ejemplo, mientras las tres comunidades más ricas caen drásticamente de posición tras realizar su aportación a la solidaridad, tres autonomías que también están por encima de la media como Asturias, La Rioja y Cantabria reciben todavía más recursos y adelantan a las tres primeras regiones.

Cataluña es el segundo territorio con mayor déficit fiscal del Estado

A partir de ahí, la Generalitat da un salto con el que no todos los partidos y académicos están de acuerdo: para reducir el déficit fiscal de Cataluña basta con cambiar de modelo de financiación. Los detractores de esa teoría sostienen que el saldo fiscal es la diferencia entre lo que la Administración central aporta en un territorio a través de los impuestos y lo que luego gasta en esa comunidad. Y ahí, recuerdan, no solo interviene el modelo financiación, sino también la inversión en infraestructuras, la financiación local o las prestaciones sociales.

Las últimas balanzas fiscales elaboradas por el Gobierno central, publicadas en 2008, correspondían al ejercicio 2005. Se calcularon de acuerdo con dos métodos: el de flujo monetario, que imputa los gastos del Estado en la comunidad donde se realizan —por ejemplo, una estación del AVE en Zaragoza debe computar allí por la actividad comercial que genera en la zona—, y el de carga-beneficio, que trata de medir el impacto del sector público en el bienestar de los residentes de un territorio —es decir, esa estación no solo beneficia a Zaragoza, sino que forma parte de una infraestructura que usan ciudadanos de varias comunidades—. Con el primer método, Cataluña era en 2005 la segunda comunidad con mayor déficit —detrás de Baleares—, del 8,7% del producto interior bruto (PIB), mientras que el segundo arrojaba un déficit del 6,55% del PIB, solo inferior al de Madrid y Baleares.

Si bien el Gobierno central no ha seguido publicando las balanzas fiscales, la Generalitat sí lo ha hecho. El Departamento de Economía, dirigido por Andreu Mas-Colell, estimó el déficit fiscal de 2009 en 16.409 millones de euros, de acuerdo con el método del flujo monetario y eliminando el efecto crisis, lo cual no le ahorró críticas del PSC y el PP. Siempre según los datos del Gobierno catalán, sin eliminar el impacto de la crisis, el saldo fiscal sería de un déficit de 791 millones, el 0,4% del PIB, lo cual se explica sobre todo por el aumento de las prestaciones de desempleo que destina el Estado a ciudadanos catalanes. El método de carga-beneficio sin neutralizar incluso arrojaba un superávit de 4.015 millones, correspondiente al 2,1% del PIB. El Ejecutivo catalán, sin embargo, prefirió obviar ese método. Y eso que la serie histórica elaborada por los sucesivos ejecutivos de Cataluña no hace variar demasiado los resultados y arroja un déficit fiscal medio del 8% en el periodo comprendido entre 1986 y 2009.

Todas esas cifras, sin embargo, son vistas con recelo por el Ministerio de Hacienda, que también rechaza otros argumentos de CiU, como el que reza que la subida de impuestos supondrá que siga creciendo el déficit fiscal. Es más, el ministro Cristóbal Montoro ha despachado las reclamaciones de Mas afeando a la Generalitat que el Gobierno está ayudando a Cataluña a financiarse.

La Generalitat dice que aporta 16.500 millones más de lo que recibe

El Ejecutivo de CiU, no obstante, exhibe todos esos datos cuando, asfixiado por la deuda, ha pedido el rescate al Gobierno. En un momento de tensión social, la formación nacionalista se ha empleado a fondo para que cale el mensaje de que sin déficit fiscal no habría recortes sociales. Por ello, trató de plantear el 11 de septiembre como una jornada para apoyar su propuesta de pacto fiscal, apoyada por ERC e ICV en el Parlament, que tiene como fin hacerse con la “llave de la caja” de los impuestos.