El Gobierno no da fecha para el rescate

El Gobierno no se atreve aún a dar una fecha clara para la aprobación definitiva del fondo de rescate. Se trabaja a tope para tenerlo listo cuanto antes, explican fuentes del ministerio de Hacienda, pero la complicación técnica es importante y faltan varias cosas por resolver. Algunas comunidades trasladan una gran ansiedad por recibir los fondos. Desde el Gobierno se explica que se están estudiando anticipos a varias de ellas para hacer frente a los problemas de liquidez mientras el fondo no está aún disponible.

Cristóbal Montoro, principal responsable de este mecanismo —aunque Luis de Guindos, como máximo responsable del Tesoro que debe aportar parte de los fondos, también tiene algo que decir— se enfrenta a un sudoku complejo. El dinero saldrá en parte de Loterías (6.000 millones), en parte de préstamos de los bancos (8.000) y en parte del Tesoro. Y cada uno de ellos lleva sus complicaciones técnicas y sus negociaciones, en especial con los bancos. El Gobierno teme que los tipos de interés sean elevados, tal y como está el mercado. La prima de riesgo, la gran obsesión de Mariano Rajoy, influye sobre todas las decisiones, también esta. Por eso todo el Gobierno espera con ansiedad la reunión del BCE del jueves y la visita de Angela Merkel a Madrid, por ver si ya se avanza hacia el nuevo rescate y se logra bajar esa prima que está complicando todas las cifras del Gobierno, ya que ha aumentado este año casi en un 100% el coste de financiación.

Hay más problemas técnicos, y políticos. Los servicios jurídicos del Estado han descubierto que la nueva ley de estabilidad, una de las más publicitadas por el Ejecutivo, aprobada en febrero, tiene un apartado que hace inviable el fondo de rescate, porque prohíbe que el Estado avale deudas de las comunidades autónomas. Por eso el PP aprobó ayer, con la oposición de todos los demás grupos, y la indignación de CiU e IU-ICV, una tramitación ultrarápida —en lectura única— de una reforma de la ley de estabilidad para cambiar esa prohibición y permitir que sea viable jurídicamente el fondo. Por muy rápido que sea, tardará casi tres semanas.

Además, el Gobierno quiere fijar los mecanismos y negociar políticamente con las autonomías para garantizar que a cambio de esa ayuda cumplen con sus recortes. Con todo, es difícil que llegue antes de octubre. Pero el Ejecutivo insiste: las cosas están complicadas, pero el Estado adelantará dinero y ayudará a las comunidades, no dejará caer a nadie.