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Andalucía se ve abocada al rescate ante el cierre del crédito bancario

Andalucía sugiere que pedirá la ayuda ante la imposibilidad de obtener crédito

La Comunidad Valenciana solicita 4.500 millones, mil millones más de lo que dijo

El presidente valenciano, Alberto Fabra (segundo por la derecha), ayer durante una visita a la refinería BP de Castellón.
El presidente valenciano, Alberto Fabra (segundo por la derecha), ayer durante una visita a la refinería BP de Castellón.

Solo dos días después de que Cataluña, la comunidad más endeudada de España, pusiera cifras a su rescate —5.023 millones de euros que pide con urgencia al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) habilitado por el Gobierno central—, la Comunidad Valenciana cuantificó ayer el suyo: 4.500 millones, mil millones más de lo que había dicho hace apenas un mes. Y la autonomía más poblada, Andalucía, sugirió que también acudirá a ese fondo estatal empujada por los bancos, que han cerrado el grifo de los créditos. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, afirmó que las entidades financieras “ya no están por las emisiones de deuda, sino por el fondo”, que va camino de convertirse en la única salida para conseguir financiación, y reclamó que el reparto de ese dinero sea ordenado y no se convierta en una carrera entre las comunidades, “a ver quién pide más o quién lo pide primero”. “Es un fondo que está para todos y que ha de repartirse equitativamente”, subrayó.

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un fondo de rescate doméstico —pero vigilado de cerca por Bruselas— que teóricamente echará a andar en septiembre, está dotado con 18.000 millones; las peticiones de Cataluña y Comunidad Valenciana suman ya más de la mitad de ese monto, y varias comunidades admiten que estudian acogerse también al paraguas estatal. Aun así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizó que habrá dinero para todas las que pidan ayuda.

El dinero del fondo lo ponen Loterías del Estado (que aporta 6.000 millones, para lo que tendrá que pedir, a su vez, un crédito), el Tesoro (4.000 millones) y, sobre todo, los bancos, es decir, otro crédito (8.000 millones).

Andalucía no consigue colocar en el mercado la deuda que tiene autorizada, y la falta de liquidez es acuciante. Tanto el presidente como, más tarde, fuentes del Gobierno andaluz explicaron que, como los bancos ya participan en el FLA, prefieren que sea ese el mecanismo de financiación autonómica, y la consecuencia es que han dejado de dar créditos directamente a las autonomías. Al menos a la andaluza.

Las entidades financieras consultadas por EL PAÍS coinciden en que su interés no es “cerrar el grifo a las comunidades para que tengan dificultades”, pero admiten que cada vez es más difícil conceder nuevos préstamos. Primero, porque ya les han prestado mucho dinero durante los cuatro años de crisis y no pueden “concentrar tanto riesgo”; el Banco de España, recuerdan, les ha advertido varias veces de que no pueden sobrepasar el límite de riesgo. Y, por otro lado, porque la creación del Fondo de Liquidez Autonómico ha cambiado las cosas. “Es más lógico que prefiramos prestar al FLA, que tiene garantía del Estado, en lugar de a una autonomía, cuya solvencia puede ser más baja”, explican estas fuentes. Algunos bancos tienen, además, una sospecha: que el Gobierno prefiere que el sector financiero preste a las comunidades a través del FLA para que estas estén bajo su control en la consecución del déficit, “el gran asunto de fondo”.

Ni el socialista Griñán ni su vicepresidente, Diego Valderas (IU), confirmaron que Andalucía vaya a acudir al fondo de rescate, pero ambos dejaron caer que esa parece la única opción. “El problema no es el vencimiento o no de la deuda, sino que las entidades financieras están financiando el fondo y te derivan a él. Tenemos emisiones autorizadas de deuda, pero el problema es si podemos colocarlas en el mercado o solo en el Fondo de Liquidez”, señaló Griñán. Y añadió: “Andalucía, cuando llegue el momento, si ha de solicitarlo, lo solicitará [el rescate], pero siempre con entendimiento para no quedarnos sin recursos”. El presidente andaluz aprovechó para volver a reclamar a Rajoy que convoque la Conferencia de Presidentes en septiembre.

Las comunidades autónomas tienen que hacer frente antes de que acabe el año a vencimientos de deuda (préstamos que tienen que devolver) por cerca de 12.000 millones de euros; Cataluña, por ejemplo, tiene vencimientos por más de 4.796 millones; Andalucía, por 679 millones, y la Comunidad Valenciana debe devolver antes de fin de año 2.672 millones, según los Planes Económicos Financieros que todas las autonomías han enviado al Ministerio de Hacienda. Pero, además, si quieren cumplir con el tope de déficit del 1,5% que les ha marcado el Ejecutivo central deberán pedir nuevos préstamos por valor de varios miles de millones más. El dinero del FLA se puede usar para pagar “los vencimientos de la deuda pública” y “las cantidades adicionales necesarias para financiar su endeudamiento” (no para nuevas inversiones o gasto público).

La obsesión de las comunidades es que, si piden dinero al FLA, eso no comporte condiciones, económicas o políticas; pero es casi imposible que no las comporte. De hecho, a pesar de que el FLA es un fondo creado por España y no por la UE, la Comisión Europea subrayó este miércoles que acceder a ese fondo debe implicar “estrictas condiciones presupuestarias”, y reclamó “contundentes medidas” a las autonomías.

Mientras Andalucía aún medita si acude o no al FLA, la Comunidad Valenciana no solo ratificó ayer su petición de dinero al fondo estatal sino que engordó considerablemente la cifra apuntada a finales de julio. El presidente Alberto Fabra (PP) anunció que pedirá más de mil millones extra al Fondo de Liquidez Autonómico: esto es, 4.500 millones y no los 3.500 que había dicho que necesitaría (aunque apuntó que la cifra final dependerá de cuánto dinero pidan el resto de comunidades).

Fabra afirmó que el fondo “es una garantía para obtener el dinero a través de la emisión de deuda en las mejores condiciones”. “En nuestro caso, solo la emisión de deuda supone 1.600 millones y los vencimientos hasta fin de año son 2.000 millones [en realidad, 2.672, según su Plan Económico Financiero]; eso hace la cantidad superior a los 3.500 millones”, dijo en Castellón tras una visita a la planta de BP Oil. Y explicó de dónde salen los mil millones extra que reclama: “Hay una cantidad que no estaba contemplada en el plan de pago a proveedores [del Gobierno central], como es el tema de conciertos con ayuntamientos, subvenciones y ayudas, y queremos contar con que el Gobierno nos dé la posibilidad de ponernos al día con esas instituciones, colectivos o asociaciones para poder afrontar el pago de lo que les adeudamos”.

Es decir, que la Comunidad Valenciana intentará que el FLA no solo financie deuda, sino también ciertos pagos a proveedores y subvenciones. El presidente valenciano urgió además al Ejecutivo a dar cuanto antes un adelanto para poder realizar esos pagos. “Estamos dejando de atender necesidades comprometidas ya no solo con los farmacéuticos, también con otros colectivos. Hasta que no se formalice el Fondo de Liquidez necesitamos que el Gobierno nos ayude y nos dé un anticipo”, reclamó.

Hasta ahora, por tanto, son tres las comunidades que han anunciado oficialmente que acudirán al FLA —además de la valenciana y Cataluña lo hará Murcia, que pedirá unos 300 millones—. Pero Andalucía parece abocada a pedirlo también, y varias comunidades más han dejado caer que contemplan esa posibilidad. La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal (PP), afirmó ayer que, aunque no lo ha decidido aún, “no habría ningún problema” si finalmente lo pide, porque acudir a ese fondo “no tiene que verse de una forma negativa” ni “crear alarma”. El Gobierno castellano-leonés (PP) señaló que el asunto “no está en la agenda” pero que cuando tenga que colocar deuda lo hará donde le ofrezcan “las mejores condiciones”; y el de Canarias (CC) coincidió en esa idea: “¡Pues claro que sí!”, respondió el consejero canario de Economía, Javier González, cuando le preguntaron si acudiría al rescate si el Estado le ofrece mejores condiciones que los bancos.

Con información de Raúl Limón, Lorena Ortega e Íñigo de Barrón.