La ONU no obliga a suprimir el supuesto de malformación fetal

Cuando Alberto Ruiz-Gallardón anunció este verano que, con la nueva ley, la malformación o minusvalía del feto dejará de ser un supuesto legal para poder abortar, alegó que modificaría esa parte de la ley por convicción pero también porque la ONU le “obliga” a hacerlo. Explicó que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España suscribió en 2008, emitió un informe a finales de 2011 en el que “obliga” a suprimir el supuesto de aborto por malformación, porque lo considera una forma de discriminación de las personas discapacitadas.

En realidad, el informe de la ONU, de octubre de 2011, no “obliga” a España: solo le “recomienda” que “suprima la distinción en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente”.

Fuentes del Ministerio de Justicia interpretan, sin embargo, que las “recomendaciones” del informe sí suponen una “vinculación jurídica para España”. “Es cierto que no es como una directiva de la UE, que hay que aplicarla y punto. Esto es una convención de la ONU, no hay previsto un mecanismo de sanción. Pero, si España la ha firmado, de alguna manera se está comprometiendo a aplicarla. Y lo que dice el informe es que, para cumplir lo que firmó, el Gobierno debe hacer esos cambios en su legislación que se recomiendan”, afirma un alto cargo del ministerio. Recuerda, además, que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) insiste desde hace tiempo en esa misma línea.

El informe de la ONU, en todo caso, no solo no contiene una obligación tajante sino que lo que viene a decir es que los plazos para abortar un feto sano y uno con malformación deben ser iguales, para evitar discriminación. Eso podría cumplirse eliminando el supuesto de malformación pero también haciendo lo contrario: elevando los plazos de todos los supuestos hasta equipararlos al de la malformación (22 semanas actualmente). Es decir, ampliando en la práctica la ley de plazos actual. En eso no se mete la ONU.

El informe incluye además otras “recomendaciones” que implicarían cambios de leyes españolas y que el Gobierno no ha dicho por el momento que vaya a asumir. La ONU, por ejemplo, pide a España que asegure la “participación activa” de personas discapacitadas en ámbitos de “adopción de decisiones a nivel regional”; que los discapacitados dejen de necesitar el consentimiento de un tutor para decidir sobre el tratamiento médico y que suprima la posibilidad de esterilización forzosa de los discapacitados —esto sí ha dicho Justicia que lo hará—.

También recomienda que el Estado destine “recursos suficientes para garantizar” los servicios de asistencia a dependientes y que incluso los “amplíe” para lograr que se dote de “asistentes personales a todas las personas con discapacidad”. El Gobierno, muy al contrario, acaba de recortar la ayuda a la dependencia (como prácticamente todas las partidas de gasto público) y ha paralizado temporalmente el acceso de nuevos dependientes al sistema.