Andalucía investiga la corrupción

Lo ideal será contar con respuestas concisas que arrojen luz sobre una década de oscura gestión. Sin embargo, el reto es difícil de lograr. La callada por respuesta o circunloquios que no aten cabos será previsiblemente una salida muy transitada. A partir de mañana, los responsables del caso de los ERE comparecerán en la comisión del Parlamento andaluz sobre el escándalo.

La subvención de ERE durante 10 años (2001-2010) por parte de la Junta de Andalucía devino en un fraude con lucro de altos cargos, empresarios, intermediarios, aseguradores, falsos afectados y sindicalistas. Todos sacaron tajada de la época de vacas gordas con un fondo que costó 1.217 millones, entregado de manera arbitraria y con descontrol, según ha denunciado la Guardia Civil.

Entre ambos extremos (el silencio y los testimonios esquivos) desde mañana la comisión parlamentaria persigue la verdad para determinar las responsabilidades políticas, al margen de las penales que indaga la juez Mercedes Alaya. La irrupción de Izquierda Unida como socio de coalición del PSOE en la Junta ha permitido la comisión después de 17 años de negativas de los socialistas a cualquier intento para indagar escándalos en el parlamento andaluz. Para el PP, la comisión está descafeinada después de que propusieran 135 comparecientes y la comisión solo admitiera 25. Mientras, PSOE e IU dejan la puerta abierta a más comparecencias en una ronda posterior. “Es más que probable”, augura el presidente de la comisión, Ignacio García, designado por IU, árbitro en una Cámara compuesta por 50 diputados del PP, 47 del PSOE y 12 de IU.

De momento, a la espera de que haya acuerdo para ampliar las comparecencias, desde mañana y hasta el 31 de agosto acudirán ante la comisión 25 personas, de las cuales 20 son políticos y solo cinco técnicos que puedan aclarar el meollo del complejo sistema que permitió el fraude a través de las aseguradoras y las consultoras. Bien es cierto que el objetivo de la comisión, como en otros casos (11-M, accidente del metro en Valencia, etc.) es depurar responsabilidades políticas. Y no las responsabilidades penales (muy numerosas a tenor de los indicios), tal y como recuerdan con insistencia sus responsables.

¿Y hasta dónde alcanza la responsabilidad política? Existe cierto consenso sobre que atañe a la actuación propia del cargo electo, la elección de sus subordinados (in eligendo) y finalmente el control sobre la actuación de estos últimos (in vigilando). Es obvio que en este caso falló la vigilancia sobre el destino de los fondos públicos. Otra historia es hasta qué nivel político alcanzó el conocimiento del fraude y la responsabilidad sobre esa aparente dejación de funciones.

El fondo que dio lugar al fraude ha costado a la Junta 1.217 millones

Las comparecencias serán abiertas a los medios de comunicación y retransmitidas por Internet. En la lista de citados figura el presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, su antecesor Manuel Chaves, el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y el expresidente del PP andaluz y exministro Javier Arenas. Además, habrá una decena de imputados que previsiblemente guardarán silencio al alegar que hay un juzgado investigando el caso, como el exdiputado socialista Ramón Díaz o el ex director general Juan Márquez. Mientras, otros tantos de momento no han sido llamados a declarar, como consultores, intermediarios y empresarios que podrían detallar las tripas de la fórmula que permitió el desvío de fondos públicos. Entre ellos el exconcejal socialista José Enrique Rosendo (cuyas empresas percibieron 15 millones, según la juez) o el consultor Antonio Albarracín, acusado por otro imputado de pagar sobornos en sobres al ex alto cargo que autorizó la inmensa mayoría de las ayudas, Javier Guerrero.

Mientras este verano la juez Alaya ha decidido ampliar la investigación desde 2010 hasta la actualidad, la comisión ha recopilado en julio informes de expertos y datos del fondo para empresas en crisis suministrados por la Junta. Tras las comparecencias, las conclusiones no se esperan antes de octubre. Los populares han sido los más activos y han cursado 91 peticiones de documentación.

Pero será necesario un gran ejercicio de síntesis para poder asimilar la ingente causa, que ya acumula más de 350.000 folios. Y ese ejercicio deberán aplicarlo con tesón los diputados para lograr que Guerrero resuma su actuación de 10 años en solo tres horas de comparecencia.

El parlamento ha fijado 25 comparecencias en apenas dos semanas

“Lo importante es dirimir una actuación no adecuada para que no vuelva a suceder”, sostiene Antonia Moro, portavoz del PSOE en la comisión. Carlos Rojas, del PP, acusa a la cúpula del Gobierno andaluz de estar al tanto del fraude, pese a que lo ha negado en repetidas ocasiones: “La responsabilidad está tocando la puerta de Chaves y Griñán”.

El problema que afronta la comisión es que para dirimir las responsabilidades políticas, asuntos clave como la legalidad del fondo, cuestionada en la instrucción, están a la espera de sentencia. “Es imposible que nadie investigue más que la juez, que cuenta con ayuda de la Agencia Tributaria, la Intervención General y la Guardia Civil. Entonces, ¿cómo puede la comisión ver la responsabilidad política sin posicionarse sobre si el procedimiento era irregular?”, plantean fuentes del caso.